Protegiendo el Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes: El Concepto del Interés Superior del Niño

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En el Derecho de Familia, el concepto del interés superior del niño, de la niña y adolescente emerge como un pilar fundamental para proteger el bienestar de los más pequeños en situaciones legales y judiciales. Este principio, arraigado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establece que en todas las medidas y decisiones que afecten a la infancia y adolescencia, ya sea en el ámbito público o privado, su interés superior debe ser considerado.

El concepto del interés superior del niño: fundamentos legales

Para comprender mejor su alcance y relevancia, es esencial adentrarse en la normativa pertinente. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, párrafo 1, establece de manera contundente el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Esta disposición sienta las bases para garantizar que todas las decisiones y acciones que afecten a los niños, niñas y adolescente se tomen teniendo en cuenta su bienestar integral.

Además, la Observación general nº14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración del Comité de los Derechos del Niño (artículo 3, párrafo 1) establece que el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del niño, niña y adolescente. Asimismo, entiende el Comité que la plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos y en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño, niña y adolescente y promover su dignidad humana.

De otro lado, la Observación general nº14 (2013) establece que todos los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (entre los que está España) deben respetar y poner en práctica el derecho de la infancia y adolescencia y tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivas ese derecho.

En concreto, el artículo 3.1 de la Convención establece tres obligaciones que deben cumplir los Estados:

1) La obligación de garantizar que el interés superior del niño se integre de manera adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas, en especial en todas las medidas de ejecución y los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a los niños.

2) La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionada con los niños dejen patente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial; ello incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el interés superior del niño, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión.

3) La obligación de garantizar que el interés superior del niño se ha evaluado y ha constituido una consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector privado, incluidos los proveedores de servicios, o cualquier otra entidad o institución privadas que tomen decisiones que conciernan o afecten a un niño.

Legislación Española: Protección del Interés Superior del Menor

En el caso de España, es la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia la que regula el interés superior del menor y con respecto a la interpretación y aplicación del interés superior del menor, establece que se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

  1. Protección y Desarrollo Integral: Se busca garantizar la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor. Esto incluye satisfacer sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

  2. Participación del niño, niña o adolescente: Se considera importante tener en cuenta los deseos, sentimientos y opiniones del menor en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal.

  3. Entorno Familiar Seguro: Se prioriza que la vida y desarrollo del niño, niña o adolescente ocurra en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.

  4. Preservación de Identidad: Se busca preservar la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor. Además, se promueve la no discriminación del mismo por estas o cualquier otra condición, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Evaluación caso por caso: consideraciones clave

De otro lado, conviene tener en consideración que según se establece en la Observación nº14 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el interés superior del niño es un concepto que debe determinarse caso por caso, en función de las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente y debe ajustarse y definirse de forma individual, atendiendo al contexto, la situación y las necesidades personales.

Para su evaluación, la Observación nº14 facilita una lista de los elementos que deben tenerse en cuenta para realizar una evaluación:

1) La opinión del niño, la niña o la adolescente. El art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de este a expresar su opinión en todas las decisiones que le afecten.

2) La identidad del niño, la niña o la adolescente. La preservación de este derecho está garantizada por el art. 8 de la Convención.

3) La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. El derecho del niño, niña o adolescente a la vida familiar está protegido por la Convención en su art. 16.

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Si te enfrentas a situaciones legales relacionadas con el bienestar de niños, niñas y adolescentes, nuestro equipo de abogados y abogadas está aquí para ayudarte. Puedes ponerte en contacto con nosotras llamando al 915934347 o escribiendo a info@red-juridica.com

Abogada y socia de Red Jurídica. Especializada en Derecho Civil, Hipotecario y Familia. Licenciada en Derecho en la UJI con estancia internacional en la Universidad Warmia and Mazury (Olstyn). Titulada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia. Cursé el Máster de Estudios Interdisciplinares de la UAM, el Máster de Abogacía por la UOC y soy Doctoranda en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la UAM. Formo parte de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental y trabajo en español, inglés y valenciano.

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