El Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid ha absuelto a la aragonesa Raquel Tenías y a otra acusada en la causa en la que el fiscal pidió para ellas cuatro años de cárcel por la supuesta comisión de delitos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y daños durante las Marchas por la Dignidad el 22 de marzo de 2014.
El juez establece que no se considera acreditado que el 22 de marzo de 2014, sobre las nueve y cuarto de la noche, las acusadas arrojaran piedras, botellas y otros objetos al edificio de la Embajada francesa, a policías nacionales y a los vehículos policiales que acudieron al lugar en la calle de Salustiano Olózaga de Madrid con ocasión de las manifestaciones del 22M.
Añade que los policías emprendieron una persecución del grupo de personas que protagonizaron estos incidentes pero para el juez no se ha probado que participaran en los mismos las acusadas ni que arrojaran vallas metálicas al suelo para dificultar la intervención policial.
El juez recuerda que las acusadas negaron en el juicio, celebrado el pasado 25 de noviembre, haber arrojado objetos a la embajada y a los agentes. Fundamenta que sus declaraciones fueron “vertidas con firmeza y eran coherentes con lo manifestado por ambas en la fase de instrucción”.
“La prueba de cargo contra las acusadas prácticamente se reduce a las declaraciones de los agentes que procedieron a su detención siendo abundante la prueba testifical de descargo que ratifica lo manifestado por las acusadas”, agrega el Juzgador.
Aclara que “es frecuente a la hora de valorar las declaraciones testificales de los policías tener en consideración la objetividad que en principio cabe atribuir a las mismas dada su condición de funcionarios públicos pero han de ser valoradas conforme a las reglas del criterio racional y contrastadas con los demás medios de prueba”.
Para el juez “existe base para suponer que la carga policial en la plaza de la Independencia fue indiscriminada” y concluye que “la declaración de los agentes no ofrece las garantías de consistencia y fiabilidad precisas para otorgarles un valor acreditativo superior a lo manifestado por las acusadas y por los testigos propuestos por sus defensas”.
Estima que “existen elementos probatorios que abonan la tesis de que las dos acusadas, que no se conocían y entre las que existe una apreciable diferencia de edad, se quedaron aisladas cuando se produjo la carga policial y fueron objeto de detención entre las personas que se encontraban en la plaza de la Independencia” de Madrid.
Raquel fue defendida por Manuel Ollé y la otra acusada por nuestro compañero Daniel Amelang. A la salida del juicio Raquel había manifestado que “estoy ya más tranquila, tenía muchas ganas de que llegase el juicio”. “Hemos dado nuestra versión de los hechos, que es la que he contado a lo largo de estos más de dos años y medio en todas las partes”, y quiso “agradecer el trato del tribunal y del juez”.
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