Nuestro compañero Eduardo Gómez Cuadrado ha publicado en nuestro blog (Nulidad de Actuaciones) del periódico Público un artículo sobre la situación de Mohamed Benhalima, un activista y disidente argelino que ha sido deportado por las autoridades españolas pese al notable riesgo de sufrir torturas que existe.
Benhalima llega a España y solicita asilo político. Solicitud que es inicialmente admitida a trámite. Pero es en el transcurso de ese procedimiento, y aún sin haberle sido denegada la misma, cuando Benhalima es detenido en Zaragoza y se le abre un expediente de expulsión por infracción de la Ley de Extranjería. La policía le aplica el trámite preferente de expulsión por considerar que es un riesgo para la Seguridad Nacional y para acreditarlo aporta… ninguna prueba.
La tramitación preferente de un procedimiento de expulsión significa que los plazos, desde el inicio del expediente sancionador hasta el dictado de la resolución final, se acortan extraordinariamente. Una vez iniciado el trámite se nos dan 48 horas para presentar alegaciones y por parte de la policía se solicita a la jueza de guardia de Zaragoza su internamiento en el CIE de Valencia (Zapadores), y ello pese a que, como se reconoce en la propia solicitud cursada por la policía, «la situación administrativa de Benhalima Mohamed Azzouz no va a devenir en estancia irregular hasta que transcurra el plazo de salida obligatoria que figura en la resolución denegatoria de protección internacional«.
Es decir, la propia policía reconoce que está solicitando el internamiento en un CIE de una persona que no se encuentra en ese momento en situación irregular y sobre la que, por cierto, tampoco se había dictado, ni notificado, la denegación del asilo solicitado. Todo bien, circulen.
La jueza de guardia, como no podía ser de otra manera, hace a ciegas lo que le pide la policía y Behalima acaba con sus huesos en el CIE de Valencia al día siguiente. Y, de ahí, a Argelia.
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