201602.24
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¿Escracheador o escracheado?: Los casos de Cifuentes, Barbero y la PAH.

Últimamente parece que la bilis tiene noqueada a la palabra y al diálogo. Las noticias se van sucediendo a gran velocidad, el nivel de análisis es intencionadamente ligero y las redes se inundan de titulares que luego utilizamos unos contra otros consiguiendo tantos “me gusta” como invisibles “te odio”.

El resultado es que ya sea en Internet, en el bar o en el trabajo estamos encabronados cuando hablamos de la actualidad. Nos han, nos hemos, convertido en los peones de una lucha identitaria que pugna por liderar el sentido social. Es importante procurar el mejor sentido al relato de lo que nos sucede, pero entiendo que no debemos hacerlo desde la identificación y la estratificación de posturas sino desde la palabra, la escucha y el contagio.

Es ese el ejercicio que pretendo hacer y para ello he decidido analizar comparativamente tres situaciones que en las discusiones a menudo se mezclan y confunden, máxime cuando éstas se centran en definir la interpretación correcta del término “escrache”.

Este artículo pretende ser un breve análisis jurídico comparativo de tres casos: el de los manifestantes contra Cristina Cifuentes, entonces Delegada del Gobierno en julio de 2012, el de los policías municipales contra el actual Concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, en febrero de 2016, y los escarches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (P.A.H.) a representantes políticos durante el año 2014, al hilo de su campaña por la aprobación de una ILP a favor del derecho a la vivienda.

Tras el episodio de acoso al Concejal de Seguridad, que se produjo el pasado 15 de febrero, se han lanzado titulares que venían a decir: el “escracheador escracheado”, “el concejal prueba de su propia medicina”. Desconozco si Javier Barbero ha participado en algún escrache y la verdad es que da igual al propósito de este artículo, que no es otro que indagar sobre si lo que acontece en los tres casos analizados se puede interpretar como si de los mismos hechos se tratara y, por lo tanto, debieran tener el mismo reproche o aceptación social.

Presento pues los hechos extrayendo su contenido de los vídeos que de estos episodios circulan por las redes . Créanme que he visto muchos antes de ponerme a escribir. He indagado también en las sentencias y autos en aquellos casos en que los jueces se han pronunciado fijando lo que han considerado probado y no. Creo realmente que hay cierto rigor el relato que de inmediato os traslado:

EL RELATO DE LOS HECHOS

Concejal de Madrid Javier Barbero.

barberoEl concejal decide eliminar la unidad de antidisturbios de la policía local de Madrid (UCE) basándose en que las competencias a las que estaba destinada esa unidad las tiene la policía nacional. Eso supone la reubicación de los trabajadores allí destinados en otras unidades de distritos, así como la pérdida de un complemento de 300 euros para estos policías.

Como respuesta el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) convoca una concentración a la salida de la comisión ordinaria de Seguridad, en la que rodean al concejal y a las personas que lo acompañan y los persiguen por 400 metros. Finalmente, Barbero se resguarda en un bar hasta que viene un coche a recogerlo.

Se profieren insultos y amenazas como “hijo de puta”, “te voy a matar”, “cabronazo”… Se agrede a dos periodistas.

Cristina Cifuentes.

cifuUna manifestación contra los recortes en julio de 2012 se cruza con Cristina Cifuentes, por entonces Delgada del Gobierno. El enfrentamiento entre las protestas derivadas del 15m y Delegación de Gobierno es manifiesto y al verla aparecer es rodeada por un grupo y tiene que ser escoltada por algunos manifestantes y parte de la prensa hasta un bar donde se refugia.

Es insultada, amenazada y hasta escupida por un grupo.

PAH.

pahLa Plataforma de Afectados por la Hipoteca tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago con 1´4 millones de firmas. Tras ser rechazada en el congreso los miembros de la Plataforma deciden iniciar una campaña con el objetivo de resaltar que la dación en pago es legalmente posible y señalar directamente a quienes no quieren apoyarla.

Es así que inician una serie de escraches a políticos que votaron en contra de la iniciativa como Soraya Saéz de Santamaría, entonces Vicepresidenta del Gobierno central, o Alberto Ruiz Gallardón, entonces Ministro de Justicia. En ese momento se da a conocer la palabra “escrache” en España.

En la realización de esas acciones no hay amenazas ni insultos, aunque algunas se llevan a cabo enfrente de los domicilios de las personas “escracheadas”.

LA CONSIDERACIÓN DE LOS HECHOS.

