202101.19
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El Gobierno defiende en Europa el archivo de la investigación del ‘caso Couso’

Hace unos meses llevamos el Caso Couso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se trata de la investigación del asesinato del cámara de Telecinco, José Couso, que falleció en Irak en 2003 cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban periodistas. Tras 11 años de instrucción en la Audiencia Nacional y con tres militares estadounidenses procesados, el Instructor, Santiago Pedraz, tuvo que dar carpetazo a raíz de la reforma impulsada por el PP para restringir la justicia universal. Y es precisamente esa reforma de la jurisdicción universal la que hemos llevado a Estrasburgo, a fin de que el TEDH determinara si supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que impidió seguir investigando un crimen de guerra cometido contra un ciudadano español.

Pues bien, una vez admitida a trámite nuestra demanda, el TEDH le dio traslado al Gobierno español para que se pronunciara. Y en un escrito de diciembre del año pasado, la Abogacía del Estado ha manifestado “que no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España“, según el informe emitido por los servicios jurídicos de la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos (dependiente del Ministerio de Justicia). Además, el escrito aprovecha para “precisar” que España “no era combatiente en dicho conflicto y ni siquiera tenía personal diplomático en la zona”.

De esta manera, el Ejecutivo se ha posicionado a favor del sobreseimiento del caso, pese a que uno de los acuerdos del pacto del gobierno de coalición era la derogación de la limitación de la jurisdicción universal.

Varios medios de comunicación se han hecho eco de esta decepcionante noticia y de la valoración que ha hecho nuestro socio Eduardo Gómez Cuadrado (abogado de la familia) de la misma.

Por ejemplo, El País recoge que Eduardo manifestó que “lo que se está reclamando es el derecho a que los procesados sean llamados o buscados para ser enjuiciados, no que sean condenados” y que recalca que “el demandante no debe soportar las consecuencias negativas de la aplicación de nuevos requisitos legales de admisibilidad en un procedimiento ya en curso”. Es decir, existen unas reglas de juego que, cuando se acude a los tribunales, se espera “que no cambien en detrimento de un derecho adquirido”.

Por su parte, eldiario.es añade que Eduardo sostiene que “la reforma de jurisdicción universal es contraria al IV Convenio de Ginebra, y por lo tanto al derecho de la Unión Europea, y las consecuencias de su aplicación suponen una vulneración del Convenio de Derechos Humanos“.

El Correo recoge que Eduardo valoró asimismo que si Estados Unidos decide no entregar a sus militares para ser juzgados por crímenes de guerra, es dicho país el que genera un espacio de impunidad internacional “pero si es un país de la UE el que legisla para que no sea posible ni tan siquiera solicitar la extradición, entonces es ese país europeo, en este caso España, el que genera ese espacio de impunidad“.


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