201610.18
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Visto para sentencia el juicio sobre la sanción a No Somos Delito

Hoy, martes 18 de octubre, Carlos, integrante de la plataforma No Somos Delito ha sido juzgado en Madrid, denunciado por Delegación de Gobierno por su participación como promotor y organizador de la manifestación no comunicada organizada por su colectivo el 20 de diciembre de 2014 bajo el lema El 20D todos a la calle contra la Ley Mordaza. Se enfrenta a una multa de 700€.

Carlos en la manifestación contra la Ley Mordaza

Carlos en la manifestación contra la Ley Mordaza

En el artículo “Hasta el Último Tribunal para anular una Multa por la Ley Mordaza”, publicado en La Marea, el periodista Miguel Gómez Garrido explica lo sucedido de la manera siguiente:

Carlos, integrante de la plataforma No Somos Delito, fue denunciado por haber organizado y promovido una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La Delegación del Gobierno en Madrid, actualmente dirigida por la popular Concepción Dancausa, le impuso una multa de 700 euros por no haberle comunicado oficialmente la manifestación, un hecho que Somos Delito reconoce pero que no comparte. Por eso llevó la sanción a los tribunales, para “hacer justicia”, y hoy ha declarado ante el juez. “Seguiremos actuando contra esta traba contra los derechos fundamentales. Hay que retomar la movilización ciudadana”, afirma Carlos a la salida del juzgado.

La ausencia de comunicación fue, en palabras del colectivo, “un acto premeditado”, uno de los elementos del mensaje que querían trasladar sobre el significado de la Ley Mordaza. “¿Cómo íbamos a comunicar por sus vías impuestas una manifestación que precisamente denuncia que estas comunicaciones son en verdad autorizaciones encubiertas del Gobierno?”, se pregunta.

El colectivo defiende que la Delegación del Gobierno estaba perfectamente al tanto, pues la convocatoria fue trending topic en Twitter durante 22 horas y publicada por “innumerables medios de comunicación”. No Somos Delito sostiene que la Delegación, de haber querido, podía haberse puesto en contacto con ellos y prohibir la convocatoria.

Asimismo, entiende que la sanción económica a la que se enfrenta Carlos es desproporcionada, al rebasar el salario mínimo interprofesional. Ahora espera la resolución del juzgado. Si la sentencia es desfavorable, seguirá apelando a tribunales superiores no sólo para anular la multa, sino para intentar crear un precedente en España. En todo caso, asegura que seguirá “luchando por las libertades, por lo derechos de todas y contra las Leyes Mordaza, sin temor, sin miedo y sin censura, porque los derechos se defienden cuando se ejercen”.

La defensa de Carlos en el juicio de hoy ha sido ejercida por nuestro compañero Alejandro Gámez, quien ha realizado las siguientes declaraciones a la salida de la vista:

El periódico Diagonal ha cubierto el juicio en su artículo “A juicio por manifestarse contra la Ley Mordaza”. En él, recogen las palabras de Mónica Hidalgo, integrante del colectivo, la cual expone que “un derecho fundamental no tiene por qué ser comunicado, y así lo apunta la legislación europea y de Derechos Humanos. No se puede obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental por no haberlo comunicado, que es un trámite burocrático”.

Por último, reproducimos a continuación el comunicado de No Somos Delito explicando su visión acerca de la sanción recibida por Carlos y la Ley Mordaza en general:

Por supuesto que nuestro compañero Carlos participó de manera activa en el acto:  Tomó el micrófono  en varias ocasiones, estuvo en primeras filas de la  columna y colaboró para que el evento discurriera pacíficamente. ¿Cómo  negar esta participación cuando esta sanción supone el ejemplo más cristalino de las denuncias que No Somos Delito y muchas otras organizaciones que defienden los Derechos Humanos, llevamos haciendo de la Leyes Mordaza desde su origen? Las infracciones de estas leyes y de las anteriores, no están redactadas para  castigar a aquellos que ponen en peligro la Seguridad Ciudadana, (cabria el debate de definir y concretar que se considera Seguridad Ciudadana),sino que son un obstáculo al ejercicio efectivo de varios derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y se enfocan en buscar el desaliento a aquellas/os ciudadanas/os que quieren ejercer sus libertades de manera habitual, pacífica y democrática en la vía pública.