Una vez fijados los hechos podríamos preguntarnos qué es un escrache… o no. Realmente da igual la definición escrita de “escrache” pues no deja de ser la foto fija plasmada por un académico en el diccionario. Creo que es más importante el uso que la gente le da al término y no se me escapa que éste no es unívoco pues algunos incluirán bajo el mismo término a todas las acciones de protesta dirigidas contra una persona en concreto, mientras que otros la circunscribirán a un tipo de protesta más específica.

Esa discusión no va a tener el protagonismo aquí pues independientemente de lo que signifique “escrache” vamos a trabajar sobre los hechos descritos en cada uno de los episodios. No obstante, invito a quien tenga curiosidad por el origen de la práctica de los escraches en Argentina; creo que su curiosidad tendrá recompensa.

En el caso de los de la PAH, los escraches son convocados para señalar a aquellas personas que votaron en contra de la I.L.P. Asesorados por abogados, crean un protocolo de actuación en el que entre otras cosas fijan que debían realizarse en días laborables y en horario escolar, que los niños nunca debían de ser interpelados y que se debían excluir de la acción los insultos y las amenazas. (Link al protocolo)

Pero a los hechos no le importan lo que quisieran hacer sino lo que realmente hicieron. Podemos decir que a tenor de los vídeos, los escraches se realizaron atendiendo al protocolo. Esta versión es reforzada por las sentencias y autos de archivos de las denuncias presentadas pues así fijan los hechos. A fecha de hoy no hay constancia de que ninguna persona haya sido condenada por haber participado en los actos de la PAH, a pesar de que han habido numerosas denuncias. Todas han sido archivadas o las personas han sido absueltas.

Como ejemplo valga el auto 81/14 de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso contra el archivo del escrache a Soraya Saéz de Santa María. En él, tras constatar que no se profirieron amenazas ni insultos – tan sólo consignas contra los desahucios y a favor de la dación en pago – concluye que no hay delito de coacciones ni atentado contra la intimidad. (link al auto)

El delito principal que no aprecian los tribunales es el establecido en el art 172 del código penal, el de coacciones:

“El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.”

Entiende el juez de instancia y la audiencia provincial que las consignas lanzadas, la actitud pacífica y el fin perseguido no pueden constituir delito de coacciones. Es así que resuelve que:

“El único elemento de observancia inexcusable del derecho de manifestación en la vía pública es que la misma sea pacífica STC 59/90 de 29 de marzo, y ningún indicio obrante en autos apunta a lo contrario según las manifestaciones e imágenes aportadas.”

En otro lugar habla del derecho constitucional a la participación en la vida política para hablar de la legitimidad de la acción.

Ahora atendamos a los otros dos casos, donde no tenemos pronunciamientos judiciales pero tampoco muchas dudas de lo que sucedió a través del material que existe, y preguntémonos: ¿existieron coacciones en los casos de Javier Barbero y Cristina Cifuentes?.

El sentido común nos obliga a responder afirmativamente. Es más, parece existir amenazas pues se les presionó con causarles un mal constitutivo de delitos de lesiones, contra la libertad y contra la integridad moral. Y aún más, el delito contra la integridad moral podría haberse consumado en el caso de Cristina Cifuentes pues se le llegó a escupir (desconocemos si fue alcanzada). Y a mayores, podría considerarse de forma plausible un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Es decir, hasta seis años de prisión.

He estado indagando y no he encontrado que se abriera proceso penal contra las personas que intervinieron en los hechos de Cristina Cifuentes pero de demostrarse los mismos en un procedimiento estimo que hubieran sido condenados.

En el caso reciente del concejal Javier Barbero creo que tendría el mismo signo condenatorio que en el anterior si los hechos descritos fueran probados y las personas responsables identificadas. Lo que está fuera de toda duda es que el régimen disciplinario es aplicable y las personas involucradas podrían perder su puesto. Téngase en cuenta que los cuerpos de seguridad del municipio deben obediencia al alcalde en primer lugar y al concejal de seguridad en segundo. En este caso fue insultado y amenazado por su subordinados.

Es por ello que desde un punto de vista jurídico, independientemente de que a las protestas quieran llamarlas escraches o no, deben tener una consideración diferente si analizamos sosegadamente los hechos. Entre otros, los bienes jurídicos en liza son la libertad ideológica, de expresión, a la intimidad y al derecho al honor. No parece que el menoscabo o el uso ilegítimo de los mismos sea similar en unos supuestos y en otros. Es por ello que parecen desacertados los titulares donde se asimilan unos y otros.

Cuestión distinta y personal es el reproche o aprobación política y/o ética de cada acto. Son cuestiones opinables al resguardo del derecho a la libertad de expresión e ideológica, aunque la Audiencia Nacional últimamente esté pretendiendo lo contrario; pero ese es otro melón jurídico diferente a abrir.

Juan Rubiño.

Abogado y miembro de Red Jurídica.

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