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La cartilla covid, origen de desigualdades y de dudosa legalidad

Por Beatriz Asuar. Publicado en Público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes la creación de una cartilla covid-19 para que las personas que tengan anticuerpos o tengan una PCR negativa puedan realizar una vida normal. La Consejería de Sanidad no ha dado más explicaciones sobre cómo se va a implantar esta medida, pero los expertos no encuentran ninguna razón para llevarla a cabo: no es posible ni funcional por la falta de evidencia científica, genera desigualdades y discriminaciones y su legalidad es dudosa.

La idea de la cartilla covid-19 se asimila a lo que denominó hace meses como pasaporte inmunológico. En España el primero en proponer esta medida fue el president de la Generalitat, Quim Torra, el pasado 19 de abril. No tuvo mucho recorrido. “Se valoró esta idea, pero rápidamente se vio que no era posible”, comenta Joan Caylà, epidemiólogo y presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona.

El Govern enterró la propuesta y organismos nacionales e internacionales se han pronunciado desde entonces. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) se posicionó sobre ello: “No es posible recomendarlos debido a la falta de evidencia científica clara de los elementos básicos que definirían dichos conceptos.” Los mismos argumentos utilizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para rechazarlo. Sin embargo, los expertos de Salud Pública alertan sobre aspectos que van mucho más allá.

“La posibilidad técnica de que funcione es prácticamente nula, pero por encima de esto se encuentra el problema ético. Excluir y discriminar a personas por una enfermedad es algo negativo y choca con cualquier principio de la Constitución. Se estratifica a la población por tener una enfermedad y esto genera una desigualdad total sin una justificación técnica detrás que lo avale“, explica Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Aún hay muchas dudas sobre cómo el Gobierno regional pretende que se lleve a cabo esta medida. Según la información oficial, Díaz Ayuso ha pedido a la Consejería de Sanidad que promueva para el mes de septiembre este “proyecto experimental de cartilla COVID-19 que simule la cartilla internacional de vacunación”. Tendrá su réplica en la tarjeta sanitaria virtual de forma que refleje si la persona tiene anticuerpos, se ha hecho PCR o ha tenido acceso a otras pruebas. Esta persona podrían “seguir con una vida normal” y acceder a gimnasios, museos, cines y, en general, a cualquier recinto cerrado.

Pese al escueto anuncio, también hay dudas sobre su legalidad. “Habrá que esperar a un mayor desarrollo pero, a priori, parece que su legalidad es dudosa porque establece un principio discriminatorio, que está proscrito por todas nuestras leyes, con la Constitución a la cabeza. Establecer una serie de derechos (aunque sea mediante una discriminación positiva) para una parte de la población que demuestre tener anticuerpos y excluir a otra no parece muy ajustado a Derecho”, valora Daniel Amelang, miembro del despacho Red Jurídica.

Como destaca el abogado, la propuesta no está amparada por la legislación internacional: “El Reglamento Sanitario internacional permite a los Estados exigir certificados de vacunación en determinados casos (e incluso denegar la entrada a sus fronteras si un viajero no ha sido vacunado), pero nada parecido a un pasaporte sanitario de anticuerpos”. Además, otro problema que presenta tiene que ver con una invasión del derecho a la intimidad: “Compartir el historial médico con el taquillero del cine parece un poco excesivo. Y se puede ver igualmente afectado el derecho a la libertad deambulatoria si se exige para poder circular”.

El acceso a pruebas, un privilegio de los más ricos

Otro de los problemas que radica aquí, más allá del peligro de que favorezca la transmisión del virus, es que puede provocar un aumento de la demanda de los servicios por la gente que se quiera realizar una prueba ELISA o un test serológico. Sin embargo, el sistema sanitario madrileño no tiene capacidad para esto: faltan profesionales en Salud Pública y en Atención Primaria no dan abasto, sobrecargados de trabajo por lo que conlleva el diagnóstico precoz de casos positivos. De hecho, el sistema público ahora no tiene la indicación de realizar pruebas a las personas sanas porque todos los protocolos del Gobierno central y regional centran la realización de pruebas en las personas con sospecha de tener covid por presentar síntomas o por ser un contacto estrecho.

¿Qué es lo más probable que ocurra entonces? Que se recurra a la sanidad privada. “Es hacerle marketing a laboratorios privados porque para tener esa tarjeta si estás sano, ahora mismo, tienes que ir a lo privado. Transmite un mensaje muy insolidario y de no entender que esta pandemia es un tema colectivo“, argumenta Mercedes Martínez, médica especialista en Preventiva y Salud Pública. Lo mismo señala Gullón: “Es algo que ya está pasando. Las personas de clase alta piden pruebas por su cuenta a través de la medicina privada”.

Fernando Conde, sociólogo e investigador social que ha trabajado en Salud Pública, destaca que este acceso a pruebas por la sanidad privada solo será para los más privilegiado: “Los test suelen costar más de 100 euros. La clase trabajadora no se puede permitir acceder a ellos ya que, además, tienen que pagar las mascarillas. El presupuesto mensual podría ir de los 200 a 400 euros y esto genera desigualdad”. Aunque también señala que puede ser motivo de exclusión, por ejemplo, en el acceso al trabajo o en determinados grupos sociales.

El siguiente problema ético es la estigmatización. Esto no es nuevo, existe en las otras Enfermedades de Declaración Obligatoria. “A medias ya aprendimos del VIH. Sigue habiendo mucha estigmatización sobre las personas VIH positivas, sigue habiendo discriminación de esta personas y no podemos caer en este error otra vez aunque ahora sea con la seropositividad”, comenta Gullón. “La estigmatización también existe con la tuberculosis. Lamentablemente, los humanos somos así. A pesar de que se puede curar, los propios enfermos evitan contar que tienen tuberculosis. La covid ha matado muchas personas, podría ser motivo incluso de discriminación”, añade Caylà.

“Parece una cortina de humo”

A Martínez este debate, además, le parece una “cortina de humo” para no hablar de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid: “Técnicamente es imposible pero, aunque fuera posible, es irrelevante porque el estudio de seroprevalencia señaló que la población inmune está en torno del 11 %. Pero hablamos de esto en vez de hablar de lo que está pasando ahora: que están subiendo los casos y que faltan medios“.

Caylà opina lo mismo y cree que se perdería tiempo para impulsar lo prioritario: “Desde la Salud Pública lo importante es que todo el mundo use mascarillas, mantenga la distancia social, tenga higiene de manos y se realice el estudio de contactos. Lo prioritario es que ver lo que está fallando, el diagnóstico precoz. No hay que perder tiempo con esto. Hay que hacer buenos estudios de contactos y en muchas partes de España no está funcionando”.

Los diferentes expertos consultados dudan sobre si realmente se pondrá en práctica esta medida en septiembre. “Esta idea no parece ninguna solución. De hecho, que lo llamen cartilla y no pasaporte creo que significa que tienen poca seguridad sobre este planteamiento”, valora Conde.

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