201605.29
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CNT pide la nulidad de los despidos en Cemusa

Por Youssef Ouled para el periódico Diagonal

El pasado 18 de mayo, la sección sindical de la CNT Cemusa con el apoyo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO presentó ante la sala social de la Audiencia Nacional la impugnación del despido colectivo que Cemusa, empresa encargada del mantenimiento de las marquesinas publicitarias en varios ayuntamientos del Estado español, formalizó el pasado mes de abril, tres meses después de ser adquirida por su principal competidora (JC Decaux). Un despido colectivo que afectaba a 245 trabajadores de los 309 del total, es decir, un 85% de la plantilla. y que salió adelante tras la firma del acuerdo con la mayoría de la comisión negociadora representada por UGT.

Una demanda de impugnación contra JC Decaux y Cemusa que solicita la nulidad del despido colectivo, motivada por vulnerar el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores. Según el escrito, la empresa compensó los efectos de la huelga al cambiar la forma y tiempos de producción y al recurrir a personal externo. También modificó los horarios y turnos e impidió el acceso al centro de trabajo del comité de huelga cuando pretendía comprobar si se estaba pudiendo ejercer el derecho a huelga.

También se denuncia a la empresa por haber atentado contra el derecho de libertad sindical, por irregularidades en la conformación de la mesa de negociaciones de la que no se les informó ni llamó a los trabajadores ni a sus representantes, en la que no participó tampoco el grupo empresarial. El convenio colectivo del sector otorga el derecho a toda la información y a tener voz en la mesa.

Por ello, CNT exige la nulidad por la carencia de información y documentación del grupo empresarial, por mala fe en la negociación al esconder la verdadera intención del ERE, que según la central anarcosindicalista no detalla causas objetivas en la justificación del despido.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Diagonal, se recoge que “se ha vulnerado el contenido esencial de la libertad sindical antes del procedimiento de despido, durante  el mismo e incluso después pues ninguna comunicación, ni información se nos ha facilitado”, lo que ha obligado a la sección sindical a conseguir la información a través de los abogados para redactar la demanda, cuando el despido colectivo ya era un hecho. En la misma explican que la estrategia legal de la compañía se explica por su dedicación “al sector de la publicidad y sus negocios se obtienen con pliegos administrativos en los que el cambio de titularidad está muy vigilado para no burlar las normas que regulan los contratos públicos”.

El ERE promovido por Cemusa respondía a causas “económicas, organizativas y productivas”, según la empresa. Sin embargo, en la demanda presentada por los sindicatos se denuncia que “el grupo es tan solvente que quiere pactar indemnizaciones altas, recolocaciones y recontrataciones a gran parte de la plantilla”.

Por ello, el comité de empresa determina que se trata de una operación fraudulenta que “evita las consecuencias legales que dichas decisiones deberían tener conforme a la ley si no se le aplicase la regulación excepcional del despido colectivo”. Es decir, que lo que pretende JC Decaux es que “el grupo Cemusa sea el soporte “fantasma” que mantiene esos contratos, pero que sean otras filiales las que trabajen en el contenido prestacional que la misma tiene comprometidas”.

Según los demandantes, la multinacional francesa realiza un ERE que afecta al 85% de los trabajadores, a la vez que recoloca a 114 de ellos en empresas del mismo grupo para seguir haciendo exactamente el mismo trabajo por menos dinero. Por estas razones entienden que el ERE es nulo y subsidiariamente improcedente.

JC Decaux adquiere Cemusa

Cemusa es una empresa de mobiliario urbano y publicidad exterior encargada de los espacios publicitarios de muchas ciudades españolas, ayuntamientos y aeropuertos. Fuecomprada en noviembre del 2015 por su principal competidora, el holding multinacional francés JC Decaux, líder mundial en este ámbito. Una transacción acordada en marzo de 2014 que se cerró por 80 millones de euros.

En marzo de 2016 la multinacional anunció un ERE para Cemusa que afectaría a un 85% de la plantilla, a pesar de que JC Decaux adquirió y mantuvo todos los contratos de Cemusa, por lo que necesitará personas para implementar esta labor.

Cemusa, dedicada a explotar los espacios para la publicidad, paga a los ayuntamientos un canon y ponen mobiliario urbano donde se exhiben, equipamiento que la firma se encarga de mantener y limpiar. A su vez, las empresas que contratan estos espacios para sus anuncios pagan a Cemusa.

La celeridad del ERE y las razones expuestas para ajustarse a la realidad económica de una empresa que lleva 30 años en funciones no convencieron a los trabajadores y sindicatos. Una firma que hasta 2016 era líder en publicidad exterior, además de contar con presencia en 160 municipios de cinco países: España, Estados Unidos, Brasil, Portugal e Italia.

Fuentes sindicales critican que en lugar de negociar los cánones con los ayuntamientos y entidades con las que trabaja, desde la multinacional francesa se decidió apostar por la destrucción de empleo. “La estrategia de la multinacional consiste en despedir a la plantilla para después subcontratarla” comentan desde Red Jurídica, el despacho que redactó el recurso, en un video que explica de forma resumida los sucesos acaecidos con Cemusa en los últimos meses.

Despedir para subcontratar

La solución de JC Decaux es mantener esos contratos porque está obligada, “quiere vaciar la empresa de trabajadores y subcontratarlos con empresas de su mismo grupo, pagando mucho menos”, explica a Diagonal Juan Rubiño Mira, abogado de Red Jurídica Cooperativa. Por este motivo, añade, “han ofrecido recolocar a 114 trabajadores en sus propias empresas, no les sobran trabajadores, quieren pagarles menos dinero simplemente”, comenta.

La última oferta de Cemusa a los trabajadores consistía en un despido directo de 131 personas (un 42% de la plantilla), mientras se recolocaría a 114 en otras empresas del grupo. Recolocación que vendría precedida de una pérdida de derechos y garantías en la permanencia de sus puestos. Además, los integrantes de la plantilla que no se adscriban voluntariamente percibirían la indemnización mínima marcada por ley, 20 días por año con un máximo de 12 meses.

Según el acuerdo todos los trabajadores afectados que tengan 57 años o más cumplidos antes del próximo 31 de diciembre y que cuenten con una antigüedad de, al menos, 10 años podrán adscribirse voluntariamente a un plan de prejubilación. La empresa se hace cargo de las cuotas hasta que el trabajador tenga 61 años, convirtiéndose en una obligación del trabajador el pago de tales cuotas desde los 61 años hasta su jubilación. Algo que la empresa debe cumplir por imperativo legal, según el convenio entre la empresa y los trabajadores.

El sindicato CNT acordó no aceptar el acuerdo por resultar lesivo, al considerar que se trata de un ERE que obliga a los empleados a renunciar a su antigüedad, su categoría profesional y a la indemnización por despido para volver a ser contratados. Por todo ello denuncian un ERE que consideran ilegal.

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