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Cómo se monta un grupo terrorista

Compartimos a continuación una serie de artículos (y vídeos) publicados en El País sobre el caso de la Operación Ice, instruido en la Audiencia Nacional desde el año 2015. Los dos primeros son artículos del periodista Íñigo Domínguez desgranando el procedimientos y las pruebas y diligencias practicadas hasta la fecha. El último es una reflexión de Soledad Gallego-Díaz que termina concluyendo que “se pretende castigar hoy con severas penas de cárcel a un grupo de anarquistas veganos, basándose fundamentalmente en sus opiniones y mensajes distribuidos por redes sociales“.

Cómo se monta un grupo terrorista: Una acusación de terrorismo basada en productos de limpieza y una pintada

En 2015 fue arrestado un comando anarquista y uno de sus miembros lleva más de un año en prisión, pero todo se apoya en la polémica formulación del delito y en pruebas dudosas

Por Íñigo Domínguez el 18 de diciembre de 2016

Una nota de prensa del Cuerpo Nacional de Policía informó el 5 de noviembre de 2015 de la Operación Ice, el arresto en Madrid de seis jóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista y vegano, que rechazaba las drogas y el alcohol, llamado Straight Edge. Su siglas, SXE. Decía que habían atacado sucursales bancarias y que tenían material para fabricar explosivos. El caso luego cayó en el olvido y la situación hoy es la siguiente: uno de ellos, Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, 26 años, sigue en prisión en el régimen más duro, como presunto terrorista; se le aplica la dispersión, ha pasado ya por cinco centros penitenciarios y ha sido denegada su libertad cuatro veces; están todos a la espera de juicio y de petición fiscal, que con cuatro graves delitos asociados al terrorismo pueden llegar a sumar penas mínimas de 35 años. Pero, sobre todo, la lectura del sumario siembra muchas dudas acerca de la base de las acusaciones, los ataques a bancos.

Que surjan nuevos y misteriosos grupos terroristas en España es algo relevante, pero analizar en qué consiste exactamente esta nueva amenaza resulta muy desconcertante: vuelve a cuestionar lo que se engloba dentro del delito de terrorismo. Este debate ha surgido ya con el caso de la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, pero este asunto es aún más llamativo y ha pasado muy inadvertido. La juez que ha instruido el caso es la misma, Carmen Lamela.

El hecho violento que se atribuye a los detenidos es la quema de dos sucursales bancarias en 2013 y 2015 en Madrid, aunque en el sumario no hay ni una sola prueba de su participación directa. El hecho de que apareciera en el lugar una pintada del grupo dos semanas antes, que colgaran en las redes sociales fotos de bancos con llamamientos a sabotearlos y que uno de los detenidos viva cerca de allí, llevó a los agentes a “la convicción” de que habían sido ellos. Eso se ha unido en la argumentación a que su ideología, sus proclamas en Twitter y Facebook contra la autoridad y los bancos, así como varios vídeos que publicaron en YouTube, pretenden “subvertir el orden constitucional”. La unión de estos dos elementos, con la ley actual en la mano y una interpretación muy amplia, ya permite hablar de un acto terrorista, según el juez que lo interprete.

El material para explosivos hallado en los registros se compone de botes de humo, bengalas y petardos, “productos industriales de libre comercialización”, según concluye el informe policial. Si  bien señala que la pólvora que contiene, “confinada en el recipiente adecuado tiene comportamiento explosivo” en un artefacto de fabricación casera. En todo caso no se atribuye a este grupo la colocación de ninguno. Las sustancias confiscadas resultaron ser de cocina y limpieza, y “no son idóneas por sí solas para la elaboración de artefactos explosivos o incendiarios”, aunque los peritos señalan que podrían ser manipuladas para fabricar “bombas de humo”.

En contra de los acusados, y sobre todo del que continúa en prisión, han pesado también argumentos como que simpatizan con el movimiento okupa y que han participado en manifestaciones como Rodea el Congreso y Marcha por la Dignidad. Bustamante había sido detenido en tres ocasiones, acusado de participar en altercados en estas movilizaciones.

