La decisión de España a finales del pasado mes de marzo de extraditar al disidente argelino Mohamed Benhalima, acusado por “terrorismo” en su país natal, continúa siendo objeto de controversia. Los abogados de Benhalima hemos elevado una denuncia contra España ante Naciones Unidas por haber violado dos artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Benhalima, un exoficial del Ejército argelino, se halla actualmente en una cárcel de la ciudad de Blida y ha asegurado a sus abogados argelinos y sus familiares haber sufrido “abusos sexuales y torturas”. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional consideran que las acusaciones de terrorismo en su contra son falsas.
La extradición de Benhalima, que había pedido asilo en España pero le fue rechazado, se produjo tan solo unos días después de que estallará un conflicto todavía vigente entre Argel y Madrid después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez imprimera un giro a sus posición respecto al conflicto del Sáhara Occidental para abrazar las tesis marroquíes. Como respuesta, Argelia llamó a consultas a su embajador a Madrid. Algunos analistas interpretaron la extradición de Benhalima como un gesto para apaciguar la ira del Gobierno argelino.
El pasado 3 de agosto, Benhalima denunció al Reino de España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) a través de Red Jurídica por la vulneración de dos derechos fundamentales, los de no devolución y no discriminación. Entendemos que la responsabilidad del Ministerio del Interior español radica en que deseaba tanto deportar a Benhalima para satisfacer los intereses de Argelia (a cambio de qué, nos preguntamos) que evitó expresamente proteger sus derechos fundamentales:
a) Utilizó un procedimiento preferente para evitar el control judicial.
b) No empleó el procedimiento de extradición.
c) No inquirió a Argelia si pesaba alguna pena de muerte sobre él ni pidió ninguna garantía.
d) Ejecutó inmediatamente la expulsión
e) Requisó su móvil para impedirle avisar de la expulsión.
f) Contrató expresamente un avión para deportarle lo más rápido posible.
Igualmente, el Ministerio del Interior ha quebrantado el derecho a la no discriminación de Benhalima. En su acusación, la Policía mezcla deliberadamente los términos activista, musulmán, islamista, radical y terrorista con el fin de confundir al lector. Esta generalización de que las creencias musulmanas están conectadas y relacionadas con actividades terroristas sirve para perpetuar su estigmatización y retratarles como «reacias a integrarse en Europa y, por tanto, una amenaza a nuestra seguridad.»
Con esta denuncia deseamos que el Comité sea consciente de la impunidad con la que Interior y Policía Nacional han actuado y, además de condenar esta actuación, dicte recomendaciones para evitar que se repita y solicite una investigación sobre la misma.
Desde nuestro despacho no hemos podido hablar con el activista encarcelado directamente desde su extradición, pero ha podido contactar con familiares y representantes de Amnistía Internacional que sí que han podido mantener cierto contacto con él, “siempre con la presencia de un guardia”. La organización asegura que Benhalima lleva gran parte de todo este tiempo incomunicado, con apenas una hora diaria de patio, en condiciones de salubridad “lamentables” y que ha sufrido acoso sexual y torturas, “circunstancias que demuestran que todos nuestros temores eran ciertos”, unas advertencias “que el ministerio del Interior ignoró”.
Tal y como explica nuestro compañero Alejandro Gámez en un artículo de eldiario.es, “estamos ante un procedimiento muy largo, que puede durar años, y que evidentemente no va a servir para que Argelia libere a Benhalima, aunque nos dieran la razón”. Sin embargo, se pretende que el Comité contra la Tortura dictamine que España ha vulnerado derechos fundamentales y que esto no vuelva a suceder: “Existe una prohibición absoluta de expulsar a nadie a un país en el que puede recibir torturas, y España lo hizo, ignorando deliberadamente los indicios -incluso con advertencias por parte de Acnur- que advertían que ello era muy posible; y también se ha vulnerado su derecho a la no discriminación, puesto que no había ningún indicio que sustentara la acusación de Argelia de que Mohamed era terrorista, sino el simple hecho de que pertenece a una organización opositora (Rachad) en la que puede existir un ala radical, lo que sirvió para relacionarle a él con el islamismo y el terrorismo sin que hubiera ninguna prueba”.
Según Alejandro, se ha producido una “estigmatización” por ser musulmán y por “tener vínculos con alguien que tiene a su vez tiene vínculos con alguien que es radical”, así como por su pertenencia a Rachad, una organización opositora “muy potente” que solo es considerada terrorista por Argelia, donde ejerce de oposición: “Ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos, los considera terroristas. Puede haber algún miembro que sea islamista, evidentemente, pero de ahí a desprender que todos ellos son terroristas parece muy osado, pero se juega a ese juego, el de la estigmatización, relacionar musulmán con islamista; islamista con radical; y radical con terrorista, y eso es un peligro”.
Nuestros compañeros Alejandro Gámez y Eduardo Gómez, defensores de Benhalima, también lamentan que el ministerio del Interior utilizara para la deportación del activista argelino un procedimiento preferente, de carácter administrativo, -que permitió su expulsión en apenas nueve días- en lugar de utilizar la vía judicial. «El gobierno español maniobró subrepticiamente para lograr la devolución de Benhalima pese al riesgo de tortura que podía correr en Argelia«, afirma la denuncia que hemos interpuesto. De este modo que el poder Ejecutivo “esquivó” al Judicial en un movimiento que permite la ley pero que dejó a Benhalima sin mucha capacidad de maniobra: “Si había sospechas de delito se debería haber presentado una denuncia en sede judicial y si había una petición de extradición, también se podía haber recurrido a la Justicia para que dictaminara, sin embargo todo se hizo en apenas ocho días y sin que ningún juez viera el caso. Es más, a las 17.30 horas se le notificó la expulsión y dos horas después estaba ya a bordo del avión que le trasladó a Argelia”. Al respecto, apunta Gámez que nos notificaron la deportación a las 18.40 horas y presentaron alegaciones, “pero cuando el juez resolvió sobre nuestras alegaciones, Mohamed Benhalima llevaba cuatro horas en Argelia”.
El caso de Benhalima tiene un precedente un año antes, y es que lo que sucedió en su caso es idéntico a lo que sucedió con su compatriota Mohamed Abdellah. El también exiliar argelino fue deportado desde el CIE de Barcelona, donde protagonizó una huelga de hambre, y fue encarcelado “inmediatamente”.
A todo esto hay que añadir que Benhalima fue condenado a muerte el pasado mes de mayo, tal y como anunció la madre del activista. Se le imputan una serie de delitos como alta traición, peligro para la defensa o pertenencia a organización terrorista, aunque no creemos que Argelia vaya a ejecutar la sentencia ya que hace años que el país no ejecuta a ningún condenado. Sin embargo, esto no evita que temamos por su integridad: “De momento, sabemos que ha sido víctima de torturas y no sabemos qué más puede pasarle en un país en el que los presos políticos no tienen garantías”, explicó Alejandro a eldiario.es.
De esta noticia se han hecho eco eldiario.es (también en catalán), la AFP (en francés), Swiss Info, The Arab Weekly (en inglés), El País y un largo etcétera
