201208.24
0
0

Breves reflexiones sobre algunas propuestas de reforma del Código Penal

El pasado 28 de junio, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, el Sr. Durán i Lleida presentó una moción en el Congreso en relación con la propuesta de modificación del código penal que el Gobierno central está preparando para los próximos meses. No podemos cuanto menos que mostrar perplejidad ante lo que dicho documento contiene como propuesta para lo que el gobierno del PP ha denominado eufemísticamente “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra violencia callejera”.

Dicha propuesta en realidad no se aleja demasiado de la corriente imperante en los últimos tiempos en lo que a  política criminal se refiere, que ha sido denominada por algunos como “derecho penal del enemigo”, y que no es otra cosa que una respuesta “de manual” ante la creciente conflictividad social provocada por los desmanes del sistema financiero internacional. El estado español es, en los últimos tiempos, discípulo aventajado de esta corriente represiva en la que los derechos se interpretan en su extensión mínima, las libertades se restringen sometiéndolas a autorizaciones previas, burocracias cansinas y vigilancias orwelianas y las sanciones se dispensan “a granel” y de manera desproporcionada.

Entre las modificaciones que se proponen por parte de CIU tenemos que destacar la creación de un nuevo tipo de delito llamado de “violencia urbana” como una especie de tipo agravado del de “alteración del orden público” y que vendría configurado por circunstancias tan poco definidas como, entre otras, el uso de explosivos en las manifestaciones (¿material pirotécnico?) o porte de instrumentos peligrosos (¿herramientas de trabajo?). Se introduce además la posibilidad, y esto es lo grave, de que el juez pueda acordar la prisión preventiva por la participación en este tipo de manifestaciones del descontento social.

Además, y como medida altamente preocupante, CIU propone “recoger la tipificación específica de la difusión de información, que tenga por objeto organizar, promover la participación o reforzar la decisión de tomar parte en acciones de alteración del orden público constitutivas de delito”. ¿Hemos de entender que se puede acabar en prisión por pegar carteles de convocatoria o repartir panfletos u octavillas informativas? ¿Pretenden criminalizar el acto voluntario, consciente e informado de tomar la decisión de participar en una concentración o manifestación que concluya en disturbios pese a que no se haya tenido nada que ver con ellos? ¿Se han decidido por fin a criminalizar la libertad de opinión o pensamiento? Sin duda parece que se están dando pasos hacia ello.

Nada se dice de cosas como promover los valores democráticos entre los cuerpos policiales o formar a los agentes en técnicas de mediación u obligar a los agentes, de una vez por todas, a cumplir la normativa que les obliga a llevar visible el número de identificación profesional o implantar mecanismos de prevención de la tortura, o sancionar el uso de material antidisturbios no reglamentario (porras extensibles) o prohibir el uso de armas potencialmente letales (pelotas de goma). Al parecer ninguna de esas medidas están dentro de su concepto de “seguridad ciudadana”.

En realidad lo que subyace detrás de lo propuesto por CIU, apoyado por el PP y no discutido por el PSOE, es un reconocimiento tácito del fracaso del estado social y democrático de derecho. La fractura social que se expande cada vez con mayor grosor bajo los pies del gobierno, no quiere ser tapada con medidas sociales o de cooperación, sino que se ha decidido ya acudir directamente a las policiales y de confrontación, y es por ello que se hace necesario dotar al Estado de una normativa acorde con dicho objetivo.

Estas medidas son síntoma de una miope concepción del espacio público como espacio de democracia. Se quiere arrebatar al pueblo la calle como lugar para la queja colectiva o expresión del descontento social. Se viste de “violencia callejera” la legitima protesta social en un mensaje institucional preocupante que vuelve a colocar al ciudadano como enemigo del Estado en el que pretendidamente ha de desarrollarse como persona. Eso si, sin salir de casa.

EDUARDO GÓMEZ CUADRADO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y laPolítica de privacidady losTérminos del servicio de Googlese aplican.