Los datos de la okupación: mitos y realidades

Por Dani Domínguez. Publicado en La Marea (primera parte, segunda parte y tercera parte)

“Es el tiempo del miedo” (Eduardo Galeano)

“Prácticamente cada día les contamos historias de propietarios que tienen sus viviendas okupadas”. Así reconocía Matías Prats el sábado 15 de agosto a mediodía la apuesta informativa de Antena 3 por los casos de okupaciones. También lo hacía Lorena García en Espejo Público el jueves 13: “Hablamos ahora de okupación, un problema que nos preocupa prácticamente a diario en este programa”. Y así fue durante esa semana: en Espejo Público se habló de estos casos de lunes a viernes; en los informativos, tanto al mediodía como por la noche, aunque descansaron el domingo.

El lunes de la semana pasada, los titulares se centraron en la ‘Alerta okupación’ y en los ‘Okupas impunes’, con declaraciones de varios agentes que aseguraban sentirse “atados de pies y manos” y reclamaban un cambio legislativo. Un cuarto de hora en Espejo Público y prácticamente dos minutos en cada informativo, con noticia en el sumario inicial incluida.

El martes, el leit motiv eran los ‘Okupas con abogados’, a raíz del vídeo viral en el que una mujer pedía a unos vecinos que se pusieran en contacto “con el abogado”. Poco después, explicó a Cuatro que se trataba de un “malentendido” ya que ella no había usurpado ninguna vivienda, sino que estaba asesorando a una familia en situación muy vulnerable: “Esto era una excepción porque esta vivienda estaba abandonada desde 2013”, argumentó. Tras el acoso que sufrió en las redes anunció este lunes a ‘El Mundo’ que pensaba irse al extranjero.

Ese mismo martes también conectaron con el mundo rural para conocer a los ‘Okupas en Toledo’ que tienen “invadidos” varios pueblos en la región. Casi 20 minutos en Espejo Público y otros dos en cada informativo; de nuevo, sumario mediante.

El miércoles, conexión desde Cubelles (Barcelona). Música de tensión y voces distorsionadas de vecinos que aseguraban estar “viviendo un auténtico infierno”. Uno de ellos rompe a llorar. 12 minutos en Espejo Público –que ese día titula el vídeo en Atresplayer con este caso– y tres minutos y medio entre ambos informativos, que a continuación siguen con información sobre delincuentes que roban a turistas.

El jueves, alternan ‘Los políticos y okupas’ y ‘Okupan su taller’. Hablan Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. El primero propone ir a la raíz del problema para poder atajarlo, poniendo en el mercado vivienda social asequible; Villacís defiende que hay que echarlos. Mismo vídeo del día anterior en el que un señor llora de impotencia. Después, el propietario del taller que da título a la segunda pieza cuenta su lucha por recuperarlo. Nueva noticia: en Badalona, el Ayuntamiento dota a la policía de drones con cámara que lanzarán mensajes y vigilarán a los okupas. Por la noche, antes y después de la ración diaria de okupas, noticias de robos y de asaltos a turistas. Más de media hora en Espejo Público y dos minutos en cada franja de informativo.

El viernes, vuelve el ‘Dron cazaokupas’ y una usurpación durante una reforma. Antes, pintadas vandálicas en los trenes. 27 minutos en Espejo Público y tres minutos y medio en los informativos.

El sábado termina la ‘semana de la okupación’ en Antena 3 con ‘La batalla legal contra los okupas’, un reportaje en el que los registradores de fincas piden un endurecimiento de la ley. Casi dos minutos.

En contraste, en La Sexta –perteneciente al mismo grupo de comunicación que A3–, el tiempo dedicado a la okupación durante la misma semana fue bien diferente: 0 minutos. Una simple búsqueda en Google da el mismo resultado: la palabra “okupa” aparece 0 veces en lasexta.com en la última semana; el mismo término, en antena3.com, arroja 15 noticias en los últimos 7 días. Este medio ha tratado de contactar con Atresmedia para conocer esta diferencia entre un canal y otro, sin haber recibido respuesta por parte de la corporación.

