201612.01
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La Audiencia Provincial de Madrid ordena investigar a Guardias Civiles por la posible comisión de «torturas y otros delitos contra la integridad moral»

Hace un año, un ciudadano británico denunció haber sufrido abusos por parte de un grupo de agentes de la Guardia Civil en un edificio público. Entre otras cuestiones, denunció los siguientes hechos:

Los agentes me inmovilizaron contra el suelo, me esposaron por la espalda con dos grilletes distintos y uno de ellos golpeó mi cabeza contra el suelo. Dicha agresión me provocó una herida en la frente, de la cual comencé a sangrar profusamente. Acto seguido, el mismo guardia civil me agarró del cuello y comenzó a ahogarme durante un buen rato. Grité que me estaba ahogando, que no podían respirar bien, pidiéndole que parara, pero hizo caso omiso.

Tras recibir la denuncia, el Juzgado de Instrucción de Madrid que conoció de la misma acordó inmediatamente su archivo sin practicar ni una sola diligencia de instrucción. Según el Instructor, lo que sucedió fue una situación de confusión en la que los agentes emplearon la fuerza sin la intención de excederse en su uso.

Efectivamente, es posible que los agentes no tuvieran esa intención de excederse en el uso de la fuerza. Es una posibilidad que no negamos. Pero lo cierto es que no se realizó ni una sola diligencia para aclarar lo ocurrido. Por ello, recurrimos el Auto de sobreseimiento alegando lo siguiente:

No dudamos que existe la posibilidad de que los agentes no tuvieran la intención de excederse en el uso de la fuerza. Sin embargo, no se les ha tomado declaración en la presente causa, por lo que difícilmente podemos valorar este elemento subjetivo. Tampoco se ha remitido al médico forense del juzgado la documentación médica aportada en la denuncia, por lo que tampoco se puede valorar su elemento objetivo.

Con carácter general, el art. 269 LECrim expresa que “formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito, o que la denuncia fuera manifiestamente falsa”. Pues bien, los hechos denunciados claramente revisten carácter de delito. Nótese que la Ley utiliza con notable acierto el concepto “revestir”, concepto que se refiere a las cosas cuando presentan un cierto aspecto, cualidad o carácter, de tal suerte que siempre que los hechos presenten un aspecto de naturaleza penal, deben ser admitidas a trámite las denuncias, investigadas y proceder a su valoración jurídica con el resultado que sea. Y, como hemos dicho, no podemos compartir la decisión del Instructor, puesto que de la mera lectura de la denuncia se aprecia que los hechos se encuentran objetivamente revestidos de una relevancia penal que, cuando menos, obligan a determinar la declaración del imputado o imputados para poder analizar con propiedad el elemento subjetivo del injusto y su real voluntad y actividad en el día de los hechos.

Por tanto, el problema en el asunto que aquí nos concierne radica en si estas diligencias practicadas son suficientes o no. Obviamente, creemos que no lo han sido, puesto que no se ha practicado ni una sola diligencia de investigación.

Unos meses después, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera, resolvió nuestro recurso de apelación, y concluyó que el archivo fue prematuro, de la siguiente manera:

Efectivamente, como indica el recurrente, en el presente caso el instructor de la causa ha dictado el auto acordando el archivo de la causa sin la práctica de diligencia instructora alguna.

Los delitos imputados se encuentran en el Título VII del Libro Segundo del Código Penal que reza «de las torturas y otros delitos contra la integridad moral», artículos 173 a 176 del Código Penal. El artículo 175, por ejemplo, castiga a «la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atentare contra la integridad moral de una persona».

Los hechos relatados en la denuncia, en caso de ser ciertos, podrían constituir alguno de los delitos indicados, aportándose además los informes médicos y fotografías donde constan las lesiones sufridas por el denunciante. Pudo ocurrir lo que indica el auto acordando el sobreseimiento provisional de la causa, esto es que los agentes actuantes no tuvieran intención de excederse en el uso de la fuerza y que lo ocurrido pudiera haberse producido en una situación de confusión por desconocimiento del idioma del detenido. Sin embargo, ello no deja de ser una suposición. El artículo 757 de la LECr , en relación con los art. 774. y ss de la misma ley, explican que las diligencias a practicarse en esta fase de instrucción están encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan intervenido y el órgano competente para su enjuiciamiento en su caso (art. 777 de la LEcr ) y practicadas sin demora (art. 779 de la LECr.) las diligencias a que se refieren los artículos anteriores, el Juez de instrucción dictará alguna de las resoluciones que se contiene en el precepto reseñado, resolución contra la que cabe recurso de apelación (art. 766 de la LECr).

[…] En el presente caso a la vista de la denuncia no se puede llegar a la conclusión prematura de que los mismos no tienen relevancia penal, sino que es preciso que se practiquen las diligencias de instrucción necesarias para llegar a tal conclusión, por lo que procede la revocación del auto recurrido, debiendo el órgano instructor incoar las correspondientes Diligencias Previas y ordenar la práctica de aquéllas que estime oportunas para la investigación de lo ocurrido, como la toma de declaración de las partes, reconocimiento del denunciante por el médico forense y demás que estime pertinentes, y con su resultado acordar lo que proceda en base a los artículos indicados.

Celebramos la razonable decisión adoptada por la Sala y esperamos que, con la investigación que reabra el Juzgado de Instrucción, se esclarezcan los hechos.

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