201805.18
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Distintos medios de comunicación se hacen eco de la acusación contra Straight Edge Madrid

Piden dos años de cárcel por sus tuits para seis miembros de un grupo anarquista vegano

Por Íñigo Domínguez. Publicado en El País

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desmontado el relato y la carga acusatoria que en noviembre de 2016 llevó a la juez Carmen Lamela a considerar, en su auto de procesamiento, que los miembros del grupo anarquista vegano madrileño Straight Edge (SXE), seis jóvenes de entre 19 y 23 años detenidos en 2015 por la Policía Nacional en la operación Ice, constituían un comando terrorista que almacenaba explosivos y habría atacado sucursales bancarias, con posibles delitos que sumaban hasta 35 años de cárcel. Fue una controvertida argumentación por su interpretación del delito de terrorismo, el nuevo artículo 573 del Código Penal, que puede englobar cualquier hecho violento al que se le atribuya la intención de subvertir el orden institucional. También porque, según desveló EL PAÍS, el sumario se basaba en escasas y dudosas pruebas, como la de tomar como indicio de explosivos simples productos de limpieza y hasta caldo de lombarda hallados en casa de algunos de los acusados. Uno de los detenidos, Juan Manuel Bustamante Vergara, de 27 años, alias Nahuel, pasó un año y cuatro meses en prisión. Ahora, según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público no considera acreditados los ataques a bancos ni los explosivos y deja la acusación en una petición de dos años por enaltecimiento de terrorismo en los tuits y vídeos que el grupo divulgó en redes sociales. La acusación particular, una entidad bancaria afectada por uno de los ataques, se ha retirado.

La acusación de propaganda con presuntos fines terroristas en redes sociales, que finalmente es el único cargo que ha permanecido en pie, también fue polémica. Eran un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE y 19 tuits de su cuenta de Twitter, que el fiscal recoge prácticamente al completo en su escrito. La mayoría son consignas genéricas, las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. Lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo “Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital” o “Capitalismo asesino”. Pero el fiscal también incluye en la lista un tuit que simplemente cita a un famoso personaje de manga de Dragon Ball (“Goku vive, la lucha sigue”) y otro cuya principal amenaza es la cita de un célebre filósofo de la Escuela de Frankfurt: “El día 14 de mayo de 2014, junto a una cita de Herbert Marcuse relativa a la necesidad de cambiar la voluntad de una sociedad que ha logrado tener lo que quiere, se publica la fotografía de un individuo con la cara tapada con un pañuelo y un cartel en blanco en el que se lee STRAIGHT XXX EDGE”. El hecho de que algunos de estos mensajes estuvieran acompañados de fotografías de sucursales bancarias atacadas fue una de las pruebas para acusarles de haber sido los autores de esas agresiones, ahora desestimadas.

Otras frases tuiteadas que cita el fiscal para justificar la acusación de terrorismo son “#HazFelizAAlguien y revienta bancos que nos sobran piedras, correr es gratis y la policía estará en el centro cuidando borrachxs”, o este otro escrito en la Nochevieja de 2014: “#Para2015Quiero que los petardos, cohetes y baterías sean usados para la autodefensa contra la represión”. O este otro: “Día 24 de marzo de 2014: refiriéndose a la empresa FALKEN S.A, se publica el comentario: ‘Esta empresa es la que provee de material antidisturbios al estado español. Está bien tener en cuenta a qué nos enfrentamos’, junto a una fotografía con el logotipo de dicha empresa”.

Hay otros que se antojan inofensivos, como este tuit: “Día 8 de junio de 2014, publicación del siguiente tuit: ‘ESTAMOS EN EL RASTRO VENDIENDO CAMISETAS’, y la fotografía de camisetas con diversos dibujos y eslóganes como ‘LA RESISTENCIA NO ES VIOLENCIA. ES AUTODEFENSA’”. Otros son más líricos, pero igual de vagos: “Vuestro veneno no quemará nuestro interior. Nuestro interior quemará vuestro veneno. Destruye todas sus mentiras. “XVX”, junto a la fotografía de un encapuchado que porta una especie de antorcha.

