Hemos recibido con tristeza, pero sin ninguna sorpresa la sentencia del TEDH sobre el caso Couso. A nadie se le escapa que vivimos tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario, y la sentencia dictada hoy por el TEDH es hija de estos tiempos. Y es por ello que, lamentablemente, causa poca sorpresa que se haya avalado hoy una modificación legislativa como la que se produjo en nuestro país hace 10 años y que permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados.
El caso Couso, alentado por el empuje incansable de su familia, llevaba más de 20 años navegando en las procelosas aguas de los juzgados y tribunales españoles, y ha ido a morir a Estrasburgo con una sentencia que avalan la impunidad de determinados criminales de guerra y ratifica la insoportable vacuidad del derecho internacional humanitario. Creemos que es una sentencia errónea, pero los jueces y juezas son humanos y también se equivocan (sí, también los de Estrasburgo), pese a ello no nos queda más remedio que acatar sus fallos.
No podemos dejar de recordar que cuando el Caso Couso entró en el TEDH nos enfrentábamos solo, y no es poco, a la maquinaria judicial del Gobierno español. Pero una vez que el Tribunal admitió el caso y decidió, contra todo pronóstico, tomarlo en consideración, la cosa se tensó a nivel internacional. Solo así se explica que en 2021 el Gobierno Británico decidiese solicitar al TEDH ser parte en el procedimiento, alegando, entre otras cosas, que el resultado de esta causa «podría afectar a la voluntad y la capacidad de los Estados para participar en operaciones militares multilaterales en el extranjero”(sic). Es decir, el Gobierno Británico estaba preocupado porque si se estimaban nuestras pretensiones, tal vez nadie querría ir a la guerra con ellos a riesgo de que se pudieran investigar y juzgar los crímenes que allí se cometieran por parte de sus tropas. Sin duda una razón (de estado) aplastante.
Ni al Gobierno español, ni al Británico, ni a ningún gobierno del mundo le interesa la existencia de una jurisdicción universal absoluta. Ningún gobierno del mundo quiere que se aplique de manera eficaz la IV Convención de Ginebra. Y eso pese a que hasta hace apenas 10 años España estaba a la vanguardia de la aplicación coherente, y más o menos rigurosa, de dicha convención y durante varios años dicha aplicación estuvo funcionando sin demasiados sobresaltos mientras los acusados pertenecían a países como El Salvador o Guatemala, pero que comenzó a «complicarse» cuando las denuncias se empezaron a interponer contra Israel, Estado Unidos o China. David solo vence a Goliath en La Biblia porque la han escrito los vencedores.
No obstante, no todo está perdido. Solo hace falta, y es todo, voluntad política para volver a la senda de una una jurisdicción universal respetuosa con los convenios internacionales y los derechos humanos, y no una a la medida de los países a los que, como a Estados Unidos, Rusia, China, Israel o incluso España, no les interesa que sus criminales de guerra no tengan una sola piedra en todo el planeta bajo la que esconderse.
Seguiremos trabajando, como hasta ahora, para levantar esas piedras, y desde ya volvemos a solicitar al Gobierno la modificación del art. 23.4 de la LOPJ referido a los criterios de competencia del estado español sobre crímenes internacionales.
