Ayer fue desalojado el “Espacio Vecinal Okupado y Autogestionado LA CANTERA” (EVOA La Cantera). Sin duda dicho desalojo es uno más dentro de la cruzada de criminalización de los movimientos sociales en la que se ha enrolado la Delegada de Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes (@ccifuentes). Sin embargo algunas de las cosas que sucedieron en el mismo, judiciales, policiales y prácticas, nos obligan a redactar esta reseña por considerar que muchas de las denuncias que venimos llevando a cabo últimamente tornan visibles en lo acontecido ayer.
El desalojo se ha llevado a cabo sin que constara a ninguno de los afectados ni a su representación legal la existencia de una denuncia previa presentada por la propietaria del edificio (Banca Cívica), sin que se haya llamado a declarar a ningún denunciado y lo que es peor, sin que en ningún momento se haya mostrado a nadie el auto judicial que habilitaba dicho desalojo, lo cual es sin duda manifiestamente irregular y síntoma de la garantía de impunidad con la que cuentan los agentes de la autoridad en este tipo de operativos. La ausencia de garantías procesales no sólo tiene gravísimas implicaciones jurídicas para los desalojados sino que además manda el un mensaje inequívoco: cualquier medio es válido para la guerra que desde las instituciones se está llevando a cabo contra los movimientos sociales.
La biografía de el “EVOA La Cantera” no es muy distinta a la de los numerosos centros sociales que han ido proliferando en todo el estado español a lo largo del último año, muchos de ellos nacidos al calor reivindicativo del “movimiento 15M”. Al amparo de la asamblea popular de Vicálvaro (Madrid), el edificio que albergaba “La Cantera” fue recuperado para el barrio después de años de abandono, desarrollándose en su interior diversas actividades culturales y artísticas que venían a cubrir las numerosas carencias dotacionales que la administración municipal no podía, no sabía o no quería suplir. Así durante los algo más de cinco meses que ha durado la eficaz autogestión del espacio, se ha establecido en el mismo una biblioteca, un gimnasio, un laboratorio fotográfico o actividades para niños, entre otras numerosas actividades.
Lo que esta mañana la Policía Nacional, por orden del juzgado de instrucción nº 44 de Madrid y a petición de la entidad bancaria “Banca Cívica”, ha desalojado no es sólo un puñado de personas y servicios puestos a disposición de los y las vecinos y vecinas en un barrio donde apenas hay, sino una apuesta que hemos venido construyendo entre todos y todas para cambiar nuestra visión sobre lo que queremos construir, sobre lo que nos es común.
Así, hacia las 7 de la mañana una dotación policial acompañada de dos guardas jurados de la empresa PROSEGUR han hecho acto de presencia en el inmueble. Tras comprobar que no había nadie han procedido a echar abajo la puerta de acceso y varios operarios de la empresa Brick O´Clock han comenzado a tapar los accesos al edificio. Poco tiempo después numerosas personas participantes del espacio y de la asamblea popular se han concentrado frente al edificio, lo que ha conllevado un incremento de la presencia policial con dos dotaciones de la UIP (antidisturbios), algunos de los cuales llevaban el número de identificación profesional (NIP) dado la vuelta para dificultar su lectura, circunstancia que puesta de manifiesto por el letrado del colectivo ha conllevado que le sea requerida la documentación personal, sin duda con una marcado objetivo intimidatorio. Tanto el abogado como las personas concentradas han requerido al responsable del operativo la resolución judicial habilitante para llevar a cabo el desalojo del inmueble, información que pese a ser preceptiva les ha sido negada bajo la excusa de desconocer tanto la resolución como el juzgado que la ha dictado, y derivando a la Brigada de Información Provincial, que también ha negado disponer de la misma.
En este orden de cosas es importante precisar que es preceptivo durante un desalojo exhibir la orden judicial que lo habilita, siendo irregular el que no esté hecho conforme al procedimiento establecido. Asimismo además no ha habido comunicación previa de la denuncia ni del procedimiento judicial abierto, por lo que ha sido imposible dirigirse a instancia judicial alguna en busca de amparo, explicación o cuanto menos información, ni en momento alguno el órgano instructor que ha dispuesto la medida cautelar de desalojo ha tenido a bien escuchar a los denunciados, lo que sin duda atenta contra sus derechos más básicos.
Mientras todo esto ocurría, el personal de la empresa contratada para tapiar el recinto (Brick O´Clock) ha ido sacando objetos del inmueble y los ha introducido en vehículos particulares. Ante tales hechos, algunos miembros del colectivo han reconocido entre los objetos que estaban siendo extraídos del centro varias herramientas y ropa de la “tienda gratis” que pertenecían al espacio autogestionado, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto a los agentes policiales, lo que ha derivado en el registro de uno de los vehículos de los operarios, en concreto el del cerrajero, donde se le han requisado numerosas herramientas y objetos, que según los presentes eran propiedad de personas que participaban en las actividades del centro social. Ante tal circunstancia dicho operario ha sido finalmente denunciado por robo y los objetos presuntamente sustraídos trasladados a comisaría en concepto de depósito judicial. No podemos no hacer mención a lo simbólico de que alguien, en un desalojo, se dedique a privatizar objetos que son del común, es decir que en cierto modo también eran un poco suyos antes: hay pocos actos tan tristes como robar en una “tienda gratis”.
Sin duda, la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo todo el procedimiento judicial, la irregularidad con que el dispositivo policial ha actuado, no queriendo enseñar la orden de desalojo ni comunicando el Juzgado que la ha dictado, y el hecho de que las personas contratadas para tapiar el edificio han acabado siendo denunciadas por robo, puede que conviertan el desalojo del EVOA La Cantera en uno de los más “rocambolescos” de la historia de la ocupación madrileña.
En cualquier caso con dicho desalojo Madrid pierde un espacio de esperanza, autogestión y libertad más, y nuestro sistema democrático y de derecho declara que funciona desde la imposición y la falta de transparencia en la guerra que ha declarado a los movimientos sociales madrileños.
Podemos concluir que el desalojo del “EVOA La Cantera”, si bien puede que no haya sido ilegal en sentido estricto sin duda ha sido manifiestamente irregular, lo preocupantes es que si se tolera lo “irregular” en la actuaciones policiales o/y judiciales ¿cuál será el siguiente paso?.