Straight Edge, algo así como camino recto, es una tendencia que nace en Estados Unidos en los setenta y toma nombre de una canción con ese título de un grupo de hardcore punk de los ochenta llamado Minor Threat. Nace en los círculos punks y anarquistas como respuesta al abuso de alcohol y drogas predominantes en ese mundo. “La libertad no se fuma, no se bebe, ni se esnifa; la libertad se conquista”, dice la web del colectivo SXE en Madrid, un puritanismo que en realidad entronca con la tradición original anarquista, que ve en el alcohol una forma más de dominio de las voluntades del capitalismo. A ello unen la dieta vegana, el respeto por los animales y el antiespecismo, es decir, la negación de que haya una especie, la humana, superior a otras. Los miembros del grupo de Madrid, que tienen ahora entre 20 y 26 años, se conocieron en torno a las movilizaciones del 15-M, pero se fueron alejando por sus ideas, más radicales. Quieren hacer frente al “sistema” y a “una realidad mediocre”. Se consideran antifascistas y libertarios. La juez considera que con su propaganda en redes sociales “tratan siempre de erosionar el prestigio y la credibilidad del Estado y en particular, de sus Fuerzas de Seguridad” y llaman a usar la violencia. El hecho de que funcionen como grupo, fundado en abril de 2013 según el auto de procesamiento, se traduce para la magistrada en que constituyen una organización. En ese esquema, Bustamante sería el líder.

Las familias de los procesados organizan protestas periódicas, se concentran una vez a la semana en la Puerta del Sol para pedir la libertad de Nahuel y consideran lo ocurrido una grave injusticia. “Cuando lo cuento la gente me mira con escepticismo, pensando que algo habrán hecho, si les acusan de ser terroristas, y qué otra cosa voy a decir yo, que soy su madre, pero cuando les paso el sumario no se lo creen. Es un disparate, no hay absolutamente nada, ninguna prueba, solo por lo que dicen en las redes sociales. Yo creía en la policía y en los jueces, estudié derecho, he sido abogada, pero con esto se me ha caído una venda de los ojos”, se sincera Natalia Bosch, madre de Candela Betancor, que está entre los detenidos.

Tres juristas expertos en delitos de terrorismo han analizado el auto de procesamiento y coinciden en su perplejidad. “Tengo la impresión de que es un caso más de banalización del concepto de terrorismo, donde se aplica todo el dispositivo pensado para Daesh o ETA a grupos que pueden causar disturbios, daños, pero sin que aparezca la violencia contra las personas. La reforma del año pasado hace posible esto y mucho más, ha desdibujado por completo el concepto de terrorismo”, afirma Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Sostiene que el nuevo artículo 573 da cabida a múltiples supuestos que “con la jurisprudencia, la regulación anterior y el sentido común no sería posible identificar como terrorismo”. Opina que en el auto de procesamiento “se habla de ideología, de tuits, de libros, y muy poco de lo que debería ser protagonista: qué explosivos tenían, qué delitos habían realizado y cuáles estaban planificando, no veo por ningún lado delitos graves aptos para ser calificados de terrorismo, que conlleven penas de al menos cinco años”.

José Luis Díez-Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, confirma que los últimos cambios legales “están permitiendo considerar grupo criminal a meras actuaciones de codelincuencia”. “Es cierto que, con conceptos tan amplios, podemos estar ante un grupo, o incluso organización criminal, incluso terrorista si se aceptara que tienen uno de los fines tradicionales, el de subvertir la paz pública, pero el relato de indicios alude a actuaciones muy inconcretas, que, no por casualidad, se centran casi en exclusiva en acciones en las redes sociales”. “Lo que consta más bien -concluye- es un colectivo dedicado en las redes sociales a propagar la ideología anarquista, sin que conste suficientemente que haya pasado de eso”.

Para Carmen Lamarca, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, el auto “es una auténtica locura”. “Puede ser un grupo antisistema que preconice cosas que la libertad de expresión ampara sobradamente, otra cosa es probar que cometa delitos y use la violencia, y aquí me parece muy discutible”.

Este nuevo y resbaladizo escenario legal se debe a la reforma del Código Penal de marzo de 2015, en un pacto de PP y PSOE contra el yihadismo, que modificó la definición de terrorismo. Ya no se piensa en combatir organizaciones al estilo clásico, sino en individuos o grupos pequeños, y ahora lo relevante es el objetivo que persigan con cualquier acto violento, al margen de su entidad. Es decir, si pretenden subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o causar terror en la población. En esencia, en el caso de Straight Edge Madrid, al margen de las pruebas reales del acto violento, se teoriza que intentan subvertir ese orden constitucional a base de quemar cajeros y bancos. “El atentado del que se les acusa, además, es de escasa entidad, sin daños personales, y no se puede decir que haya alterado la paz pública porque ni salió en la prensa”, apunta Daniel Amelang, uno de los abogados de los detenidos. “Es el llamado derecho penal del enemigo, se te acusa más por lo que eres que por el hecho en sí”, corrobora Eduardo Gómez, otro de los letrados.

