201609.20
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Sobre los manteros: la ley no es (solo) la ley

Por Ignacio Trillo Imbernón, abogado

Publicado en Diagonal

La psiquiatría clínica considera una de las características propias del Síndrome de Asperger la dificultad de las personas afectadas para comprender palabras o expresiones fuera de su sentido literal estricto. Esta particular condición cognitiva condujo durante muchos años a un sector de la medicina psiquiátrica a afirmar que las personas afectadas por el Síndrome eran incapaces de sentir empatía, tesis que hoy la mayor parte de la disciplina cree falsa y estigmatizadora.

Sin embargo, sí que parece que hay un grupo amplio de personas en el mundo jurídico que tienen una predilección por la literalidad cuyo efecto es, además, una grave carencia empática. Son, resumiendo mucho y con trazo grueso, quienes no pueden diferenciar las dos acepciones de la palabra justicia: aquella que engloba un conjunto de principios éticos y morales y la que hace referencia exclusivamente a su administración por parte del estado; acepciones que, como es obvio, no tienen por qué tener que ver más allá de su homonimia.

Otra característica común a este grupo de personas, consecuencia de lo anterior, es una absoluta fe en la letra de la ley y en el sentido unívoco de la norma jurídica, que tratan como si no tuviera conexión alguna con la sociedad de la que surge y sus condiciones económicas y sociales. El razonamiento que suelen esgrimir es que la ley está ahí es para que se cumpla (que suele ser un apócope de “para que se fuerce a cumplir”), y que la más mínima flexibilidad a ese respecto es sin duda el motor de consecuencias tales como la vuelta a un presunto caos originario previo al estado moderno y la consiguiente destrucción de todo lo bueno y respetable de una sociedad organizada. Esto, que es un silogismo absurdo que ya denunció irónicamente Thomas de Quincey en su famoso “Del asesinato considerado como una de las bellas artes”, tiene mucho predicamento y está incentivado desde los distintos poderes públicos. Si no, no se explica la querencia de políticos, tertulianos y personal de la administración de justicia por una tautología tan ridícula como “la ley es la ley” (y no, sorprendentemente, una vaca, un acantilado o un telescopio), que repiten sin sonrojo desde todas las tribunas a las que son capaces de acceder.

Un último ejemplo de este modelo de razonamiento lo tenemos en el artículo publicado en Confilegal¿Por qué la ley no se aplica a los “manteros”?”, de Damian Fuentes, en el que critica con dureza la inacción de la policía municipal de Madrid frente a las personas que venden objetos en la calle y analiza sus distintas consecuencias, que van desde lo fiscal a lo paternofilial, para acabar concluyendo, por supuesto, que precisamente a causa de ello corremos el riesgo de acabar volviendo a un estado primario de violencia social: la consabida ley de la jungla.

Pese a lo que pudiera parecer lo más ominoso del artículo no es la conclusión de que porque unas personas, para sobrevivir, vendan en la vía pública objetos sin una presión policial excesiva lo más posible es que el asesinato se extienda por doquier y sin control y no seamos capaces de dar referencias éticas básicas a nuestra progenie. Esto, desgraciadamente, es un lugar común. El problema del artículo es sobre todo la exclusión del contexto frente al conflicto al que el autor se enfrenta. Por eso se citan en el texto los artículos del Código Penal referidos a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial pero no se reflexiona, por ejemplo, acerca de por qué la Ley de Extranjería obliga a las personas extranjeras a mantenerse durante tres años (por lo menos) en situación irregular, condenándolas a la economía sumergida para sobrevivir. Es más, y aquí me permito rizar el rizo de la incongruencia, tampoco se dice nada acerca del sentido que tiene mantener a la vez los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y el requisito de carecer de antecedentes penales para tener derecho a un permiso de trabajo y residencia, consiguiendo, por arte de birlibirloque, que sea precisamente el combo mortal entre la normativa en materia de propiedad intelectual e industrial y la de extranjería el que promueva que las personas migrantes tengan que vivir de la manta durante mucho tiempo. Pero claro, “la ley es la ley”.

Y es que aunque la ley sea la ley no es solo la ley, sino también un instrumento que sirve en muchos casos a la perpetuación de las desigualdades sociales o, como este en concreto, al asentamiento de un tipo de discurso y práctica administrativa que el filósofo francés Jaques Rancière denominó con acierto “racismo frío”: el que en apariencia es sólo una regla social objetiva y legítima pero en su corazón esconde discriminación, estigmatización y violencia. Y es que es precisamente en estos requiebros normativos donde hay que redoblar la alerta: porque leyes injustas hay y ha habido muchas y porque los periodos más aterradores de la historia están plagados, precisamente, de funcionarios dispuestos a hacerlas cumplir hasta sus últimas consecuencias.

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