La Audiencia Nacional condena al Ministerio de Justicia a indemnizar a un activista anarquista y vegano por pasar 16 meses en prisión preventiva indebida

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por nuestro compañero Eduardo Gómez y condena al Ministerio de Justicia a indemnizar con 54.650 euros al activista de ‘Straight Edge’ –un grupo de anarquistas veganas– que pasó 16 meses en prisión provisional por una acusación de terrorismo de la que finalmente fue absuelto. Los jueces corrigen al Ministerio de Justicia y exigen indemnizar al joven no solo por el tiempo que pasó encarcelado de forma preventiva por un delito que no cometió, sino también por la depresión que padece desde entonces, el daño que la investigación hizo a su imagen y la dureza del régimen de aislamiento que padeció en los módulos más conflictivos de las cinco cárceles distintas en las que estuvo.

El reclamante había sido detenido en 2015 en el marco de la Operación Ice, una operación policial antiterrorista dirigida contra el colectivo Straight Edge Madrid. Se imputó en su momento a varios jóvenes un delito de terrorismo por supuestamente haber prendido fuego a un cajero automático. Durante el tiempo que permanecieron en la cárcel, la prensa publicó sus nombres, sus fotos, informó de los hechos que se les atribuía (pese a que, en ese momento, las actuaciones se encontraban secretas y sus abogados no conocíamos los hechos) y una serie de datos personales morbosos (y, en algunos casos, abiertamente falsos).

Dos años después, la imputación de delitos de terrorismo se sobreseyó ante la abrumadora ausencia de pruebas que acreditara que los investigados hubieran ocasionado los daños mencionados. Únicamente fueron a juicio acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo por la publicación de una serie de mensajes en redes sociales llamando a la revolución y, finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal absolvió a todos los acusados. Habían sido detenidos, encarcelados, acusados y enjuiciados sin haber hecho nada.

En el caso del recurrente, cuya reclamación recibió el silencio administrativo del Ministerio de Justicia y la oposición de la Abogacía del Estado, no solo hay que tener en cuenta el tiempo que pasó entre rejas. También que su etapa en la cárcel “se vio agravada al parecer por un severo régimen penitenciario aplicado en función del tipo de delito imputado”. Es decir, todo el tiempo que pasó en aislamiento acusado de terrorismo.

La sentencia también recoge las consecuencias de su encarcelamiento para cuantificar su indemnización: “Un trastorno de estrés postraumático así como una depresión grave”, tal y como acredita un informe pericial aportado al proceso. Finalmente, también reconoce una parte del resarcimiento por “el impacto negativo que para la honorabilidad del recurrente tuvo la repercusión del caso en los medios de comunicación, con particular incidencia en internet”.

De esta noticia se ha hecho eco eldiario.es, Público y El Plural

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