Tras el fin de ETA, está en pie desde hace tres años una ofensiva policial contra el llamado mundo “anarquista insurrecionalista”, en la que se está utilizando la nueva formulación de terrorismo, y la de Madrid fue la última de cinco grandes operaciones. En total, han llevado al arresto de 46 personas acusadas de terrorismo. La alarma saltó con las dos bombas caseras colocadas en 2013 en la catedral de La Almudena, en Madrid, que no llegó a explotar, y en la basílica del Pilar de Zaragoza, que causó daños materiales y secuelas en el tímpano a una mujer. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entonces fue tajante: declaró que la lucha contra el anarquismo era “una prioridad”. Los arrestados de las sucesivas operaciones han sido acusados de terrorismo y se ha establecido una relación genérica con los responsables del atentado de Zaragoza, bajo el aglutinador de las siglas GAC (Grupos Anarquistas Coordinados). En el caso de Straight Edge Madrid, los detenidos simplemente tenían unos folletos de esta agrupación.

Sin embargo, los acusados de la bomba del Pilar, arrestados en noviembre de 2013 en la primera operación, bautizada Columna, acabaron condenados a 12 años de cárcel el pasado mes de marzo, pero la sentencia no admitió que formaran parte de una organización terrorista. Y este viernes el Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años y medio. Si este es el listón judicial, con una bomba y una clara identificación de los autores, habrá que ver en qué queda todo lo que ha venido después. “Para los técnicos de Derecho es obvio que es una aberración”, opina Cancio sobre la interpretación que se está haciendo del delito de terrorismo, “no existe nada similar en los países de nuestro entorno”.

En octubre de 2015, una semana antes de la operación desplegada en Madrid, otra llamada Pandora 2 terminó con nueve detenidos en Barcelona, pero ha sido archivada este verano con un rapapolvo a los Mossos d’Esquadra por la falta de indicios en registros y escuchas: “El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista”. Las otras dos operaciones a la espera de juicio en la Audiencia Nacional son la Pandora 1, de diciembre de 2014, y la Piñata, de marzo de 2015.

CALDO DE LOMBARDA Y BOTELLINES VACÍOS

La defensa de los acusados ha lamentado ante el juez el “carácter torticero y poco riguroso” de los informes policiales que acusan a los seis detenidos en la operación Ice. Todas las sustancias sospechosas que se encontraron en los registros resultaron ser lo que parecían. Azúcar, vinagre, bicarbonato… En un bote que contenía un líquido extraño ponía que era lombarda. El análisis concluyó lo siguiente: “Tras su estudio se desprende que se trata de un preparado de naturaleza acuosa, que por sus propiedades organolépticas y por su comportamiento frente a las variaciones del Ph podría ser un caldo de cocción de col lombarda”.

Pese a tal rigor, también se dan saltos lógicos tan intrépidos como el siguiente, tras el hallazgo de un botellín de cerveza vacío en el domicilio de uno de los arrestados: “No tendría relevancia de no ser por el hecho de que el colectivo se caracteriza por su rechazo al alcohol y las drogas, por lo que cabe pensar que el objetivo de tener ese botellín es con el único fin de realizar cócteles molotov”. También el hecho de que este detenido guardara una caja de madera y una de metal con símbolos del grupo “lleva a pensar que es el encargado de la financiación de la organización”. En el material incautado también se destaca “letras de canciones del grupo proetarra Piperrak en contra la Guardia Civil”. Otras deducciones requieren cierta disposición. Entre las pintadas atribuidas al grupo en los alrededores del banco atacado había también algunas de carácter feminista, “induciendo a pensar que entre los autores se encuentra al menos una mujer”.

