El pasado 6 de marzo Juan Boris La Torre Carrasco fue arrestado en Las Palmas de Gran Canaria como consecuencias de una orden de detención internacional emitida por la autoridades peruanas que le acusan de haber colaborado, en los años 90 y desde Suecia, con la organización armada Sendero Luminoso. El Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional decidió entonces, entre otras cosas, prohibirle la salida de territorio español mientras se resolvía su proceso de extradición. Hace unos días ese mismo juzgado ha decretado el levantamiento de todas las medidas cautelares tras acreditarse que Juan tiene reconocida la condición de refugiado en Suecia, país en el que lleva residiendo desde 1981, del que tiene también la ciudadanía y al que tuvo que huir con su familia como consecuencia de la persecución que sufrían en su país de origen.
Juan siempre ha negado las acusaciones, y hasta la fecha las autoridades peruanas no han aportado ninguna prueba concluyente de las mismas, más allá de acusaciones vagas y genéricas incompatibles con nuestro sistema de garantías y derechos.
El auto del juez De la Mata que levanta las medidas cautelares, el cual recoge nuestra solicitud con la conformidad de la fiscalía, señala que la convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados en su artículo 33.1 consagra la prohibición de expulsión y devolución de los asilados, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El proceso de extradición aquí sigue su curso, pero confiamos, y en ello estamos trabajando, en que la autoridades españolas cumplan convenientemente con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y archiven definitivamente la causa. En cualquier caso Juan ya está de vuelta en Suecia con su familia y podrá seguir desde allí el devenir de los acontecimientos.
España deja volver a Suecia al cuñado del líder de Sendero Luminoso
Por J. J. Gálvez, publicado en El País
Casi tres meses después, Juan Boris La Torre puede volver a casa. José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido levantar las medidas cautelares dictadas contra este sexagenario, cuñado del exlíder de Sendero Luminoso, que permanecía atrapado en Canarias a la espera de que se resolviese su extradición a Perú, donde se le acusa de terrorismo por haber colaborado con la guerrilla en la década de los ochenta. El magistrado le retiró el pasaporte el pasado marzo, después de que la Policía lo detuviera en Las Palmas tras comprobar que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura de la Interpol.»Perú lleva a cabo, desde hace años, prácticas de persecución política contra cualquiera que haya tenido alguna relación, aunque sea exclusivamente familiar, con miembros de Sendero Luminoso», ha explicado este lunes el abogado de La Torre, Eduardo Gómez Cuadrado, que ha detallado que su cliente ha regresado ya a Suecia. «No obstante, el procedimiento de extradición en España continuará su curso. Aunque confiamos en que se acabe archivando», ha apostillado el letrado.
Los agentes arrestaron al sexagenario el 6 de marzo en la ciudad canaria, adonde había llegado para pasar una semana de vacaciones procedente de Estocolmo, donde reside desde hace tres décadas. «Yo nunca he cooperado con Sendero Luminoso», afirmó La Torre a EL PAÍS, tras su detención. En 1981, el peruano salió de su país natal y se trasladó a Suecia, que le concedió la condición de refugiado. «Mi familia tuvo que huir porque, en aquellos años, existía una persecución contra nosotros. Nos acosaban porque mi hermana era la pareja de Abimael Guzmán [exlíder de la guerrilla]», apostilló: «Temíamos por nuestras vidas».
Su hermana Augusta —alias camarada Nora, fallecida en 1988 y número dos del grupo terrorista— fue la esposa de Abimael Guzmán, condenado actualmente a cadena perpetua en Perú. El Gobierno americano lo acusa, en cambio, de haber pertenecido a Sendero Luminoso desde 1987 hasta 1990; y de haber participado desde Europa en actividades de promoción y financiación del grupo terrorista. Durante la vista, el fiscal apuntó que los hechos que se le imputan «pudieran estar prescritos» conforme a la ley española. El Ministerio Público también ha respaldado que se levantaran las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Nacional.
