Vivimos tiempos de cambios, de reformas, de desmantelamiento de un sistema de sociedad que creíamos inmutable, pero sobre todo vivimos tiempos de retrocesos. En concreto en el caso de la “Administración de ley” – y nótese que digo de ley y no de Justicia para no mancillar el nombre de tan noble institución – hemos retrocedido, usando como máquina del tiempo la famosa ley de tasas judiciales, al 12 de junio de 1959 fecha en la que se aprobó el decreto franquista que establecía este tipo de tributos. Hemos de poner de manifiesto, para escarnio, más si cabe, del ministro impulsor de esta ley, el Sr. Gallardón, que en muchos aspectos la actual ley de tasas es mucho más restrictiva que la vieja ley del régimen, puesto que en aquella por ejemplo el impago de la tasa no impedía la tramitación del expediente sino que únicamente abría la vía del procedimiento de apremio tributario.
Esta “Ley de Tasas” es sin duda uno de los mayores ataques que se ha producido en la historia de la democracia al sistema de acceso a la Justicia, pero sin duda no es el único.
El Sr. Gallardón desde que llegó a la cartera de ministerial ha fijado como objetivo de su mandato el reducir a toda costa y caiga quien caiga, el número de procedimientos que llevan los tribunales, pero claro en este caso los que están cayendo son los ciudadanos. La fórmula más fácil, más rápida y más poco imaginativa de conseguir ese objetivo y que además sea recaudatoria, es establecer un filtro económico para que los ciudadanos puedan acceder a la tutela judicial. El problema es que dicha medida choca de bruces con nuestro sistema constitucional y estoy seguro que así será declarado por el Tribunal competente para ello (Tribunal Constitucional), el problemas es que mientras eso ocurre serán ya muchos los ciudadanos que habrá sufrido un daño irreparable en sus intereses y bienes jurídicos.
En un reciente sondeo realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española se señalaba que un 62% de las personas encuestadas creían que va a existir una Justicia para ricos y otra para pobres. Yo, como no soy tan optimista, creo que a lo que se está tendiendo es a una Justicia para ricos sin más.
Tantos a las clases medias como a las clases mas desfavorecidas se las está cerrando el acceso al sistema de público de “Administración de Ley”. A las clases medias a través de la ya mencionada Ley de Tasas y a las clases mas desfavorecidas a través, por ejemplo, del desmantelamiento de los Servicios de Orientación Jurídica (S.O.J.)
Los S.O.J. son unos servicios públicos que las Comunidades Autónomas prestan a través de los Colegios de Abogados correspondientes en las mismas. En ellos se presta asesoramiento legal a todos los ciudadanos y se tramitan las solicitudes de beneficio de Justicia Gratuita a todo aquel que lo necesita. Si bien dicho servicio está abierto para todo tipo de ciudadanos, la realidad es que el mismo era utilizado en su inmensa mayoría por personas con escasos o nulos recurso, en situación de marginalidad o en riesgo de exclusión social.
La Comunidad de Madrid llevaba prestando este servicio desde 1986 y decretó su cierre el pasado 31 de diciembre, por lo que ha sido el propio Colegio de Abogados de Madrid quien ha restablecido el servicio a costa propia en febrero de este año, lo que supone en realidad una nueva privatización de un servicio público, en este caso de uno, tal vez el primero, relacionado con el ámbito de la Justicia, aunque no parece que vaya a ser el último si atendemos al anteproyecto de reforma del Registro Civil (por el que se cede a los registradores de la propiedad la gestión, entre otros, del Registro Civil).
Pero si se quiere rizar el rizo en lo que a ataques a la administración de Justicia se refiere, el círculo se cierra con la precarización laboral y profesional que vienen sufriendo los abogados del turno de oficio desde hace años, y que se ha agravado en la última época. La Comunidad de Madrid aprobó hace meses un recorte del 20% en la retribución de los abogados del Turno de Oficio, lo cual pone en una grave situación a estos profesionales, quienes además perciben estas cantidades con más de 6 meses de retraso en el mejor de los casos. La reducción acordada se aplica sobre cantidades vigentes desde hace más de 10 años y que no han experimentado variación alguna, por lo que pérdida del poder adquisitivo de los abogados del Turno de Oficio se sitúa entorno al 50%.
El problema de la Justicia en nuestro país es algo endémico. Arrastramos legislaciones anticuadas, procedimientos obsoletos, formas y fondos incompresibles para el ciudadano, deficiente formación de operadores jurídicos en general y carencia de medios materiales y personales. Papeleos, papeleo y más papeleo.
El Estado gasta en la “administración de ley” la mitad de presupuesto que el resto de países de nuestro entorno. También estamos por debajo de la media en número de funcionarios de Justicia pero sin embargo tenemos unos de los porcentajes de litigios más altos del mundo pese a tener unos de los niveles de criminalidad más bajo de Europa[1]. Como era de esperar, que tengamos una justicia con la mitad de recursos y el doble de pleitos lleva a un colapso fácil de imaginar, y hay dos formas afrontar esa paradoja, una apostar por una modernización e inversión en la administración (lo que implica poner dinero) y la otra establecer un embudo que dificulte el acceso a los tribunales de los ciudadanos y de esta manera reducir los pleitos, lo que no supone necesariamente reducir los problemas, puesto que sin duda se está abonando el siempre incierto y peligroso camino de la autotutela de los bienes jurídicos personales, o dicho en romano paladín “partir la cara al que nos deba algo”.
La “Administración de Ley” se consolidad cada vez más como el órgano de control social del gobierno, en una deriva cada vez más clara de este hacía la unificación de poderes, como así lo puso de manifiesto el propio Consejo General del Poder Judicial ante la reforma de dicho órgano que propone el ejecutivo.
Son muchas más la reforma que en el ámbito judicial y su administración se están operando y todas ellas, lamentablemente, para alejarnos cada vez más de una auténtica “Administración de Justicia” y seguir apostando por esa otra administración, la de ley, tan al gusto del liberalismo decimonónico.
EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
[1] Fuentes: Eurostat. Informe 2012 «European judicial Systems», del Consejo de Europa. Informe estadístico 2011 «La justicia dato a dato», del Consejo General del Poder Judicial. Memoria 2010 de la Fiscalía Anticorrupción. Los datos son de 2010 ó 2011