El escrito de acusación también señala tres vídeos colgados en YouTube que justificarían la violencia contra la policía en manifestaciones o quemar contenedores, y que los investigadores atribuyen al colectivo SXE. El más largo es un documental titulado Bajo la capucha en el que aparece una entrevista a tres individuos que defienden el uso de la violencia con el rostro cubierto y la voz distorsionada. Pese a ello los informes policiales los identifican con tres de los detenidos, con la base de la comparación con las voces grabadas en las escuchas telefónicas. Los otros dos vídeos, Lucha sin miedo y Bloque Negro Introducción, son de entre dos y tres minutos, una sucesión de consignas entre imágenes de protestas, destrozos de bancos y enfrentamientos con la policía, en las movilizaciones del barrio de Gamonal, en Burgos, o en la manifestación Rodea el Congreso, entre otras.

Para Eduardo Gómez, abogado de algunos de los acusados, “se demuestra una vez más que este tipo de operaciones solo buscan desarticular colectivos disidentes y de paso recopilar información para la inteligencia policial”. “El resultado judicial es lo de menos para la policía, porque de hecho todas las operaciones de este tipo han acabado encallando en la Audiencia Nacional por ausencia de pruebas de comisión de delitos”, concluye. “Al final se ha quedado todo en un típico juicio a tuiteros”.

La instrucción se retrasó en su fase final por las diligencias para solicitar a Google la identidad de la persona que subió el documental Bajo la capucha a YouTube. A una primera petición, la compañía reaccionó con perplejidad y rogó “clarificar la naturaleza específica de la infracción penal de que se trata y explicar cómo la divulgación de datos asociados con el vídeo se relaciona con la investigación del delito”. A la segunda solicitud nunca llegó a responder.

Piden dos años de cárcel para un grupo anarquista vegano por tuits como ‘Goku vive, la lucha sigue’: “Como no piensen que Goku es una palabra vasca…”

Publicado en La Sexta

Con 19 años, Juan Manuel entró en prisión acusado de terrorismo. Sus cinco compañeros y él fueron detenidos supuestamente por ser un comando anarquista que almacenaba explosivos, pero sólo les pillaron productos de limpieza y caldo de lombarda. Ahora sólo queda una acusación por unos tuits con fotos de bancos atacados y hasta algún personaje de manga.

La causa judicial contra una supuesta organización terrorista anarquista que quedó reducida a unos tuits sobre Goku

Por Alejandro Torrús. Publicado en Público

Todo lo que ha sucedido en los últimos años alrededor de la causa abierta por la Audiencia Nacional contra el grupo anarquista y vegano Straight Edge (SXE) por delitos de terrorismo es tan disparatado que si no fuera porque un joven de 27 años (Nahuel) ha pasado un año y cuatro meses en prisión en régimen de especial vigilancia, e incluso en ocasiones en aislamiento, podría parecer una broma de mal gusto. Pero no lo ha sido.

Se trata, más bien, de una pesadilla real que comenzó en noviembre de 2015 cuando la jueza Carmen Lamela retorció el concepto de terrorismo hasta nuevos límites y consideró con la inestimable ayuda de los informes de inteligencia de Policía Nacional que varios productos de limpieza e incluso una sopa de lombarda constituían un indicio serio de tenencia de explosivos. Así, también entendió que el colectivo Straight Edge, al que acusaba de varios ataques a cajeros automáticos, constituía un comando terrorista.

Lamela con el apoyo de Fiscalía, calificó los hechos como constitutivos de delitos que llevaban aparejadas penas de prisión que sumaban hasta 35 años. El líder de la organización, Nahuel, fue enviado a prisión preventiva en régimen F.I.E.S. (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) durante un año y cuatro meses. La magistrada consideraba, en su auto de procesamiento, que los acusados “se constituyen y comportan como una organización criminal con finalidad terrorista” con vínculos con otras organizaciones terroristas como los Grapo o el Grupo Anarquista Coordinado.

