201305.30
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Gallardón criminaliza los enlaces de internet

Enlazar contenido con derechos reservados será delito castigado con hasta tres años de prisión, y seis años en los casos más graves, según la nueva reforma del Código Penal. La pasada semana el texto provisional fue publicado en la web de la Universidad de Barcelona, con dos artículos exclusivamente dedicados a marcar conductas infractoras del derecho de propiedad intelectual. Para el abogado especialista en propiedad intelectual David Bravo “en la práctica, el ejercicio de este derecho será imposible porque la propia naturaleza del bien regulado lo impide” y añade “es como pretender que la ley les otorgue el derecho a coger bits con las manos”. La ineficacia de las reformas a la ley de propiedad intelectual, mediante la Ley Sinde, la Ley Sinde-Wert y la reciente Ley Lasalle lo avalan.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, en declaraciones para DIAGONAL sobre esta última ley –aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril– ya hablaba de la posibilidad de que “intenten repartir las responsabilidades y se empiece a perseguir por la vía penal”. Para el especialista, el cambio obedece a presiones internas y externas. Por un lado, al “interés del Gobierno por satisfacer a los editores de prensa y televisiones comerciales”; y por otro, a “presiones de la administración estadounidense al gobierno español, con independencia del signo político de cada uno”.

Podría constituir delito el uso del sistema Linux. Los hechos hablan por sí mismos. Los cambios del Código Penal se filtraron “tras una reunión con el jefe del lobby de la industria del cine estadounidense, Christopher Dodd”, tal y como afirma Almeida. Lo que ha facilitado, según cuenta el abogado David Maeztu, que “España, por segundo año, no esté entre los países señalados en la lista 301 –de países más piratas– realizada por Estados Unidos”, salvándose así de las sanciones comerciales que pudiera suponer estarlo.

El Código Gallardón pretende que “cualquier persona que tenga un beneficio directo o indirecto por enlazar a obras intelectuales pueda ser criminalizada”, coinciden los abogados Bravo y Almeida. Pero la interpretación es muy abierta, por lo que “puede ser considerado beneficio económico indirecto el simple ahorro”, por ejemplo “alguien que no puede comprar un libro, una película, una canción, puede ser transformado en delincuente”, asegura Almeida. “Incluso los uploaders –usuarios que suben contenidos a la red– podrían verse perseguidos penalmente, ya obtengan ventajas como servicios premium o ingresos”, opina Maeztu. Además, “los prestadores de servicios de alojamiento se verán en una situación complicada, teniendo que velar por los contenidos y juzgar las notificaciones recibidas”.

Mermará también el desarrollo de la comunidad del software libre. Maeztu refiere que podría constituir delito “el uso del sistema Linux, que sortea algunas medidas de protección para poder funcionar” o “la técnica de ingeniería inversa, que se utiliza para conocer un programa y asegurar su operatividad”. Es más, el especialista prevé que la normativa repercuta de forma negativa en el modelo de negocio: “si se generan inseguridades jurídicas en un país, los afectados se irán a prestar servicios a otro”. Almeida lo corrobora: “los emprendedores se exiliarán y la autocensura se instalará en la red española”.

A pesar de ello, los expertos consultados no creen que vaya a ser efectiva. “Wert dice que las leyes de propiedad intelectual quedan obsoletas a los tres meses”, según Bravo, así que “o hacen leyes trimestrales o admiten la necesidad de un tratamiento distinto de la propiedad intelectual por su naturaleza digital”. Almeida, por su parte, encuentra una barrera infranqueable en “la asfixia económica y falta de medios personales”, mientras que Maeztu afirma que “bloquear el acceso a estas url será imposible”.

El texto de la reforma está aún en fase de anteproyecto. En los próximos meses se espera ver los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial sobre el mismo, pero parte de la comunidad virtual ya ha mostrado su rechazo en las redes, como muestra el hashtag #EnlaceLibre o un comunicado del Partido Pirata de rechazo a la medida.

Con nuestro agradecimiento a JOANNA WALKOWIC por cedernos este artículo publicado en Diagonal: http://www.diagonalperiodico.net/saberes/criminalizan-enlaces-internet.html

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