La abogada Alejandra Jacinto señalaba en una columna en eldiario.es la cantidad de tiempo que las televisión estaba dedicando a este tema. Jacinto explicaba cómo los medios de comunicación son capaces de “hacer noticia” de cualquier tema para paliar la presunta sequía informativa que suele darse en el verano. Sin embargo, no comprendía cómo este verano, en mitad de una crisis sanitaria, se ponía el foco en el fenómeno de la okupación “sin explicar sus causas, y con una falta de rigor considerable” tildando de la misma manera un allanamiento de morada, la entrada en una vivienda abandonada de un fondo buitre, el caso de un inquilino que no puede pagar una subida en el precio de la renta u otros casos que acaban en el mismo saco informativo.

De esta forma, un problema –que existe, y negarlo, además de faltar a la verdad, es contraproducente para quienes defienden la ocupación como alternativa al problema de la vivienda– acaba por convertirse en el problema. Matías Prats aseguró que “prácticamente cada día” cuentan “historias de propietarios que tienen sus viviendas okupadas”. La realidad no es así, puesto que la mayor parte de las informaciones que esa semana aparecieron en A3 estaban relacionadas con vecinos que se quejaban del problema que vivían en sus barrios. La aparición de propietarios fue prácticamente nula.

Los datos demuestran que la okupación de viviendas de particulares es minoritaria. “Hay que señalar que la probabilidad de que alguien ocupe tu casa habitual es prácticamente nula”, explican en la web de VMS Abogados. Una opinión que sostiene también Naomi Abad, abogada de Red Jurídica, que asegura que casi la totalidad de casos que ella ha llevado “han sido casas de bancos y casas abandonadas”: “Hay que luchar contra el mito de que la gente okupa casas de particulares, porque no es así”.

El negocio del miedo

La televisión tiene la capacidad de crear climas de opinión. El sociólogo Enrique Gil Calvo, autor de ‘El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbre y medios de comunicación’ (Alianza Editorial, 2003) defendía hace casi dos décadas que estábamos asistiendo a un incremento de la alarma social en Occidente, tanto a través de “malas noticias sobre lo que ya ha sucedido como con malos anuncios de posibles sorpresas escalofriantes que podrían estar a punto de ocurrir”. Un estudio de Jesús María Osés Gorraiz y Aritz Bermejo Ayestarán, de la Universidad Pública de Navarra, sobre ‘El miedo en los informativos de televisión’ demostraba que “los informativos con mayor porcentaje de ítems nega­tivos son los de Antena 3 (61,72%), seguidos de cerca por los de Telecinco (59,34%) y a distancia por los de TVE 1 (48,31%)”.

El potencial del miedo es infinito. “El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social”, explicaba Eduardo Galeano en 2006. Solo hace falta que la demanda crezca “tanto o más que los delitos que la generan” y que los expertos aseguren que así seguirá siendo. De esta forma florecerá el negocio del miedo “mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo”.

Y así, empresas como Securitas Direct abren su web con un mensaje claro: “Protégete frente a la ocupación con Securitas Direct”. En 2018, los robos con fuerza en las viviendas fueron 9 veces más numerosos que las okupaciones –107.188 frente a 12.214 usurpaciones, siendo el 80% de estas en viviendas de bancos o viviendas abandonadas, según varios estudios–. Pero el clima de opinión generado por los medios de comunicación hace que para las empresas de seguridad sea más eficaz hacer referencia a las okupaciones que a los robos. Algo que parece haber cambiado en los últimos años, ya que en 2017 la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) pidió la retirada de un anuncio de alarmas por utilizar el miedo al robo de una forma desproporcionada.

