El TSJM condena a la diputada autonómica Isabel Serra. Una degradación de la presunción de inocencia

Nos acaba de notificar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia por la que se condena a la diputada autonómica, Isabel Serra Sánchez, por los delitos de atentado, lesiones leves y daños (y se le absuelve del delito de desórdenes públicos por el que venía siendo acusada). De acuerdo con la resolución, queda acreditado que el 31 de enero de 2014 nuestra defendida se encontraba presente en la calle Tribulete, situada en el corazón del madrileño barrio de Lavapiés y protagonizó una serie de agresiones hacia los agentes de la autoridad que se encontraban ejecutando el desahucio de la vivienda de un vecino del barrio.

Los hechos probados de la sentencia se sustentan exclusivamente en la declaración de algunos agentes de policía, que sostienen una versión de lo ocurrido contraria a la de la acusada y otros testigos. Para llegar a esta conclusión, lo que hace el tribunal es otorgar un plus de credibilidad a los funcionarios intervinientes en detrimento del resto de testigos, pese a que la doctrina del Tribunal Supremo respecto del valor probatorio de sus declaraciones es clara: “cuando éstos intervienen como víctimas, no resulta aceptable que las manifestaciones policiales tengan que constituir prueba plena y objetiva de cargo, destructora de la presunción de inocencia por sí misma, habida cuenta la calidad, por razón de su condición de agente de la autoridad, de las mismas. Y no puede ser así porque cualquier sobreestimación del valor procesal de las declaraciones policiales llevaría consigo de modo inevitable la degradación de la presunción de inocencia de los sujetos afectados por ellas. De manera que las aportaciones probatorias de los afectados agentes de la autoridad no deberán merecer más valoración que la que objetivamente se derive, no del a priori de la condición funcionarial de éstos, sino de la consistencia lógica de las correspondientes afirmaciones”.

A la vista de esta línea jurisprudencial, no podemos sino ocultar nuestra sorpresa y decepción ante la decisión del TSJM, dado que la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoyaba en ninguna prueba objetiva (fotografías o vídeos), sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios.Algunos agentes de la Policía Municipal de Madrid declararon en el juicio oral haber sufrido insultos y agresiones por parte de Isa, pero éstas se trataban de declaraciones de carácter muy genérico, en las que no se individualizó en ningún momento la conducta de la diputada, ni se precisó su intervención concreta. Siempre hemos achacado estas imputaciones a un error de identificación. Tal y como recordamos en vía de informe al final del juicio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que para que la declaración de una víctima (en este caso los agentes) constituya una prueba de cargo, (1) la persistencia incriminatoria ha de ser clara, precisa, concreta y reiterada en el tiempo y (2) debe apoyarse en algún elemento periférico a su propia declaración. Y, como se mostró en la fase de prueba documental del juicio, el material audiovisual (fotografías y vídeos) no sólo no corrobora la versión de los agentes, sino que la desacreditan: no se ve a Isabel confrontar con los funcionarios en ningún momento. Más bien lo contrario; los vídeos y fotografías aportadas a la causa acreditan que ella no se encontraba presente durante buena parte de la mañana del 31 de enero de 2014, que ella no adoptó en ningún momento y papel de líder y la muestran rehuyendo del conflicto durante el tiempo que se encontraba en el lugar de los hechos.

La sentencia no es firme y todavía cabe la posibilidad de interponer recurso contra la misma, lo cual esta defensa hará sin duda. No hemos terminado de pelear por la absolución de Isa y por el respeto a sus derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra la presunción de inocencia.