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Los menores de Hortaleza: chicos de nadie

Un grupo de menores tutelados por la Comunidad de Madrid vive, desde hace seis meses, en un parque de Hortaleza

Por Miguel Ezquiaga, para el periódico Diagonal

Al caer la noche, varios vecinos llegan al parque de Isabel Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza, en Madrid. Llevan consigo mantas, ropa de abrigo y sopa caliente para un grupo de chavales de entre 10 y 17 años que pernoctará allí. Desde hace seis meses se instalan en el recinto cada noche. El frío ha cortado su piel y no juegan entre ellos. Guardan las manos en los bolsillos, se comportan con madurez en un castellano titubeante, responden a las muestras de afecto esbozando una sonrisa sin premolares. Para evadirse inhalan pegamento, práctica habitual entre los jóvenes sin recursos dada su accesibilidad: cada bote cuesta como una lata de cerveza y se comparte. Son de origen marroquí, llegaron solos, sin familia, en patera o escondidos en los bajos de aquellas furgonetas que cruzan la frontera. Al no estar acompañados, fueron declarados en desamparo y la Comunidad de Madrid asumió su tutela. Muchos proceden de los centros de primera acogida colindantes con el parque; huyeron alegando malos tratos. “Aunque pueda parecerlo, no estamos ni en Ciudad del Cabo ni en Río de Janeiro, esto es Madrid”, apunta Julio Rubio.

Rubio puso en marcha hace nueve años en Hortaleza un proyecto de actividades para niños y niñas enfocado en el boxeo. Aunque está acostumbrado al trato con chavales en situación de vulnerabilidad, aduce agotamiento: “Es muy frustrante, la Comunidad de Madrid está haciendo dejación de funciones, saben que estos niños están aquí y, sin embargo, los chavales duermen al raso cada noche”. Esta publicación ha tratado, sin éxito, de contactar con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, pero Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, declaraba en Hora 25 (Cadena SER) que “los centros no son cárceles. Los padres que nos escuchen sabrán que un chico, con 16 años, entra y sale de casa cuando quiere”. Según cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), hay 27.626 menores tutelados por las administraciones, de los cuales, 4.177 se encuentran acogidos en centros. A los restantes un juez les adjudicó guardia y custodia familiar. “Los niños están dejando en evidencia que éste es un sistema de desprotección organizada”, subraya el educador Julio Rubio.

La Fundación Raíces, dedicada al apoyo a menores en riesgo, ha podido identificar a más de trece niños viviendo en el parque y, a comienzos de noviembre, emitía un comunicado junto a Save the Children para denunciar “el abandono, la discriminación y la desprotección de los menores extranjeros no acompañados en Madrid”. Ambas organizaciones manifestaron que, en los centros de protección, los niños “se ven sometidos como castigo a condiciones de aislamiento, insultos y agresiones”. La misma Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces, acompañó a urgencias del Hospital de La Paz a chavales que habían sido maltratados sin recibir, posteriormente, asistencia médica: “Prácticamente todos los niños que han pasado por el Centro de Acogida de Hortaleza o por el de Isabel Clara Eugenia relatan agresiones de los vigilantes de seguridad. Nunca habíamos visto marcas o evidencias hasta que, tras convencer a cinco chicos para que reingresaran en su centro, nos encontramos a tres de ellos de vuelta en el parque con moratones y magulladuras”, cuenta Reyzabal. Con el parte de lesiones en mano, pusieron una denuncia.

Existen diferentes tipos de centros para menores en nuestro país: de reforma, terapéuticos y de protección. La estancia en los primeros se produce como aplicación de una pena privativa de libertad, el internamiento en los segundos ocurre cuando existen condiciones especiales de salud y el alojamiento en los últimos sucede si el menor no tiene tutela. Los dos centros de Hortaleza, llamados de primera acogida, forman parte del tercer grupo y sirven para, antes de cuatro meses, adjudicar al menor un lugar definitivo acorde con sus necesidades. “Cuando algún niño escapa de estos centros de protección –que son de régimen abierto– , en la práctica nadie pone obstáculos; no quebrantan ninguna condena ni pueden considerarse fugados. Al no haber cometido delitos, su estancia no podrá ser obligada”, explica el abogado Daniel Amelang. Mientras los chavales tienen una edad inferior a los 18 años, su condición de menor prima sobre la de inmigrante y son acogidos en el país.

En Marruecos se da una arraigada cultura migratoria. Las historias de éxito en Occidente recorren los barrios más populares de Fez o Rabat, dando lugar a un efecto imitación. “Facebook sirve como espejo del bienestar europeo. Bastantes chicos, aun viviendo en la calle, publican fotografías mostrando una abundancia material de la que, desgraciadamente, carecen. No pueden permitirse fracasar y proyectan otra imagen de sus vidas”, relata Sara Olcina, miembro de Harraga, un proyecto socioeducativo de apoyo a menores migrantes no acompañados en Melilla, ciudad en la que se cuentan más de cuatrocientos.

