Todo nuestro apoyo a Jaume Asens, Benet Salellas y Gonzalo Boyé
No ha transcurrido ni una semana desde los atroces atentados de Catalunya y leemos en ciertos medios entradas que pretenden hacerse pasar por noticias que informan de que nuestro compañero «Jaume Asens, teniente alcalde de Barcelona, logró que el Supremo absolviera en 2011 al líder espiritual del imán de Ripoll«. Algunos de estos artículos también han atacado a Benet Salellas (abogado y diputado de la CUP) y, en menor medida, a Gonzalo Boyé (abogado y editor de la revista Mongolia), por defender a «presuntos yihadistas» en distintos procedimientos penales.
Horas después, algunos partidos políticos se han subido al carro y una portavoz de Ciutadans, Carina Mejías, ha tachado de «éticamente reprobable» que Jaume defendiera en 2009 a Mohammed Mrabet. El PP se ha sumado a estas declaraciones a través de las palabras de Alberto Fernández Díaz, que ha anunciado que pedirá explicaciones al compañero y que ve incompatibilidades de tipo «político y ético» para ostentar su cargo, si bien ha reconocido que no existe ninguna incompatibilidad jurídica.
Hemos coincidido con los tres compañeros en procedimientos penales (sobre todo con Benet) y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son excelentes profesionales y personas. Gozan de nuestra admiración, respeto y – por qué no decirlo -, cariño. Pero dejemos claro que ésta no es la razón por la que les defendemos. Podrían caernos mal, podrían ser terribles seres humanos, y aún así acudiríamos en su defensa, por la sencilla razón de que es intolerable atacar a una abogada o a un abogado por ejercer el derecho de defensa es un asalto frontal a nuestros derechos fundamentales.
El derecho de defensa es la oportunidad que tenemos de defendernos ante los tribunales de justicia de los cargos de los que nos imputan o acusan con plenas garantías de igualdad e independencia. Sin defensa no hay proceso justo, y sin proceso justo actuamos con la misma aleatoriedad con la que lo hace la barbarie terrorista. Al ejercer este derecho, defendemos los derechos de todas las ciudadanas. «Sin derecho a la defensa no hay justicia y sin justicia no puede haber Estado de Derecho«, ha publicado el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en un comunicado escrito en coordinación con el Consell de l’Advocacia Catalana y el Consejo General de la Abogacía Española sobre el derecho de defensa:
Ante algunas manifestaciones publicadas por algunos medios de comunicación, que resultan confusas hacia el ejercicio de la profesión de abogado/a, el Consejo General de la Abogacía Española, en coordinación con el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Abogados de Girona, manifiesta que:
La Justicia es uno de los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico.
El pilar fundamental de un Estado de Derecho es el Derecho de Defensa. La Abogacía, desde la máxima independencia, defiende los intereses de todos los ciudadanos.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la profesión de abogado/a se configura como uno de sus pilares básicos, dado que, a través de la misma, se articula en buena medida el derecho fundamental de defensa que consagra el artículo 24 de la Constitución Española.
Sin derecho de defensa no hay justicia y sin justicia no puede haber Estado de Derecho.
En la independencia del ejercicio de su profesión, los abogados y las abogadas, al defender los derechos y libertades de sus clientes, prestamos un importante servicio a la sociedad garantizando el ejercicio del derecho de defensa y contribuyendo con ello a la justicia y a la paz social.
La Abogacía siempre velará porque los principios fundamentales de la profesión: la independencia, la libertad, la dignidad y la integridad, sean respetados.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación Libre de Abogadas y Abogados en un comunicado hecho público en el día de hoy:
«Dichos titulares, y el contenido de los artículos, al identificar a los abogados con algunos de los muchos clientes a los que han defendido, suponen no solo una ataque furibundo a los compañeros mencionados en los mismos, sino a toda la profesión de la abogacía, además de hacer un uso oportunista y vil de los terribles atentados acontecidos en Catalunya.»
Atacar a nuestros compañeros en un momento en el que se respira tanto dolor colectivo es un acto de mezquindad colosal, y no entender en qué consiste el derecho de defensa demuestra una escasa cultura democrática.
RED JURÍDICA