201808.25
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La otra “Ley Corcuera”: La patada de vuelta

Por Eduardo Gómez Cuadrado. Publicado en Tercera Información

Acabamos de conocer la noticia de que el Gobierno español ha devuelto a Marruecos a 116 personas que habían logrado superar la valla fronteriza de Ceuta. En realidad la noticia consiste en que las expulsiones se han ejecutado apenas 24 horas después que esas personas hubieran entrado en la ciudad autónoma.

Hablando con amigos ceutís (residí 5 años en esa ciudad), me aseguran que lo ocurrido “es un cambio de paradigma sin precedentes” y se preguntan si habrá sido algo puntual o a partir de ahora será la política habitual contra los saltos masivos de la valla.

El Gobierno asegura que la entrega a Marruecos se ha ejecutado en aplicación de un acuerdo bilateral firmado con Marruecos en 1992 y que hasta la fecha no se había aplicado a devoluciones colectivas, como ahora. La reactivación de este acuerdo, señalan desde el ejecutivo, responde a las buenas relaciones retomadas con el reino alauita y que coinciden, curiosamente, con la reciente visita de Angela Merkel a España para hablar, entre otras cosas, de política migratoria europea. ¿Cuánto, o qué, habrá pagado Europa a través de España para “retomar la buenas relaciones con Marruecos? ¿Cuota de pesca? ¿Facilitación de visados Schengen para trabajadores marroquís? ¿Dinero? ¿Partidos de Supercopa? ¿Apoyo en las reclamaciones soberanistas sobre el Sahara Occidenteal? ¿Tal vez sobre Ceuta y Melilla? Los amigos caballas no creen que esto último sea motivo de negociación (yo tampoco), pero lo que sí es cierto es que los acuerdos en materia de inmigración entre España y Marruecos siempre han gozado de una opacidad enorme en cuanto a su contenido y una irregularidad pasmosa en a su aplicación en el tiempo.

Irregularidad, o ilegalidad, que se ha manifestado también en la expulsión de esas 116 personas que habían logrado entrar en territorio español. El Gobierno asegura que para ejecutarlas se han seguido todos los trámites legales establecidos, por lo que no se pueden tachar las mismas de “devoluciones en caliente”, proscritas por la justicia europea. Sin embargo, con la ley de extranjería (con perdón) en la mano la cuentas no salen. Con el Convenio Europeo de Derechos Humanos mucho menos.

El reglamento que desarrolla la ley de extranjería (con perdón) establece que una vez incoado un expediente de expulsión por el trámite preferente, que es el que sin duda se habrá usado, se dará al afectado un plazo de 48 horas para presentar alegaciones, por lo que si estas personas fueron detenidas el miércoles, aún habrían tenido plazo hasta el viernes para presentar esas alegaciones. Parece que ya para empezar las cosas no se han hecho de manera tan escrupulosa.

En el hipotético caso de que los abogados designados para su defensa hubieran tenido tiempo de presentar esas alegaciones y proponer prueba, se daría paso a un nuevo trámite que es el de la propuesta de resolución, que también debe ser notificada al interesado y que también tiene un plazo de otras 48 horas para presentar alegaciones. Llevamos ya cuatro días de tramitación. Cumplimentados todos esos trámites se podría dictar ya resolución de expulsión que ha de responder a la situación individualizada del afectado lo que supone, dice la ley, que sea motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. Por lo que no vale un corta-pega para todos los casos.

Lo que para una sola persona puede suponer al menos, y en un escenario burocrático ideal que no existe, una semana de “papeleo”, el Gobierno nos asegura que lo ha hecho en 24 horas para 116. ¿Dónde está mi administración y que habéis hecho con ella?

Además se da otra circunstancia. El reglamento de la ley de extranjería (con perdón) establece también la obligación de notificar la resolución de expulsión, no solo al afectado y en un idioma que comprenda, sino también a la embajada de su país. Si tenemos en cuenta que estas personas vienen, en su inmensa mayoría indocumentados (hemos visto que algunos incluso casi desnudos), es harto improbable que en tan breve plazo de tiempo las autoridades españolas hayan sido capaces de identificar fehacientemente la nacionalidad de todos ellos y hacer la comunicación correspondiente a la embajada. Por no hablar de las traducciones.

Los letrados que asistieron a estas personas aseguran que desconocían que iban a ser devueltas de manera inmediata y que la Policía les requirió su presencia para pasar el trámite, lo cual es inaceptable. Los derechos fundamentales no son un “trámite”. Si el Gobierno no es capaz de cumplir con su propia ley de extranjería (con perdón) debería al menos ser capaz de cumplir con la Constitución Española y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Porque esa es otra. ¿Se les ha informado de la posibilidad de solicitar asilo? Por que sí así hubiera sido la mera solicitud hubiese paralizado, al menos unos días, la expulsión. Es cuanto menos inquietante que ninguno de los 116 lo haya hecho.

Parece evidente que una vez más nuestra frontera sur es un limbo jurídico donde los derechos de las personas son relativos y la única ley que se aplica es la de “la patada de vuelta”. Así que no, la expulsión de estas personas no ha sido tan “quirúrgica” como pretende el Gobierno. Más bien ha sido una “carnicería”.

Se da la paradoja de que según fuentes del Ministerio de Interior, la llegada de migrantes por vía terrestre a Ceuta ha caído un 21% hasta el 15 de agosto de este año. Sin embargo las entradas en territorio español por mar han aumentado un 24%. ¿A que responden estos datos?

Con los puertos de Italia y Malta cerrados y las vallas de Ceuta y Melilla blindadas, a las personas que huyen del hambre y la guerra en África no les queda más remedio que aventurarse en rutas cada vez más peligrosas para llegar a Europa a través de España, como es la de cruzar el estrecho de Gibraltar en patera desde Marruecos o atravesar a nado la frontera del Tarajal (Ceuta), con las terribles consecuencias que todos conocemos.

No parece que las cosas vayan a cambiar en los próximos años, o décadas… Tal vez nunca. Hace más de 30 años que España es país receptor de migrantes. Esto no es nuevo, no nos engañemos. Tampoco hay un aumento del hecho migratorio, pero si de muertes en el intento. Y ello porque Europa parece más preocupada en intentar poner puertas al campo que camas en casa, lo que da como consecuencia que posiblemente el Mediterráneo sea, hoy en día, la frontera más letal del planeta.

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