Los caseros no se conforman con una subida de precios del 2% este año. Es el límite que puso el Gobierno el pasado marzo a las revisiones anuales del alquiler, que en la mayoría de los contratos estaban vinculadas al IPC (Índice de Precios al Consumo). Ante una inflación disparada, los inquilinos empezaron a recibir serias subidas del alquiler, y aún no había llegado lo peor de la escalada. en el paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo cambió esta referencia por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que en cualquier escenario limita las subidas al 2%.
El periodista Jairo Vargas ha publicado un artículo en Público explicando cómo diversos arrendadores están haciendo caso omiso a esta norma.
En él, entrevista a nuestra compañera Silvia Beltrán, quien confirma que está recibiendo muchas consultas en los últimos meses relacionadas con estas subidas contrarias a la ley. «En mi caso, la mayoría de desacuerdos se están resolviendo favorablemente después de protestar«, dice. En su opinión, hay grandes tenedores que están jugando al «a ver si cuela» y confirma que no son raros casos de inquilinos que descubren que están pagando de más cuando acuden a ella para revisar cualquier otra cláusula de sus contratos. «Estoy siendo yo quien les informa a casi todos«, concreta. «Tiene que quedar claro: cualquier subida anual superior al 2% está fuera de la ley hasta el 31 de diciembre. Si los caseros no lo aceptan, los inquilinos deberían pagar como mucho un 2% más. Eso en ningún caso puede suponer un incumplimiento del contrato«, asegura.
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La abogada de @laredjuridica, @SilviBeltranG, confirma que está recibiendo muchas consultas relacionadas con estas subidas contrarias a la ley y "la mayoría de desacuerdos se están resolviendo favorablemente tras protestar" https://t.co/2XRyk6atjE
— Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) October 19, 2022
