Tras su paso por la cartera de Justicia el Sr. Gallardón podrá mirar atrás y contemplar su obra. Un árido desierto de derechos y una tierra quemada de libertades. Son ya muchas las lanzadas, mortales de necesidad, que el Sr. Ministro ha asestado a la Administración de Justicia de este país. Tras la Ley de Tasas, y las propuestas de reforma de la Ley del Aborto o del Código Penal, le ha llegado el turno a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Que dicha ley contenga en su titular la palabra «gratuita« era una señal clara de que el gobierno acometería su reforma más pronto que tarde. Gratuidad y universalidad casan mal con los tiempos de “crisis” en los que nos encontramos, y más cuando lo que se está intentando imponer a marchas forzadas es la receta neoliberal para intentar salir de ella, de manera evidentemente infructuosa hasta ahora.
El artículo 119 de la Constitución Española (CE) proclama la gratuidad de la justicia cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Para el desarrollo de dicho precepto constitucional se aprobó la Ley 1/96, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, que ahora el ejecutivo pretende modificar. En el anteproyecto presentado por el gobierno se percibe de nuevo la inquina por todo lo que suponga servicio público (y, por tanto, gasto), y tal y como ha pasado con la educación o la sanidad, restringen su acceso, precarizan su prestación y desconfían de la buena fe del usuario del mismo.
Como señalaba el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Josep Oriol, “el turno de oficio y la asistencia gratuita es un servicio del Estado, y no debe estar sujeto a las leyes del mercado”, que es precisamente lo que pretende Gallardón.
Son muchas las reformas que plantea el anteproyecto, pero nos gustaría poner el acento en algunos aspectos que pueden resultar más llamativamente contrarios al bien común, que esta ley –casi más que otras– debería buscar en relación con el acceso a la justicia, y ya de por si mermado a través de la ya vigente y en funcionamiento Ley de Tasas.
En general, lo que el gobierno pretende con esta nueva reforma-recorte es aumentar la burocracia, que, como sabemos, es siempre una herramienta de desincentivación para el uso del servicio. Aumenta innecesariamente las obligaciones de los abogados y reduce los baremos, de por si exiguos, de sus honorarios. No garantiza la financiación pública del servicio, que se pretendía costear mediante la recaudación obtenida a través del cobro de tasas judiciales, y que ha sido un completo fracaso, puesto que lo único que se ha conseguido es reducir el acceso a los tribunales; por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa, se ha limitado el acceso a los tribunales en un 40% de los casos. Simultáneamente, la recaudación prevista mediante el cobro de la tastas se ha limitado a unos 180 millones; es decir, tan solo algo más de la mitad de lo que había previsto el gobierno.
La Asociación de Abogados “ALTODO” señala también que cualquier denegación, o revocación posterior, del beneficio de justicia gratuita al solicitante comportará el impago al abogado de oficio de un servicio público ya prestado al ciudadano, y se invita al profesional designado a “buscarse la vida” para el cobro por su trabajo, devolviendo además a la Administración las retribuciones públicas que hubiera percibido. Se podría dar la circunstancia, por tanto, de que el abogado de oficio que haya llevado durante años un procedimiento finalmente no solo no cobrara por el mismo, sino que encima tendría que pagar a la administración si finalmente le es revocado al ciudadano el beneficio de justicia gratuita concedido. Trabajar sin cobrar tiene un nombre: esclavitud.
Cabe poner de manifiesto también que la reforma legal impulsada por Gallardón entorpece el acceso de las ONGs y los ciudadanos a la «justicia ambiental», por cuanto el anteproyecto de ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de victimas del terrorismo. Con este proyecto, el derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución Española y las directivas europeas, queda también en entredicho.
Se aumenta la desconfianza hacía el ciudadano necesitado de este servicio público, por cuanto se limita a tres pleitos al año (salvo temas penales) la posibilidad de solicitar justicia gratuita; una limitación claramente inconstitucional, por contravenir lo dispuesto en el artículo 24 CE, que establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.
Pero probablemente el retroceso más sangrante de la propuesta del gobierno es precisamente lo que está en la esencia de lo que debe suponer una “ley de asistencia jurídica gratuita”, y es lo relacionado con los sujetos pasivos de dicha ley. Es decir, qué ciudadanos son los que tendrán derecho a acceder al servicio público de abogado de oficio en condiciones de gratuidad. Los nuevos importes establecidos son engañosos, y perjudican a las unidades familiares con una sola persona, ya que antes de la reforma toda persona que ganase por debajo de los 14.910 € anuales, en principio, tenía derecho a la asistencia gratuita; pero ahora, con la propuesta del gobierno, esta cantidad se reduce a los 12.780 €
En definitiva, se trata de un nuevo ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del desmantelamiento de los servicios públicos, cuyos destinatarios en este caso son los más desfavorecidos y afectados por el modelo socio-económico en el que vivimos. Un desmantelamiento que, en el caso de la Comunidad de Madrid, y en lo relacionado con el ámbito de la justicia, ya comenzó hace algo más de un año cuando el gobierno autonómico decidió dejar de prestar el Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.). Los S.O.J. son, para que nos entendamos, algo así como los centros de atención primaria de la justicia; la Comunidad de Madrid los cerró, y actualmente asume su coste el Colegio de Abogados de Madrid, que no deja de ser una corporación privada.
Consideramos que esto es toda una ofensiva política que trata de privar a la ciudadanía de su derecho a la tutela judicial de forma efectiva, y que denigra un servicio público y a los letrados del Turno de Oficio encargados de su prestación, letrados de los que ya decía Cicerón (106 – 43 a. C) eran “la esperanza de los necesitados”.
EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