Pero no solo cabe apuntar al miedo como fin, sino también al sensacionalismo como arma económica para los propios medios que buscan aumentar sus audiencias. Como bien explicaba Pierre Bourdieu en ‘Sobre la televisión’, la crónica de sucesos “siempre ha constituido el pasto predilecto de la prensa sensacionalista; la sangre y el sexo, el drama y el crimen siempre se han vendido bien, y el reinado de las audiencias tenía que hacer que ocuparan las portadas de los telediarios”.

En estos momentos, las okupaciones se han convertido en las reinas de los sucesos, porque remueven por dentro y porque tocan uno de los tótem de las sociedades actuales: la propiedad privada. “Pero al privilegiar los sucesos y llenar ese tiempo tan escaso de vacuidad, de nada o casi nada, se dejan de lado las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano para ejercer sus derechos democráticos”.

Datos de la Okupación: Mitos y realidades

Un total de 14.621 inmuebles fueron usurpados en 2019, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), del Ministerio del Interior. Ello supone una media de 40 al día y 2.407 más que el año anterior. En el primer semestre de 2020 (enero-junio) la cifra es de 7.450, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 7.093 las viviendas okupadas. Un año más, vuelve a crecer.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, en su informe de 2019, recoge en el Capítulo IV sobre la evolución cualitativa de la criminalidad del área penal que las incoaciones de procedimientos relacionados con usurpaciones han sufrido “un descenso significativo que continúa la línea emprendida en el ejercicio pasado y que, sobre todo, viene a reflejar una caída en los supuestos de okupación de viviendas contra la voluntad de sus propietarios”, solo en los procedimientos penales.

Según explican en la memoria –de 2019 y, por tanto, previa a la crisis generada tras la pandemia de la COVID-19–, “tal resultado se podría asociar a la situación económica general y deducir que en momentos de recuperación y mayor estabilidad se reduce la okupación de viviendas desocupadas e incluso de las segundas viviendas en zonas costeras”. Esto habría supuesto una disminución de un 6,5% en las incoaciones y más del 27,5% en las calificaciones, respecto del anterior ejercicio: “Con ello se puede constatar la consolidación de un cambio de la tendencia”, recalcan.

Respecto al número total de viviendas okupadas, los datos varían dependiendo de la fuente y no se encuentran actualizados a fecha de hoy. Uno de los estudios más referenciados por los medios de comunicación es el que elaboró el Instituto Cerdà en 2017 y donde se cifraba en más de 87.500 las viviendas okupadas en todo el Estado.

En el patronato de la organización se encuentran varios miembros que están o han estado vinculados a bancos como La Caixa o Banco Sabadell, entidades con numerosos intereses inmobiliarios. Es el caso de Jordi Mercader Miró, vicepresidente del Institut Cerdà y vicepresidente de La Caixa entre 2008 y 2012, una de las compañías que más desahucios ejecutó durante los años más duros de la crisis según el libro Vidas hipotecadas, de Ada Colau y Adriá Alemany. A pesar de ello, el director general de CaixaBank aseguró que los desahucios eran “una leyenda urbana”, unas palabras por las que tuvo que pedir disculpas.

Otra de las fuentes más citadas, es el Grupo VPS, cuyas estimaciones son similares a las del Institut Cerdà aunque prevén que pueden alcanzar las 100.000. Según se explica en su propia web, VPS Group es “la primera empresa en ofrecer soluciones temporales de seguridad para inmuebles deshabitados, entre las que se encuentra la puerta antiokupa”; es decir, se trata de una empresa con claros intereses en este ámbito. No obstante, la compañía reconoce que el 80% de los inmuebles okupados “pertenecen a entidades financieras”.

Esto supondría que las usurpaciones de viviendas de particulares –las que más titulares copan en los medios de comunicación– quedarían reducidas a 20.000 en la actualidad. Siguiendo con esta misma estadística, en 2019, de los 14.621 inmuebles a los que hace referencia el Sistema Estadístico de Criminalidad, unas 3.000 serían propiedad de particulares. La cifra se podría reducir aún más si aplicamos una segunda variable a la que hace referencia el estudio del Institut Cerdà: las okupaciones conflictivas suponen entre el 10 y el 25% del total.

