En el Código Penal español existe un tipo penal, recogido en el artículo 490.3, referido a las injurias a la Corona, según el cual quienes insulten o injurien al Rey o a la familia real pueden incurrir en un delito.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de actuar penalmente contra quienes ofendan al Jefe de Estado y ha establecido en numerosas sentencias (Stern Taulats y Roura Capellera c. España, Otegi Mondragón c. España entre otras) que las ofensas y críticas a la monarquía constituyen un acto de libertad de expresión que deben ser toleradas en una democracia avanzada. “El hecho que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no le ampara ante cualquier crítica en el ejercicio de sus funciones oficiales o -como en este caso- en tanto que representante del Estado que simboliza, concretamente por parte de los que cuestionan legítimamente las estructuras constitucionales de dicho Estado, incluido su régimen monárquico”, establece la sentencia de Otegi c. España.
Y esto es así “no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una sociedad democrática”, afirma el TEDH en la sentencia Handyside c. Reino Unido.
Por eso, hemos aparecido brevemente en el programa Audiencia Abierta de TVE explicando por qué esta doctrina es aplicable a cualquier tipo de expresión crítica con el Jefe de Estado, incluso las recientes expresiones de «autoritario» o de «monarquía corrupta» que se han realizado con una finalidad de crítica política. Estas conductas no pueden, ni deben, tener encaje penal, sino únicamente político.
