El próximo 9 de mayo terminará el estado de alarma. El miedo de los diferentes dirigentes autonómicos es volver al caos jurídico que se vivió el año pasado cuando cayó el primer estado de alarma. La situación podría ser similar porque cualquier medida que limite derechos fundamentales debe contar con el aval preceptivo de los tribunales, pero la experiencia pasada hace que los dirigentes se preparen para este escenario mediante distintas vías que resuelvan este problema. Con esto, todo apunta a que a partir del 9 de mayo se empezarán a aplicar restricciones por localidades según la incidencia de cada territorio y el Consejo Interterritorial de Salud será aún más determinante para la toma de decisiones.
Sobre este tema ha escrito la periodista Beatriz Asuar Gallego un artículo en Público en el que nuestro compañero Daniel Amelang ha manifestado que su opinión es que la ley no ampara la limitación de derechos fundamentales (como la libertad deambulatoria) sin el marco jurídico del estado de alarma.
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