Parque de viviendas y desahucios

Según el Ministerio de Fomento, del cual depende la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, se estima que en España el parque de viviendas roza los 26 millones, de las cuales algo más de 19 millones son habituales. El último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) –elaborado en 2011 y que no volverá a llevarse a cabo hasta 2021– cifraba el número de viviendas vacías en 3,4 millones. Según explican en la web de VMS Abogados, “hay que señalar que la probabilidad de que alguien okupe tu casa habitual es prácticamente nula”.

Diferentes conceptos

La abogada Alejandra Jacinto señalaba en eldiario.es la “falta de rigor considerable” con la que se suelen abordar estos temas en los medios de comunicación sin hacer distinciones entre las diferentes tipologías.

Por un lado, tendríamos el delito de allanamiento de morada, que se aplicaría en el caso de la primera vivienda de un particular. Así lo explica el despacho de abogados Garón, “bufete especializado en Desahucios y Desahucios express”, en su web: “La diferencia entre el allanamiento y la usurpación de vivienda es que en el allanamiento la propiedad que se okupa está siendo usada por su propietario y en la usurpación no”. En estos casos, se aplica el artículo 202 del Código Penal, que lleva aparejado una pena de prisión que puede oscilar entre seis meses y dos años. Para que la policía pueda intervenir, la denuncia “se tiene que hacer en las primeras 24-48 horas” y “es conveniente que haya testigos que puedan dar cuenta de la okupación”, explican desde VMS Abogados.

El procedimiento cambia en el caso de no tratarse de la vivienda habitual, como pueden ser inmuebles destinados al alquiler o que se encuentran vacíos a pesar de tener dueño, etcétera. Aquí, la recomendación para los propietarios, según la mayoría de especialistas, es acudir a la vía civil e interponer una demanda de desahucio, ya que la policía no tiene autoridad para desalojar a las personas que se encuentren en el interior. Un proceso para el cual se requiere de un abogado/a, por lo que será preciso realizar un desembolso económico por los servicios.

El delito está tipificado en el artículo 245 del Código Penal. En este caso, los okupas se enfrentarían a una pena que va de los tres a los seis meses de cárcel siempre y cuando hayan accedido sin violencia a la vivienda; de lo contrario, la pena se vería agravada y podría verse aumentada hasta uno o dos años de cárcel. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero) tenía el objetivo de agilizar los trámites de la vía civil. “Antes de la modificación, al tratarse de un delito que se tramitaba mediante diligencias previas, los plazos se alargaban más porque había que pasar por diferentes fases. Y ahora sí que es cierto que todo va más rápido”, explica Naomi Abad, de Red Jurídica. [Para conocer más sobre tipología de las viviendas y de los delitos, te recomendamos leer este artículo de Maldita.es]

A pesar de esto, el proceso puede alargarse durante varios meses –de 3 a 5 meses según diversas fuentes, o incluso hasta un año, dependiendo de la carga de los juzgados–. Lo corroboran desde VMS Abogados: “Si llega a ser tu caso hay que reconocer que te esperan unos meses complicados”. En estos casos, la ayuda de los vecinos también puede ser primordial y se recomienda que interpongan una demanda por las molestias generadas por los okupas.

Los costes de sufrir la usurpación de tu vivienda

“Nos han dicho que en dos o tres semanas se van a ir de la vivienda”. Fabiola comienza a ver la luz al final de un túnel después de varios meses. Durante el estado de alarma varias personas usurparon la vivienda por la que pagaron una entrada en febrero. Ella, su pareja Gerard y sus dos hijos pequeños siempre habían vivido de alquiler, pero decidieron comprar ante la creciente subida de los precios del alquiler: “Compramos porque creemos que el mercado del alquiler no se autorregula y porque nuestros gobernantes no van a hacer nada”.

