202012.17
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¿Delitos antiguos o Código Penal obsoleto? España sigue sin solucionar sus problemas con la libertad de expresión

En un artículo publicado hoy en Público, el periodista Alejandro Torrús muestra que el nuevo Gobierno no ha tomado ninguna medida para evitar juicios y condenas por delitos de expresión: el castigo penal a las injurias a la Corona ha sido criticado por Estrasburgo, pero el PSOE votó en contra de despenalizar el delito.

En esta pieza, el periodista entrevista a juristas y expertos que señalan que el Congreso puede y debe atajar este problema mediante una reforma del Código Penal. “En una línea muy similar se explican otros juristas y expertos como la catedrática en Derecho Penal de la Universidad Jaume I y miembro de la PDLI Marisa Cuerda o los juristas Isabel Elbal (Boye&Elbal) y Daniel Amelang (Red Jurídica). Los expertos recuerdan que el cometido de los jueces es hacer cumplir la ley y que es responsabilidad del poder legislativo cambiar, modificar o crear esa ley. Por tanto, si hay artículos en el Código Penal que pueden estar obstaculizando en el derecho fundamental a la libertad de expresión lo lógico sería eliminarlos o modificarlos en el Código Penal y no esperar a la interpretación que puedan hacer los jueces o el Tribunal Constitucional“, explica.

En este artículo, en el que nos da voz, manifestamos que en los últimos años se han ido formulando propuestas “nada utópicas” que podrían ser asumidas por cualquier Gobierno con voluntad de dar solución al problema descrito. “El jurista de Red Jurídica pone como ejemplo la publicación editada en 2019 por el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo conformado por académicos, jueces, fiscales y abogados“, dice.

Entre las propuestas de esta publicación se encuentran la despenalización de los delitos de injurias; la restricción de los delitos de calumnias a su comisión con publicidad; la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos; y la limitación de los delitos de odio y de enaltecimiento a la incitación pública a cometer delitos contra grupos vulnerables.

Para leer el artículo de Alejandro Torrús, pinchad aquí

Podéis leer más al respecto de la propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal pinchando aquí

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