Sin embargo, con el paso de los meses la causa se fue desinflando. No había pruebas que sostuvieran que los acusados habían perpetrado ataques contra cajeros automáticos y mucho menos que tuvieran vínculos con una presunta organización internacional anarquista dedicada a sembrar el terror. De hecho, esa organización no existía, tal y como demostró la Audiencia Nacional en otros juicios paralelos contra otros grupos anarquistas por terrorismo.

Así, casi tres años después de su detención por parte de la Policía como un grupo terrorista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rectificado su propio relato de los hechos y ha archivado la acusación de pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia de explosivos. No obstante, ha formalizado una acusación por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales por 12 mensajes recogidos en la web del colectivo, 19 de su cuenta de Twitter y varios vídeos.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Público, recoge mensajes de ideología anarquista revolucionaria como “muerte al capital”, “capitalismo asesino”, o “fuego y muerte al estado y que viva la anarquía”. El texto recoge que algunos de los acusados vendían camisetas en el Rastro con el mensaje “la resistencia no es violencia, es autodefensa” o tuits un tanto desconcertantes en una causa por terrorismo como “Goku vive, la lucha sigue” o citas del filósofo Hervert Marcuse.

El fiscal les acusa ahora de ser responsables de un delito de enaltecimiento del terrorismo ya que su actividad en redes busca “difundir la licitud de la lucha activa y esencialmente violenta contra el orden constitucional y contra cualquier tipo de autoridad, tratando siempre de erosionar el prestigio y la credibilidad del Estado y en particular, de sus Fuerzas de Seguridad”, por lo que solicita para ellos dos años de prisión.

“Están tratando de equiparar la ideología anarquista anticapitalista con el enaltecimiento del terrorismo. El anarquismo aboga por la acción directa, pero esa acción no tiene por qué ser violenta e incluso siendo violenta no tiene por qué ser ser terrorista. Y hacer un llamamiento a acabar con el capitalismo no tiene por qué ser un llamamiento a la violencia o al terrorismo”, explica a Público Daniel Amelang, de la Red Jurídica, que defiende a parte de los acusados.

Persecución del anarquismo

La causa abierta contra el grupo Straight Edge no ha sido la única que la Audiencia Nacional ha desarrollado contra grupos anarquistas en los últimos años. Muy al contrario, han coincidido en el tiempo diversas operaciones que vinculaban a grupos anarquistas con el terrorismo y con un supuesto grupo terrorista internacional. Sin embargo, a excepción de esta causa por presunto enaltecimiento de Straight Edge, todas las demás han sido archivadas.

La primera gran operación policial que relacionó terrorismo y anarquismo se desarrolló la madrugada del 16 de diciembre de 2014. Once personas fueron detenidas y siete de ellas entran rápidamente en prisión incondicional. Era el inicio de lo que se conoció como Operación Pandora I. El magistrado de la Audiencia Nacional Gómez Bérmudez les atribuyó la comisión de delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista en relación con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista.

Después vendría la Operación Piñata, en la que serían detenidas 15 personas y cinco entrarían en prisión; y la Operación Pandora II, en la que fueron detenidas otras nueve personas. Los cargos y la base de la acusación son prácticamente idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de armas para uso terrorista.

En total, 33 personas fueron detenidas y 12 encarceladas en apenas un año, acusadas, en su mayoría, de participar de uno u otro modo en una presunta organización terrorista a la que se responsabiliza de ser el brazo operativo en España de la FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional) y actuar bajo el nombre de Grupos Anarquistas Coordinados (G.A.C.).

Sin embargo, ninguna de estas acusaciones pudo probarse. Todos los encarcelados están en libertad sin cargos y todas las causas abiertas han sido cerradas. Solo queda el caso contra Straight Edge por enaltecimiento en redes sociales, una acusación que dista mucho de la de integración en banda armada.

“Han sido tres años duros para decenas de activistas anarquistas, pero se ha conseguido acreditar que el concepto de terrorismo anarquista del que se les acusa no existe. En cambio, sí hemos vivido unos años de persecución de esta ideología en lo que algunas personas han interpretado como la búsqueda de un nuevo enemigo interno. Se ha acreditado, no obstante, que ese enemigo interno no existe. Se ha acabado el fantasma del terrorismo anarquista”, concluye Daniel Amelang.

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