201208.02
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El sano juicio, la mala ideología

Pese a que el 31 de agosto comenzará a implementarse el nuevo Real Decreto-Ley 16/2012, más conocido como el “Decreto de Sanidad”, ya son muchas las personas que están empezando a padecer las consecuencias que las nuevas medidas traerán a amplias capas de la población, debido a su aplicación directa y mediante instrucción en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la de Madrid. No se trata solo, como ha intentado astutamente difundir el gobierno, de recortar el derecho de atención a las personas migrantes (chivo expiatorio sin igual en contextos de crisis como el actual), sino del paso de un modelo de sanidad pública universal a otro donde sólo aquellas personas que accedan a la categoría de “aseguradas” podrán disfrutar de un derecho que debería ser inalienable a todas las personas. El lenguaje, poderoso como siempre, marca un cambio de tendencia: quienes éramos usuarios de un sistema de sanidad pública y universal seremos a partir de ahora asegurados de un sistema que diferencia en función de la renta los derechos a los que unos y otras tenemos acceso.

Desde distintas asociaciones se ha puesto de manifiesto que no debe ni puede quitarse a la población un derecho de la importancia del acceso a la salud, no solo porque es inmoral, sino también porque en términos de política sanitaria es del todo nocivo: es común considerar que negar la asistencia al sistema a amplios sectores de la población es exponernos a todas las personas a mayores riesgos de enfermedad y contagio.

Pero además es digno de considerar no sólo el contenido de la reforma sanitaria sino, una vez más, la forma con que se ha promulgado: el Decreto Ley que es una fórmula excepcional contenida en el Art. 86.1 de la Constitución que establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general”.

En rigor, el carácter de “urgencia” planteado desde el Gobierno está dado por una decisión de aceptar el mandato de los llamados mercados financieros y ser consecuente con una política de ajustes y recortes propios de la implementación de un modelo neoliberal de destrucción del Estado y la “cosa” pública. El Gobierno no solo no ha justificado la urgencia de su Real Decreto, sino que además el mismo no contiene medidas provisionales, sino de un cambio radical en las políticas públicas con modificación directa de distintas Leyes Orgánicas, cuyo rango es superior y, en puridad, no podrían ser modificadas por un Decreto Ley.

La fórmula del Decreto Ley, que el constituyente consideró excepcional, viene siendo la usada por los gobiernos para implementar políticas sin permitir que se debatan en el Congreso y el Senado, frente a la práctica de promulgación de leyes que debiera tener cualquier proceso democrático. Ésta y otras razones han sido las dadas por algunas Comunidades Autónomas para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma, sobre la que se deberá pronunciar el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, y sin entrar a considerar los criterios políticos que suelen contener las decisiones de este órgano, para cuando se dicte sentencia sobre la misma ya muchas personas habrán visto recortado su derecho a la salud y, dicho sea de paso, muchas contratas habrán hecho cantidades ingentes de dinero con el mismo.

Es también grave cómo el Decreto Ley viene a poner al personal sanitario en una disyuntiva vital, en una extrema contradicción. Quienes han decidido estudiar medicina han realizado un juramento hipocrático que entre otras cosas consagra que “la salud y la vida del enfermo serán las primeras” de sus ocupaciones. Y sin embargo, este Real Decreto pretende que nieguen la atención a las personas “no aseguradas”.

Hasta el momento no son pocas las iniciativas tendentes a minar las bases de este Real Decreto. Desde lo legal a través de diferentes Comunidades Autónomas que reclaman su inconstitucionalidad, pero esencialmente desde la acción colectiva de una ciudadanía que no se resigna a que una mera decisión política implique perder derechos para las generaciones que vendrán.

Entre ellas la iniciativa de objeción www.yosisanidaduniversal.net, creada por hombres y mujeres de sano juicio, dispuestas a pelear contra la mala ideología. Cara y cruz entre quienes defienden sus derechos, y quienes se empeñan en robarlos.

RED JURÍDICA ABOGADOS

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