Desde hace ya 7 años, convocados por la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), se celebra en toda Europa el 24 de enero el “Día del Abogado Amenazado”, a fin de llamar la atención sobre aquellos compañeros y compañeras que, en el ejercicio de la profesión o por causa de ella, sufren amenazas o persecuciones, arriesgando frecuentemente su integridad física, cuando no su propia vida.
La elección de la fecha no es casual; se corresponde con el triste aniversario del asesinato, en 1977, de los abogados laboralistas de la madrileña calle Atocha por parte de militantes de la extrema derecha, fecha propuesta por ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), asociación que viene promoviendo en España la celebración de dicho día, y asumida por el resto de organizaciones que forman parte de AED.
Por parte de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) y de la Fundación del Día del Abogado Amenazado, se ha solicitado formalmente a Naciones Unidas el reconocimiento de este día como el Día Internacional del Abogado Amenazado, lo que evidentemente redundaría en una mayor sensibilización de instituciones y sociedad civil respecto de los problemas y riesgos que asume la abogacía en numerosas partes del mundo y que, a través de dicha conmemoración, se pretenden poner de manifiesto.
Otra de las novedades de la presente convocatoria, además de su celebración también en ciudades de Asia, América y Oceanía, y en idéntica línea de un mayor reconocimiento de su importancia, es la activa participación del Consejo General de la Abogacía de España, a través de su Fundación, quien organiza un acto junto con ALA, así como el creciente interés del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en estos eventos. Por otro lado, El CGAE, junto con otras Instituciones a nivel europeo, han creado en el año 2016 el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo.
Anualmente, por parte de las asociaciones que, como ALA, forman parte de AED, se consensua un país en el mundo sobre el que girará ese año el Día del Abogado Amenazado. El año pasado fue el turno de Honduras y el anterior fue Filipinas. Este año le corresponde el dudoso honor a la República Popular China, un país que presenta un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos que, evidentemente, afectan muy especialmente a los activistas y, dentro de ellos, a los abogados.
En efecto, los abogados y abogadas en China sufren importantes restricciones, y para poder ejercer, tienen que presentar anualmente su licencia de abogado en la oficina judicial y el órgano ejecutivo del poder judicial, donde se examinan los casos que han tratado, especialmente los llamados “políticamente sensibles”, que a menudo tienen repercusiones en materia de derechos humanos y/o del estado de derecho. Un abogado o abogada que no supera la inspección, no recibirá el visto bueno anual en su licencia, y no podrá por ello continuar ejerciendo.
En su práctica cotidiana, los abogados también sufren hostigamiento e intimidación por parte de los agentes de seguridad pública, una rama especial de la policía y por los tribunales. Se les puede prohibir comunicar con sus clientes y/o tener acceso a los archivos, en aquellos casos considerados políticamente sensibles. Situaciones de este tipo pueden dar lugar a que los abogados sean detenidos o sometidos a violencia, si insisten en que se respeten sus derechos procesales o el debido proceso. Otras medidas contra los abogados de derechos humanos incluyen forzarlos, bien a ellos, bien a su familia, a mudarse constantemente de casa y/o prohibirles viajar fuera del país.
En el verano del 2015, tuvo lugar en China una represión contra los abogados de Derechos Humanos en una escala sin precedentes. El incidente ahora se conoce comúnmente como el 709 Crackdown, para conmemorar la fecha del 9 de julio, cuando el primer abogado fue llevado fuera de su ciudad, por la policía. La represión ha generado protestas y críticas en las comunidades internacionales, incluyendo muchos grupos de abogados/as y asociaciones de abogados/as de todo el mundo.
Así, más de 300 abogados y activistas de la sociedad civil han sido detenidos, acosados, interrogados o han sufrido una prohibición de viajar fuera del país. Entre los abogados arrestados y enjuiciados, muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación, sin que se les permita reunirse con los abogados defensores elegidos por sus familias. Algunos de los abogados detenidos han denunciados torturas y trato vejatorio.
Del mismo modo, a principios de agosto de 2016, uno de los abogados detenidos fue juzgado y condenado a 7 años de prisión por “subvertir el poder estatal”
A partir del 17 de octubre de 2016, seis abogados de Derechos Humanos han sido en detenidos y se encuentran a la espera de juicio. Son Li Heping, Wang Quanzhang, Xie Yang, Xie Yangyi, Li Chunfu y Liu Sixin.
Con independencia de los señalados, víctimas del denominado “709 Crackdown”, otros abogados han sido condenados a prisión por el ejercicio de la profesión, como el abogado Pu Zhiqiang, quien recibió una sentencia suspendida de tres años el 22 de diciembre de 2015 después de haber estado preso más de 19 meses, al haber sido declarado culpable de “incitar al odio étnico”.
En definitiva, el panorama de los abogados que ejercen su profesión en China es sombrío, especialmente cuando ponen 
en tela de juicio el sistema político de su país, lo que justifica sobradamente la elección de dicho país para la celebración, este año, del día del abogado amenazado.
La jornada del 24 de enero se iniciará mediante una concentración, en primer lugar, convocada por la Comisión Laboral de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA) y la Asociación de Laboralistas de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid (ALTMA) a las 12:00 frente a los Juzgados de lo Social de la calle Princesa. Esta convocatoria será un breve homenaje en recuerdo de los abogados y abogadas de Atocha.
A continuación, y centrándonos de nuevo en el tema de China, tendrá lugar una segunda concentración, esta vez convocada exclusivamente por ALA, ante la Embajada de la República Popular China, en la calle Arturo Soria, 113 de Madrid, a las 13:30 horas, a la que acudiremos los abogados y abogadas con nuestras togas, e intentaremos ser recibidos por el personal de la Embajada para transmitirles nuestra preocupación por la situación de nuestros compañeros y compañeras.
Continuaremos por la tarde, en un acto organizado conjuntamente por ALA y la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, que tendrá lugar a las 16:00 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid sita en la calle Juan Bravo, nº 6, de Madrid, en el que intervendrán:
- María Baeza, Coordinadora de China de la Sección Española de Amnistía Internacional;
- Yutong Su, periodista, defensora de derechos humanos y activista de internet;
- Rafael Eguiguren, freelance especializado en Resolución de Conflictos, antiguo responsable del portafolio de Derechos Humanos de la Unión Europea en China;
- Y Oriol Rusca i Nadal, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española, quien llevará a cabo la moderación de las intervenciones.
Dicho acto será inaugurado por Victoria Ortega, Presidenta del CGAE, y clausurado por Jaime Montero, coordinador de la Comisión de Defensa de la Defensa de ALA.