Al menos cien de estos chavales prefieren vivir en la calle que hacerlo en La Purísima, el centro local. Esa ciudad autónoma constituye su primera parada en el viaje, después intentarán alcanzar la península. “Andalucía no está tutelando a los menores que llegan a sus costas. Expiden tan sólo un acogimiento residencial y, como el objetivo de los niños es conseguir el permiso de residencia, para lo cual necesitan tutela, los chavales viajan a otras comunidades autónomas. A veces, incluso el centro de acogida les compra un billete directo a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid, donde no les espera nadie”, denuncia Olcina.

“Yo no vine a España por la ropa de marca o la comida cara, vine para tener un futuro”, dice Ibrahim. Olaya, vecina de Hortaleza, le conoció en el parque y terminó acogiéndole: “No lo pensé mucho, tengo un sofá vacío y había un chaval durmiendo en la calle. Creo que es lo justo”. También cobijó a Said durante quince días, hasta que fue detenido por dos robos con fuerza. Hoy se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio y Olaya quiere demostrar su inocencia. “Lo que no se está pudiendo resolver desde lo social intenta solventarse por la vía policial”, sentencia. “El abogado de la Fundación Raíces había sugerido a Said que evitara bajar al parque, pero, ¿a dónde iba a ir?, les echan del centro comercial o de las cafeterías por su aspecto”, continúa, para admitir después que la situación ha dividido al vecindario. “En el barrio siempre ha habido robos, pero ahora todos se relacionan con los chicos del parque de Clara Eugenia”, cuenta Julio Rubio.

“Desde un punto de vista legal, el menor no tiene las mismas facultades que un adulto, no se le puede considerar dueño de sus actos. Máxime cuando, de por medio, hay intoxicación con disolvente, pegamento o cannabis”, defiende el letrado Amelang. En la tesis doctoral Chicos marroquíes buscando su futuro: la experiencia de migrar, entre la violencia estructural y las violencias cotidianas (2016), Ainhoa Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, escribe que la criminalización de los jóvenes inmigrantes es contraproducente: “Presenta una lógica que nos recuerda a la profecía que se autocumple, sus efectos contribuyen a producir más delincuencia, en tanto en cuanto se empuja a estos jóvenes en situación de irregularidad administrativa a una mayor clandestinidad”. Además, la socióloga andaluza interpreta que, “en la cuestión de los menores migrantes no acompañados en España, conviven un débil discurso de integración, una política internacional pro cierre de fronteras y una política normativa y burocrática que para una parte de estos chicos supone negar la entrada aun estando dentro”.

Barrio Hortaleza Madrid es un grupo de Facebook donde aparecieron, hace unos días, mensajes que hablaban de crear patrullas ciudadanas, junto a información sobre tirones de bolso y comentarios de tinte xenófobo: “Si tocan a alguien de mi familia, hago filetes de moro”, aseguraba uno. El Comisario Jefe de Hortaleza-Barajas atribuye al “entorno del parque” un tercio de los delitos cometidos en ambos distritos durante el último trimestre. “Allí no sólo están los menores que pasan la noche, procedentes de los centros de primera acogida aledaños, también hay chicos de pisos tutelados o de albergues e, incluso, huidos de Badajoz y La Línea de la Concepción”, aclara Yolanda Rodríguez, concejal de Hortaleza.

Rodríguez asegura que hay colaboración entre administraciones: “Aunque la tutela de los menores pertenece a la Comunidad de Madrid, el parque es municipal y nosotros hemos puesto en marcha dos mesas técnicas, con representantes, entre otros, de los Servicios Sociales del distrito, el SAMUR, la Fundación Raíces, la Policía Municipal, y los dos centros de primera acogida que hay en Hortaleza”. Puesto que la comunidad autónoma no tiene a su disposición educadores de calle, el Ayuntamiento envía a una trabajadora de Istmo, programa municipal diseñado para facilitar a la población inmigrante el acceso a los servicios ofertados por la Red Municipal de Atención a las Drogodependencias. Desde el Consistorio también se ha contratado a nueve educadores, uno por cada turno y centro de primera acogida. Yolanda Rodríguez es tajante: “Se trata de la intromisión de una administración en el área de otra, pero los menores no se fiaban del personal de los centros y algo había que hacer”. “Son pocas medidas, llegan tarde y no tendrán efecto hasta el medio plazo”, se queja un militante de Ahora Madrid. Los vecinos solidarios demandan actuaciones de urgencia, como la colocación de una carpa en el parque hasta la llegada de soluciones estables para el conflicto.

Con la llegada de las lluvias, el 24 de noviembre y por iniciativa privada, una furgoneta de la Asociación Mundo Justo recogió a los chicos que encontró en el parque, conduciéndoles a un piso tutelado en Rivas Vaciamadrid. La ONG había puesto en conocimiento de esta operación a la comunidad autónoma, que no informó, ni a la concejalía, ni a las asociaciones que trabajan sobre el terreno, ni a los centros. Durante tres días, en Hortaleza nadie conocía el paradero de estos siete chicos. Según informa la Agencia Efe, el Ayuntamiento de Rivas valora demandar a la Concejalía de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, pues la residencia de Mundo Justo está preparada para adultos en proceso de desintoxicación y no pertenece a la red regional de protección del menor.

A día de hoy, todavía hay niños que viven en el parque de Isabel Clara Eugenia. Esconden sus enseres entre los arbustos para evitar que los servicios de limpieza los desechen. No tienen nombre, no tienen voz, no son de nadie.

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