Terroristas a base de tuits

El controvertido sumario del grupo anarquista SXE, con un miembro que lleva 13 meses en prisión, se basa en gran parte en sus mensajes en redes sociales

Por Íñigo Domínguez, publicado el 20 de diciembre de 2016

El procesamiento del grupo anarquista vegano Straight Edge Madrid (SXE), desarticulado en noviembre de 2015 con seis detenidos acusados de terrorismo, es controvertido sobre todo porque se basa en gran parte -10 de las 26 páginas- en sus opiniones y mensajes en las redes sociales, un “ideario” que en opinión de la juez Carmen Lamela persigue “el fin primordial de subvertir el orden constitucional mediante la violencia”. Este fin, identificado en el código penal como terrorista, y la atribución del incendio de dos sucursales bancarias en Madrid a algunos de los detenidos, sin pruebas directas, son los que han llevado adelante el caso y mantienen en prisión desde hace más de un año a uno de los miembros del grupo, Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, de 26 años. Sin embargo, cuesta encontrar tal gravedad en la lectura de los mensajes mencionados en el auto judicial como base de la acusación. Expertos catedráticos de derecho penal consultados, como Manuel Cancio, de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Díez-Ripollés, de la Universidad de Málaga, y Carmen Lamarca, de la Carlos III, han mostrado sus dudas por el peso que se da en el auto a las simples proclamas en redes sociales.

La juez cita en su enumeración de indicios, la base de propaganda teórica de los presuntos fines terroristas, un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE y 19 tuits de su cuenta de Twitter. La mayoría son consignas genéricas, las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. Lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo “Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital” o “Capitalismo asesino”. El hecho de que algunos de ellos estuvieran acompañados de fotografías de sucursales bancarias atacadas ha sido una de las pruebas para acusarles de haber sido los autores. Otras frases tuiteadas que cita el auto para justificar la acusación de terrorismo son “#HazFelizAAlguien y revienta bancos que nos sobran piedras, correr es gratis y la policía estará en el centro cuidando borrachxs”, o este otro escrito en la Nochevieja de 2014: “#Para2015Quiero que los petardos, cohetes y baterías sean usados para la autodefensa contra la represión”.

Hay muchos presentados como evidencias que resultan sorprendentes, por varias razones. Entre otros, algunos que parecen deducir que las empresas forman parte de ese orden constitucional que se pretendería subvertir. Por ejemplo: “Día 21 de abril de 2014: publicación de un manifiesto contra las drogas en el que expresamente se hace mención al boicot que sus autores ejercen contra grandes multinacionales como Coca-Cola, McDonald, Nike, Telefónica, Bankia etc.”. O este otro: “Día 24 de marzo de 2014: refiriéndose a la empresa FALKEN S.A, se publica el comentario: ‘Esta empresa es la que provee de material antidisturbios al estado español. Está bien tener en cuenta a qué nos enfrentamos’, junto a una fotografía con el logotipo de dicha empresa”.

Luego hay otros que se antojan inofensivos, como este tuit, presentado como indicio en el auto de la siguiente manera: “Día 8 de junio de 2014, publicación del siguiente tuit: ‘ESTAMOS EN EL RASTRO VENDIENDO CAMISETAS’, y la fotografía de camisetas con diversos dibujos y eslóganes como ‘LA RESISTENCIA NO ES VIOLENCIA. ES AUTODEFENSA’”. O simples máximas de manual político: “El día 25 de febrero de 2014 se publica el siguiente comentario: ‘El pueblo solo tiene tres caminos para librarse de su triste suerte: los dos primeros son los de la taberna y la iglesia, el tercero es el de la revolución social’”. Es más, el auto llega a ver peligro en uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt: “Día 14 de mayo de 2014, junto a una cita de Herbert Marcuse relativa a la necesidad de cambiar la voluntad de una sociedad que ha logrado tener lo que quiere, se publica la fotografía de un individuo con la cara tapada con un pañuelo y un cartel en blanco en el que se lee STRAIGHT XXX EDGE”.

El auto también señala tres vídeos colgados en YouTube, y aún visibles, que justificarían la violencia contra la policía en manifestaciones o quemar contenedores y que los investigadores atribuyen al colectivo SXE. En realidad el más largo, un documental titulado Bajo la capucha: yo tapo mi cara, tú tapas la realidad está firmado por el propio Juan Manuel Bustamante, el detenido que sigue en prisión preventiva. Según sus abogados, lo firma porque es un trabajo de clase que incluye en su currículum. El informe policial ha incluido un trabajo de clase de otra detenida, estudiante de imagen y sonido, porque era un guion para un programa en el que interpretaba el papel de “experta en espionaje”.

En el documental aparece una entrevista a tres individuos que defienden sus ideas y el uso de la violencia con el rostro cubierto y la voz distorsionada. Pese a ello los informes policiales los identifican con tres de los detenidos, aunque se basan solamente en la comparación con las voces grabadas en las escuchas telefónicas. Los otros dos vídeos, Lucha sin miedo y Bloque Negro Introducción, son de entre dos y tres minutos, una sucesión de consignas entre imágenes de protestas, destrozos de bancos y enfrentamientos con la policía, en las movilizaciones del barrio de Gamonal, en Burgos, o en la manifestación Rodea el Congreso, entre otras.

