201609.28
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Sin recursos para la justicia gratuita en Madrid

Alejandro Gámez, presidente de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), estuvo elAlejandro Gámez Selma 22 de septiembre en el programa de radio Descubriéndome, denunciando que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha incumplido la enmienda a los presupuestos que aprobó la Asamblea de Madrid y que concedía 2 millones de euros a los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares para garantizar la justicia gratuita y los servicios de orientación jurídica. De esos 2 millones sólo les han asignado 500.000 euros.

Puedes escuchar el programa pinchando en este enlace

¿Cómo ha sido esto posible? ¿Dónde ha ido a parar el dinero? ALA nos informaba hace unos días que el pasado 16 de diciembre 2015 la Asamblea de Madrid aprobó una enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid por el que se concedían una partida de 2 millones de euros adicionales “A los colegios de abogados” para la Justicia Gratuita dentro del presupuesto de Justicia que ya había sido aprobado.

La partida adicional fue aprobada por el gobierno del PP y los partidos promotores de la iniciativa -PSOE y Podemos- como resultado de una intensa presión desde los Colegios profesionales y las asociaciones de la abogacía. La finalidad prevista era mejorar los baremos de pago del Turno de Oficio y el depauperado Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), un servicio público esencial para garantizar una correcta y eficiente asistencia legal a la ciudadanía.

Los servicios del SOJ, ahora precarizado, se viene sufragando con las cuotas de los Colegios de abogados desde que la Comunidad de Madrid decidiera dejar de costearlo en el año 2012. Esta falta de financiación pública del servicio público ha conllevado su reducción, precarización e, incluso, la desaparición del SOJ en muchos ámbitos muy necesarios (presencia en localidades, atención a personas mayores,  atención a menores internos en centros de reforma, etc.).

Estos dos millones estaban destinados a que los Colegios de Madrid y Alcalá de Henares pudieran prestar los servicios de justicia gratuita y orientación jurídica en condiciones adecuadas: restaurando el número de horas de asistencia que demanda la ciudadanía, reponiendo los servicios desaparecidos y mejorando la retribución de los profesionales que, actualmente, no supera los 15 €/hora.

El destino de los dos millones de euros ha sido desconocido durante más de siete meses. Pese a los requerimientos escritos de ALA, de los Colegios de Abogados y de los grupos políticos en la oposición la Consejería de Justicia daba la callada por respuesta.

Ahora hemos sabido, mediante esta respuesta por escrito dirigida al ICAM que la Comunidad pretende conceder 1.500.000.-€ de esa partida extraordinaria al Colegio de Procuradores de Madrid.

La partida tiene un destinatario claro: los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares; y un fin muy concreto: la mejora del Servicio de Justicia Gratuita y de Orientación Jurídica como herramienta fundamental del Derecho de acceso a la Justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Variar la finalidad y el destinataria de la dotación presupuestaría podría constituir un delito de prevaricación y de financiación irregular. Desde ALA estudiarán las consecuencias legales de la decisión de la Asamblea Pero, en cualquier caso, exigen (y exigimos) su corrección inmediata, pues supone un perjuicio directo para los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.

descarga (1)Desde ALA instan:

  • A la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid a que retrotraiga la inadecuada dotación, modifique su aplicación y reconozca expresamente tanto el destinatarios legítimo de la partida, los Colegios de Abogados, como la finalidad de la misma, los Servicios de Orientación Jurídica y Asistencia Gratuita.
  • A los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares que redoblen sus esfuerzos y presión para hacer cumplir el acuerdo original y recuperar la cantidad que les es debida.
  • A los partidos políticos en la oposición que denuncien en la Asamblea de Madrid esta irregularidad en la adjudicación de fondos públicos aprobada por todos los partidos políticos.

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