Breve mención al bloqueo de los nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial

Ante las noticias de que el Tribunal Constitucional va a permanecer bloqueado los próximos días (o semanas, o meses), queríamos explicar brevemente cómo se ha llegado a esta situación.

El bloqueo del Tribunal Constitucional

Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno. El mandato de sus vocales dura 9 años y se va renovando por tercios, cada 3 años.

El pasado mes de junio finalizó el mandato de 4 magistrados del Constitucional (o sea, de un tercio de los mismos): los 2 magistrados que nombra el CGPJ y los 2 que son nombrados por el Gobierno. Es decir, le corresponde ahora al CGPJ y al Gobierno realizar nuevos nombramientos. En consecuencia, al sustituir los 2 vocales del Gobierno de Rajoy (nombrados en 2013) por los del Ejecutivo de Sánchez, cambiaría la mayoría del tribunal, de uno conservador a uno progresista.

Sin embargo, a día de hoy, casi 3 meses después de la caducidad del mandato, el CGPJ no está en condiciones de designar ningún candidato para el Constitucional, porque 8 de sus vocales conservadores lo están bloqueando, al menos por ahora. Sin el apoyo de estos 8 magistrados, el CGPJ no puede proceder con su cometido, porque se requiere una mayoría de 12 de los 19 vocales del CGPJ para realizarlo. Y es que normalmente el CGPJ lo componen 21 personas (20 vocales más el presidente), pero hace unos meses se jubiló uno de ellos y su plaza no ha sido repuesta. Otra vocal se murió. Quedan 19 hoy.

El actual Tribunal Constitucional –en el que la derecha mantiene aún la mayoría, por el mandato caducado de 4 magistrados–, ya ha avisado al Gobierno de que, si solo nombran los 2 suyos, no les dará entrada hasta que lleguen los otros dos del Poder Judicial. Por ello, el Gobierno ha dicho que no nombrará a sus 2 miembros hasta que el CGPJ no haga lo propio.

Quién controla la mayoría en el Constitucional no es una cuestión menor. Se trata de un órgano que es el máximo intérprete de la Constitución. Entre otras funciones, es quien resuelve los recursos de inconstitucionalidad que presentan los partidos y puede derogar normas que, actualmente, se encuentran pendientes de recurso, como lo son la Reforma Laboral de 2021, la Ley del Aborto, el Ingreso Mínimo Vital, o la Ley de Eutanasia, entre otras. Y ello por no hablar de que, mientras no se renueve el TC, no se van resolviendo miles de recursos de amparo que interponen los ciudadanos (entre los cuales se encuentran algunos que hemos redactado nosotras).

Un Poder Judicial en funciones

A su vez, el CGPJ está bloqueado y en funciones desde hace casi cuatro años, porque sus miembros se deben nombrar por el Congreso y el Senado (el Parlamento) entre “juristas de reconocido prestigio” y jueces (que primero eligen las asociaciones judiciales y entre los que después decide el Parlamento). Todo ello requiere una mayoría de 3/5.

Es decir, el bloque de investidura (que no representa a 3/5 del Congreso o del Senado) no tiene fuerza suficiente para realizar ningún nombramiento y necesita negociar con la oposición (en este caso, el PP), pero este partido, al menos hasta ahora, no ha estado dispuesto a negociar los nombramientos. Y es que el actual CGPJ se nombró en 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy y la derecha tiene en él un absoluto control: doce conservadores frente a siete progresistas. Por eso los tres acuerdos con el Gobierno para su renovación han sido rotos por el PP.

Sin embargo, desde hace un año y medio (marzo de 2021), una reforma legislativa, aprobada por los partidos que componen el Ejecutivo de coalición impulsaronuna ley que limita las competencias del CGPJ mientras este se encuentre en funciones y, en consecuencia, impide al CGPJ realizar nuevos nombramientos mientras se encuentre en funciones. Por este motivo, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se encuentran bajo mínimos y requieren una urgente renovación. Concretamente, el Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir, y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos. Por ello, su presidente, Carlos Lesmes, amenazó con «dimitir en semanas» si los partidos no se ponían de acuerdo para renovar el órgano (algo que, quizás, debería haber hecho antes, como proponía Juezas y Jueces para la Democracia). Veremos si surge algún efecto.

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