El régimen económico de la Fundación Franco

El Gobierno ha anunciado que trabaja para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) lo antes posible. Este compromiso no es nuevo, de hecho, colea desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, hace aproximadamente un año y medio.

La Ley 50/2002 sostiene que las fundaciones deben perseguir «fines de interés general» que han de beneficiar a grupos genéricos de personas. ¿Cumple con esta premisa una asociación que exalta la figura de un dictador? Evidentemente, nuestra opinión es que no.

La Fundación Francisco Franco nació en 1976 con la premisa de «difundir el legado y la obra» del caudillo en su «dimensión humana, militar y política» y defender sus «realizaciones» ante los medios de comunicación y las administraciones públicas. El presidente de honor es uno de sus bisnietos, Luis Alfonso de Borbón; aunque el bastón de mando lo ostenta actualmente el general Juan Chicharro, en la reserva desde 2010. La organización asegura que cuenta con «más de un millar de afiliados«, que son los que financian su actividad. Por si fuera poco, entre 2000 y 2004 el Gobierno de Aznar la premió con subvenciones directas de hasta 150.000 euros para «digitalizar su archivo«.

Hoy, Víctor López ha publicado un artículo en el diario digital Público titulado «La Fundación Franco y por qué todos pagamos sus donativos» en el que analiza las ventajas fiscales que tiene la Fundación Francisco Franco. En él, da voz a nuestro compañero Alejandro Gámez: «Los donantes, que no socios, porque las fundaciones no tienen socios, tampoco son los únicos que pueden desgravar un tanto por ciento a lo que han aportado. Las entidades también pueden firmar convenios de patrocinio y colaboración con empresas privadas y estas pueden hacer desgravaciones de hasta el 100%«.

La Fundación Francisco Franco está suscrita a este régimen y en 2017 intentó sacar adelante un acuerdo de colaboración con la Xunta de Galicia –por aquel entonces, en manos de Feijóo– para gestionar las visitas y el mantenimiento del Pazo de Meirás. En 2001 también firmó un convenio similar con el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de Aznar.

Por ello, los primeros 250 euros de donativo tienen un porcentaje de deducción del 80%. En cantidades superiores, Hacienda solo sufraga el 40%. Esto quiere decir que si un contribuyente realiza un donativo anual de 250 euros a la Fundación Francisco Franco, 200 euros [lo equivalente al 80%] los pagamos entre todas. Es decir, el donativo realmente lo estamos haciendo nosotras.

Las fundaciones tampoco declaran el Impuesto de Sociedades por los ingresos percibidos al entender la norma que su objeto es de interés público. «Además, tienen una serie de exenciones a nivel autonómico y sobre todo local a las que pueden acogerse«, señala Alejandro Gámez. La Ley 49/2002 considera que las entidades, para cumplir con este requisito, deben perseguir fines como la «defensa de los derechos humanos, las víctimas del terrorismo, la asistencia social e inclusión social» o «derechos cívicos, sanitarios, culturales, educativos y laborales«. Un despropósito.

Se puede leer el artículo completo aquí

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