La crisis ha ahondado en un sistema judicial que ya era ineficiente. Su precarización e inaccesibilidad parecen la consecuencia de la falta de voluntad de los Estados en conseguir una administración de justicia de calidad que alcance a toda la ciudadanía, independientemente de los recursos económicos que la persona tenga. El pasado viernes, la asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), de la que la Asociación Libre de Abogados (ALA) forma parte, y la European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) celebraron en Madrid un coloquio para tratar los problemas que la ciudadanía europea tiene cuando precisa acudir a la administración de justicia.
Abogados, abogadas y miembros de movimientos sociales estatales y comunitarios pusieron sobre la mesa las innumerables dificultades que tenemos para acceder a esta administración y las que surgen a lo largo del proceso judicial. Son obstáculos que ahondan en una administración de justicia para pobres y otra para ricos, donde la cobertura de la asistencia jurídica gratuita en muchos casos ni es gratuita ni cubre todos los ámbitos. En nuestro país, por ejemplo, la vía administrativa –que corresponde a las sanciones que vendrán con la Ley Mordaza– quedan sin asistencia por parte del Estado.
El debate que subyace detrás de todas las modificaciones que el Ministerio de Justicia ha venido aplicando durante los últimos años –como los recortes en el turno de oficio y en los servicios de orientación jurídica o la implantación de las tasas judiciales, entre otras– evidencian que no se concibe el acceso a los juzgados y tribunales como un derecho fundamental de la ciudadanía tal y como nuestra Constitución establece (art. 24). ¿Acaso se tiene que acreditar la falta de ingresos para ir a un médico de la Seguridad Social? ¿Por qué, en cambio, sí hay que acreditar esta falta de ingresos a la hora de acceder a la asistencia jurídica? Algunos dirán que para evitar un uso abusivo del servicio, pero es exactamente el mismo argumento que viene utilizándose para justificar los recortes.
En el coloquio se abordaba este tema desde dos perspectivas: desde la mirada de los y las ciudadanas, por un lado; por otro, desde la mirada de los y las abogadas. Por lo que atañe a nuestro país, se detectaban deficiencias en los servicios prestados a través del turno de oficio, trabas económicas a la acusación popular (tasas, fianzas y costas del proceso), la falta de cobertura de la asistencia jurídica gratuita, la precarización de los y las profesionales y otros obstáculos relacionados con la falta de independencia judicial. Con carácter general, la administración de justicia se percibe como inaccesible para la población más desfavorecida, rodeada de una burocracia difícil de entender y que la hace ineficiente. De nuevo encontramos como trasfondo el hecho de que los Estados no perciben el acceso a la administración justicia como un derecho fundamental, como lo pueda ser la educación o la sanidad.
En particular, y aunque en general la administración de justicia y la cobertura de la asistencia jurídica gratuita se considera ineficiente e insuficiente, hay datos interesantes si ponemos en relación el sistema aplicado en el Estado español y la práctica en otros Estados europeos. Por ejemplo, en países como Alemania se puede elegir al profesional del turno de oficio que se hará cargo de tu asunto en lugar de estar sometido “al que te toque”, como ocurre en nuestro sistema. Esto introduce incentivos que pueden redundar en la calidad del servicio prestado. En Reino Unido, por su parte, nos llamó la atención que la compañera abogada explicara que la tasa a pagar en el ámbito penal es mayor si el acusado se declara inocente, de forma que “sale más barato” ser culpable, generando aberraciones jurídicas que pasan por decidir declararse inocente o culpable en función de los recursos económicos de los que se disponga.
Resulta significativa la analogía de lo que está sucediendo en todos los países europeos representados en el coloquio. El incremento de la represión a la protesta social y hacia cualquier voz crítica no es algo exclusivo de nuestro Estado, tampoco la percepción de que desde el poder judicial se ejerce la defensa de los intereses del sistema imperante. Los conflictos sociales son reducidos mediáticamente a un problema de orden público sin ahondar en sus causas, reprimiéndose duramente –y generando en consecuencia un incremento de los procedimientos– y legalizando esta represión. Mientras en España se aprueban la reforma Código penal, la Ley Orgánica de protección y seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada, en Bélgica, días antes de se celebre una movilización ciudadana, se ordenan arrestos preventivos de aquellas personas que se considere que puedan tener una participación activa o no deseada en dicha acción.
Queremos que los Estados cumplan con sus obligaciones y consagren el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Que garanticen que la asistencia jurídica llega a todas las personas, siguiendo unos estándares de calidad y con condiciones dignas para los profesionales que la prestan. Queremos, en definitiva, que deje de haber una “justicia para ricos” y “una justicia para pobres”.
SILVIA YAÑEZ MATESANZ
Artículo publicado en Diagonal
