201207.03
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Laponia cada vez más cerca…

Las palabras del presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José Luis Feito, pregonando en febrero último que las personas en paro deberían aceptar cualquier oferta de trabajo, “como si es en Laponia”, parece que no han caído en saco roto y el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado debida nota.

Así, la Consejería General de Empleo de la Comunidad de Madrid ha empezado a hacer firmar obligatoriamente a las personas que se encuentran cobrando la prestación del paro el llamado “Acuerdo Personalizado para el Empleo (APE)”, que consiste en “el acceso a una carta de servicios”, entre los que se encuentra la “información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea”.

Esta mención no es un dato menor si se tiene en cuenta dos factores determinantes:

–          Las “agencias de colocación” como empresa privada que son, se guiarán por un criterio economicista y de efectividad, por lo cual la selectividad y gestión de las ofertas difícilmente repare en el lugar de procedencia del trabajo disponible y las circunstancias de la persona demandante.

–          La firma de este “acuerdo” se estaría acompañando en forma verbal del recordatorio de que a la segunda oferta laboral que se rechace, se pierde el derecho a recibir la prestación.

¿Significa esto que si una persona en paro declina aceptar una oferta en otro país de la Unión Europea dejará de percibir la prestación por desempleo? Nadie puede saberlo a ciencia cierta, lo concreto es que el acuerdo habla de gestión de ofertas procedentes de otros países de la UE, y algunas paradas y parados han firmado presionadas pero dejando constancia de su desacuerdo.

Las imposiciones empresariales y del mercado financiero parecen no tener fin, la reforma laboral más lesiva en la historia del Estado español marca un retroceso sin igual, y la suma de prácticas administrativas, como la firma de estos seudo acuerdos en los que las personas paradas están en clara posición de indefensión, cierran el círculo de hostigamiento a los sectores más precarizados.

En tanto, ya en 2011 más de catorce mil españolas y españoles decidieron dejar España para buscar su camino en otros horizontes alejados de la península, tendencia que a falta de una estadística oficial, se estima este año crecerá en cifras que hace mucho no se recuerdan por estos lares.

Las personas que se han ido y se van por propia voluntad, y  aquellas que están aquí, pero a las que hasta para poder cobrar  un derecho adquirido como la prestación por desempleo ahora se les tienta -¿o amenaza?- con ofertas fuera del país. Unas que se van, a otras a las que parece el propio Estado las quiere echar.

El último, apague la luz. Nos vemos en Laponia.

Pablo A. Sainz Rodríguez

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