Claro que la manifestación no fue comunicada “por conducto oficial”  a Delegación de Gobierno en Madrid. Fue de manera premeditada, dado el  mensaje que queríamos transmitir. ¿Cómo íbamos a comunicar por sus vías impuestas, una manifestación que precisamente denuncia que estas comunicaciones son en verdad autorizaciones encubiertas del Gobierno?

La comunicación oficial de las concentraciones a Delegación de Gobierno  tienen como finalidad poner en conocimiento de ésta que se va a  celebrar una manifestación, de manera que pueda tomar las medidas  oportunas para proteger tanto a los manifestantes como a otras personas o  intereses generales. Es la manera más sencilla de garantizar que, en  caso de algún peligro, las autoridades públicas estén preparadas para  actuar.

Nuestra comunicación ya se había hecho por otros cauces:  La convocatoria fue tendencia nacional durante 22 horas en Twitter con un impacto de más de 420.000 impresiones y en Facebook alcanzó más de 550.000 vistas, además de ser publicada en innumerables medios de  comunicación. La convocatoria fue de todo menos secreta, pues la  intención, conseguida, fue llegar al mayor número de personas y romper con  el miedo a ejercer nuestro derecho a la libertad de reunión. Tan al  tanto estaba Delegación de Gobierno de esta manifestación que la  propia Policía Nacional se presentó en la Plaza de Ópera una hora antes de la  salida y estuvo presente y desplegada durante todo el recorrido. No hubo ningún problema de seguridad, ni ningún incidente.

Aún más, de haberlo querido, Delegación de Gobierno podría haberse puesto en contacto con No Somos Delito, (no es que nos escondamos  precisamente) y habernos prohibido realizarla. Nunca lo hizo.

Si a la Delegación de Gobierno ya le había sido comunicada la  manifestación de manera informal, sancionar por no haberlo hecho de con su requisito  oficial implica castigarle por un hecho que no ha causado ningún daño, ni real ni potencial. Implica  que para Delegación de Gobierno tiene más valor cumplir con la burocracia sin contenido real, que garantizar y promover el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación. Implica, por tanto, que las Leyes Mordazas busca sancionar a manifestantes antes que protegerles.

En No Somos Delito creemos que si no existe un riesgo claro, un obstáculo  formal no debería impedir el desarrollo de una manifestación, ni  castigar a posteriori a sus organizadores, en este caso, debe prevalecer  el ejercicio pacífico de los Derechos Fundamentales, pues son vitales para el desarrollo y expresión de una opinión pública libre e informada en un sistema democrático de verdad.

Durante la tramitación de las Leyes Mordaza, en un comunicado de 23 de febrero de 2015, cuatro relatores especiales de derechos humanos de la ONU, alertaron públicamente sobre las mismas: “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. (www.huffingtonpost.es) Ahora podemos confirman que este miedo expresaba la realidad que todas/os estamos sufriendo.

Desde No Somos Delito, hemos llevado la sanción a los tribunales para que se haga justicia, ya que entendemos que el libre ejercicio de los Derechos Fundamentales no puede estar supeditado a un trámite administrativo. No es una sociedad realmente democrática, si para el ejercicio de los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución se debe “pedir permiso”, a la Administración Pública, que es quien deben garantizar que sean respetados y no podemos tolerar que esta sea quien los vulnere o sancione sin justificación.

La protesta pacífica nunca debe ser sancionada. La libertad de expresión, de reunión y de manifestación están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución y diferentes tratados internacionales, por tanto su libre ejercicio en un Estado que dice ser democrático, nunca pueden ser sancionado.

Todos los colectivos, movimientos sociales y organizaciones que conforman la Plataforma No Somos Delito, y muchas otras afines con las que trabajamos conjuntamente en todo el Estado, seguiremos luchando por las libertades, por lo derechos de todas y contra las Leyes Mordaza, sin temor, sin miedo y sin censura, pues contra su represión esta nuestra fuerza colectiva y porque los derechos se defienden cuando se ejercen.

Alejandro y Carlos, en los juzgados

Alejandro y Carlos, en los juzgados

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