Aún están abiertas las diligencias para solicitar a Google la identidad de las personas que subió el documental a YouTube. A una primera petición, la compañía reaccionó con perplejidad y rogó “clarificar la naturaleza específica de la infracción penal de que se trata y explicar cómo la divulgación de datos asociados con el vídeo se relaciona con la investigación del delito”. Esta es la diligencia pendiente para cerrar el sumario y que el fiscal realice su petición de penas, paso previo a la celebración del juicio, que se espera en los primeros meses de 2017.


La democracia liberal, en declive

Las nuevas leyes mordaza y la pretendida protección de identidades y creencias corroen el sistema

Por Soledad Gallego-Díaz, el 23 de diciembre de 2016

Un estudio del Pew Research Center, especializado en observar los estados de ánimo de la opinión pública norteamericana, llegó hace relativamente poco a una conclusión muy llamativa: los jóvenes estadounidenses (18-34 años) son mucho más partidarios (40%) que sus padres o abuelos (27% y 12%, respectivamente) de que los gobiernos puedan impedir que la gente diga cosas ofensivas contra las minorías. Alguien puede pensar que, aparentemente, es una buena noticia que los jóvenes se sientan más cercanos a las minorías, sean raciales, sexuales o de cualquier tipo, pero lo importante de este sondeo no está ahí, sino en la notable aceptación que existe de la idea de que el gobierno debe tomar medidas para recortar la libertad de expresión. Y eso es importante porque es uno de los índices más aceptados para valorar la salud de las democracias: los ataques a la libertad de expresión, junto con los nacionalismos y tribalismos de todo tipo, el aumento incontrolado de las desigualdades y la aparición de movimientos que impugnan las normas democráticas, son las cuatro grandes pestes que debilitan, y provocan el declive, de la democracia liberal.

Así que si uno lee con cuidado revistas y webs de análisis político en medio mundo, empieza a observar que ya no se habla casi del hundimiento de la socialdemocracia o la desaparición del socialismo, incluso de las consecuencias de la crisis económica, el tema que nos abrumaba hasta hace muy poco, sino de cómo se corroe, poco a poco, la democracia liberal, muy especialmente a través de las nuevas leyes mordaza y de la pretendida protección de identidades y creencias. Significativamente, un coloquio organizado este mes por el politólogo estadounidense Francis Fukuyama y David Runciman, director del departamento de Política de la Universidad de Cambridge, se tituló: Democracia: incluso las mejores ideas pueden desaparecer.

Las dos vías más rápidas para profundizar ese deterioro son el aumento de la desigualdad, que hace que millones de ciudadanos sientan que la democracia ha quedado capturada por élites económicas y financieras capaces de vetar todo lo que perjudica a sus propios intereses (Francis Fukuyama) y la peligrosa idea de que los gobiernos deben impedir que circulen ideas u opiniones, según seanbuenas o malas. Como dijo Oliver Holmes, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1919: “La verdad o falsedad de las ideas o de las opiniones se mide en el mercado de las ideas, no en los tribunales, por medio de la demostración de su veracidad o falsedad”.

Resulta curioso que en una época en la que se extiende vorazmente la llamada “posverdad” y políticos y personajes públicos de todo tipo y lugar son capaces de negar, sin el menor parpadeo y con premeditación, hechos, datos y evidencias incontrastables, se pretenda, al mismo tiempo, impedir que se difundan ideas u opiniones, con la advertencia de que no se consentirán las que resulten de mal gusto o vejatorias o que provoquen “daño moral” a personas públicas o de relevancia pública. Es curioso, porque se suponía que la democracia liberal se basaba justo en lo contrario: no se puede falsear dolosamente la realidad pero sí se puede difundir ideas por muy ofensivas que puedan parecer.

La cuestión no es menor. En España, por ejemplo, y gracias a la ley mordaza aun en vigor, se pretende castigar hoy con severas penas de cárcel a un grupo de anarquistas veganos, basándose fundamentalmente en sus opiniones y mensajes distribuidos por redes sociales, algo que seguramente hubiera escandalizado al mismísimo juez Holmes a principios de siglo XX. Claro que en aquella época, casi nadie, en Estados Unidos, hubiera pensado en titular: La democracia liberal, en declive.

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