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Abogadas critican que los Mossos (y Policía Nacional) les dificultan acceder a la información en las detenciones

Los días 10 y 11 de noviembre de 2016 se celebraron en el Colegio de Abogados de Barcelona unas jornadas sobre los derechos de las personas detenidas, muchos de los cuales siguen incumpliéndose con regularidad hoy día. Nuestro compañero Alejandro Gámez participó en una de las mesas de debate, en relación al acceso a la información y el derecho de defensa.

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Sonia Calvo, periodista de Catalunya Plural y ElDiario.es recogió algunas de las conclusiones del encuentro de la siguiente manera:

Los abogados denuncian que los Mossos no les facilitan toda la información y documentación cuando detienen a una persona y, también, que hacen unos atestados poco descriptivos y demasiado breves. Según ha explicado la miembro de la Comisión de Derecho Penal del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Esther Palmés, los atestados “ahora hay un pequeño espacio de seis líneas donde hacer un resumen de los hechos, pero eso no quiere tener acceso a las pruebas”.

La abogada y miembro de Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Anaïs Franquesa, ha asegurado que “en la práctica diaria se sigue anunciando sólo el precepto penal del delito cometido por el detenido y no se da suficiente información a los abogados”, lo que hace que “no se pueda saber si la detención es legal o no y, por tanto, no se pueda impugnar”. Desde el ICAB piden tener acceso a todos aquellos elementos que han motivado la detención para poder hacer una defensa correcta. Aseguran que esto no se está haciendo en este momento para la “interpretación restrictiva que se hace de la ley”. Denuncian también que el cuerpo del Mossos es más restrictivo que la directiva europea y que otros cuerpos policiales del Estado.

 Ante esto el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha negado que hagan una interpretación restrictiva de la ley y asegura que siguen la normativa vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Sólo hacemos lo que se nos dice que tenemos que hacer” ha dicho Trapero en referencia a las directrices de la Comisión Nacional de Policía Judicial. Desde el pasado septiembre la información de los atestados consta de seis líneas de descripción donde se incluye el día, la hora y el lugar de los hechos y de la detención, además de un resumen de lo que ha pasado, de los delitos aplicables y los indicios que hay en contra del detenido.

Trapero también ha querido matizar que en algunos casos no se da más información por el riesgo de vulnerar derechos de otras personas o porque se puede perjudicar una investigación que podría llegar a ser declarada secreta por un juez al cabo de un tiempo. Esther Palmés ha respondido al comisario que en casos donde el conocimiento por parte del abogado puede distorsionar la investigación, la ley ya reconoce una limitación.

La letrada ha valorado que “se está aplicando la ley de manera limitativa para todos los casos en general, sin distinciones”. Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, también se ha mostrado muy crítico con la gestión de la información de los atestados por parte de los Mossos ya que, según él, “no se ha hecho una correcta trasposición de la directiva en cuanto al derecho a la información”.

El debate ha tenido lugar en el marco de las jornadas ‘El derecho a la información de la persona detenida: perspectiva comparada’ organizadas por el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Centro Irídia para la Defensa de los Derechos Humanos y el Open Society Justice Initiative.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía también se hizo eco de la noticia en su página:

En el marco de la jornada sobre ‘El derecho a la información de la persona detenida desde una perspectiva comparada’ que ha organizado el Colegio de la Abogacía Barcelona (ICAB) y el Centro Irídia -con el apoyo de la Open Society Justice Initiative- han denunciado nuevamente las dificultades para acceder al atestado policial  en dependencias policiales de Cataluña por parte de los letradas y letrados que realizan asistencias a personas detenidas.

Desde el ICAB, la diputada de la Junta de Gobierno y miembro de la Sección de Derecho Penal, Esther Palmés ha recordado que el derecho a disponer del atestado policial está reconocido en la Directiva Europea 2012/13 de la Unión Europea y que se ha transpuesto a los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada en el año 2015.

Esta ha sido una de las principales quejas expresadas en el marco de la mesa redonda “el derecho a la información de las personas detenidas desde la perspectiva de los cuerpos policiales”, en la que han participado Albert Batlle, director General de la Policía; Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra;

También durante estas jornadas el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentado las conclusiones y recomendaciones del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MCPT).

En la última mesa de las jornadas se ha debatido sobre el acceso a la información y  derecho a la defensa. Han participado Alejandro Gámez, miembro de la Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA), Diego Boza, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Eva Labarta, miembro de la Comisión de Derecho Penal Internacional del ICAB y Julia Herrero, diputada de la Junta de Gobierno del ICAB. Esta mesa ha sido moderada por Anaïs Franquesa, letrada y miembro de Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Para finalizar la jornada se ha realizado una sesión de trabajo para abordar  la manera de fortalecer el derecho a la información y defensa.

La primera sesión de estas jornadas se celebró el jueves 10 de noviembre con la mesa redonda sobre “el acceso al expediente en sede policial en el ámbito europeo”, que reunió a Andy Griffiths, ex miembro del cuerpo de policía británico y miembro del “Institute of Criminal Justice Studies” de la Universidad de Portsmouth, la abogada austriacaJulia Kolda y Susanna Marietti, abogada y miembro de Antígona, asociación por el derecho y la garantía al sistema penal.

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