202005.10
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Podcast: Covid-19 y cárcel (Irola Irratia)

Se extiende como un fuego salvaje”. Así es como se refiere The New Yorker a la expansión del coronavirus en prisión. “La cárcel es más segura que el exterior mientras no entre el virus. Una vez que entre, lo cual es inevitable, se extenderá como un incendio descontrolado”, explica.

Sabemos que el virus, por lo general, es muy contagioso, que no alberga demasiado riesgo para la mayoría de las personas (el 80% de las contagiadas cursan síntomas leves) pero cuenta con una tasa de mortalidad considerable para gente vulnerable (personas de más de 60 años y/o con patologías previas). Asimismo, un porcentaje suficientemente alto de contagiadas necesita cuidados intensivos como para saturar el sistema de salud si se extiende de manera amplia.

Pues bien, precisamente en prisión es donde más se acumulan las personas consideradas vulnerable, es decir, población de riesgo: personas enfermas, personas mayores, drogodependientes, personas que provienen de la pobreza extrema, que cuentan con patologías, etc. Una epidemia dentro de los muros podría suponer una auténtica masacre. Incluso la Orden INT/227/2020, dictada por el Ministerio del Interior el 15 de marzo, reconoce que los internos son un “colectivo vulnerable”, por lo que suspende todas las comunicaciones presenciales y todos los permisos, lo que objetivamente aumenta la penosidad de la permanencia en prisión y ya ha originado algunas protestas.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 23 de marzo una Guía dirigida a los Estados en la que recomienda tomar una serie de medidas para abordar la crisis del Covid-19 dentro de los establecimientos penitenciarios.

Concretamente, advierte que “el esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a las medidas de control de la infección dentro de las cárceles”. Entre las distintas medidas que contempla y entiende deben ser adoptadas de inmediato, destaca “la valoración cuidadosa del posible recurso a medidas no privativas de libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal”.

En este mismo sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, en su declaración a los Estados, urge igualmente a realizar un “mayor uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional”.

Entre las medidas para proteger la vida e integridad de las personas presas que se podrían adoptar, se encuentran las siguientes: (1) la libertad de todos los presos preventivos (el 15% de todas las reclusas y reclusos) pues no han sido juzgados aún y, al menos técnicamente, son inocentes, (2) la libertad de las personas mayores (que son población de riesgo), (3) la libertad de todas las embarazadas (4) y de personas que sufran algún tipo de dolencia o patología (que también están en peligro), (5) reforzar la plantilla médica de todos los centros, (6) dotar a presos y funcionarios de material de protección individual y colectiva, (7) suspender o indultar todas las penas cortas y (8) aplazar todas las penas de personas presas que no cuentan con riesgo de fuga (por tener domicilio conocido y familia que dependa de ellos), para que se puedan ir a casa hasta que termine la pandemia.

El pasado domingo 10 de mayo, se celebró, a lo largo y ancho de las ondas libres, el Primer Cadenazo Ibérico. La radio libre vasca Irola Irratia participó con un especial sobre Covid-19 y cárceles, en el que hablan de las necesidades actuales del movimiento anticarcelario, de las medidas instauradas para el control de la pandemia, de la falta de material y los recursos para una atención de las personas con todas las garantías. Lo hacen dando dando voz a presas, familiares, abogadas y médicos.

Nosotras hemos aportado nuestro pequeño granito de arena, enviando un breve audio de apenas tres minutos en el que explicamos las consecuencias de la falta de medios para combatir el Covid-19 en prisión: la falta de medidas de protección individual y colectivas para presos y funcionarios, la no realización de tests y los recortes en derechos de las personas presas.

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