Su proyecto de vida en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se torció cuando les avisaron de que su casa había sido ocupada. Cuando los Mossos llegaron al inmueble no pudieron intervenir porque habían pasado las 48 horas que la ley fija como tope para aplicar el delito de allanamiento de morada. Además, aunque no había personas dentro de la vivienda, sí había signos de habitabilidad, algo que impide a la policía actuar. “Había incluso un perro medio abandonado en la terraza, sin comida y sin agua. Esto demuestra la calidad humana de esta gente”, explica.

“Desde entonces ha sido un infierno”, se lamenta. En ese momento, Fabiola y Gerard podían acudir a la vía civil o a la vía penal. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero) parece haber acelerado los plazos de la vía civil: “Si realmente los mecanismos son rápidos, esta será la alternativa más interesante, y no la vía penal por delito de usurpación”, explican desde Garón Abogados.

Pero para ello es necesario costear un abogado –que en este caso están pagando todavía los actuales propietarios de la vivienda–. Por este motivo, “la gente que no tiene recursos va por lo penal porque es gratuito. Pero no saben qué es lo que viene después”, advierte Fabiola. En su caso, le avisaron de que los plazos del desalojo podrían demorarse entre 3 y 5 meses, pero con la actual crisis sanitaria, podría llegar hasta un año.

“Nos está costando la salud mental, la tranquilidad, las vacaciones y las horas que no dedicamos a nuestros hijos”, se queja. Además, diferentes gastos extra, al tener que seguir pagando el alquiler mientras ya están pagando el préstamo al que accedieron para dar la entrada en febrero: “Si firmamos la hipoteca mientras seguimos teniendo que pagar el alquiler y el préstamo de la entrada, no llegamos a fin de mes. Es así como la gente queda en situación de vulnerabilidad y no quienes ahora están usurpando nuestra casa”.

Apoyo de una plataforma antidesahucios

Fabiola intenta no referirse a ellos como okupas, sino como usurpadores: “Esto es otra cosa; esto no es parte del movimiento okupa. Yo entiendo que quien tiene la necesidad hace lo que sea por vivir, pero esto no es una familia vulnerable. Si eres vulnerable vas a una casa de un fondo buitre y no a la casa de un particular”, se queja.

Por ello, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Plataforma 500×20, una organización antidesahucios de Vilanova i la Geltrú que lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad. Fueron ellos quienes desde entonces tratan de mediar con las personas que se encuentran en el interior del inmueble para que lo abandonen lo antes posible y así Fabiola y Gerard puedan hacerse con él y comenzar su nueva vida.

Ella se siente dolida debido a que este tipo de personas daña al movimiento okupa: “Mientras que no se satisfaga el derecho constitucional que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, tendrá que haber movimiento okupa. Pero esto no tiene nada que ver; se han creado mafias que se valen de este movimiento y de sus mecanismos para otra cosa”, explica denunciando que estas personas pidieron 5.000 euros para irse: “Tanto los propietarios actuales como nosotros coincidimos en decir que no, porque mañana iban a hacer lo mismo en otro sitio. Esto no es okupación, es allanamiento e intento de extorsión”.

Fabiola denuncia también la industria del miedo creada en torno a esta problemática. “Las empresas de alarmas no solo están haciendo más negocio por el miedo de la gente, sino que lo hacen con los propios extorsionadores, que instalan alarmas en las viviendas”, explica asegurando que las compañías no piden ningún documento que acredite que la persona reside de forma legal en ese inmueble. En la fachada de la suya, luce hoy el distintivo de Securitas Direct.

Si cumplen con lo apalabrado, en un par de semanas estarán fuera del inmueble. Pero, después de varios meses de lucha, Fabiola todavía no está convencida: “Hasta que no me vea con las llaves en la mano y dentro de la casa, no estaré tranquila”.

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Además de estos artículos, también nos cita en relación con este tema Martín Cúneo en su artículo «El fantasma de la okupación: agitar antes de usar» (El Salto)