Son muchos los usuarios que prácticamente a diario continúan recibiendo las molestas e irritantes llamadas comerciales o spam por parte de empresas que comercializan bienes y servicios a pesar de que, si no hemos dado nuestro consentimiento, la Ley General de Telecomunicaciones lo prohíbe desde finales de junio, cuando entró en vigor. Concretamente, contempla multas de hasta 100.000 para las compañías en su artículo 66, indicando que los consumidores tienen derecho “a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial, sin haber prestado su consentimiento previo para ello”. Establece, además, el derecho a “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario”.
Sin embargo, la normativa también incluye excepciones como el “interés legítimo” al que las empresas puede apelar para seguir llamando aunque no tengan el consentimiento expreso de la persona. Cuando a veces los usuarios aceptan las cookies al entrar en un sitio web o las ‘condiciones’ de una página, sin saberlo, están dando su consentimiento para recibir llamadas comerciales. Es la letra pequeña que solemos obviar pero, al aceptar, las empresas se amparan en ese resquicio legal.
En un artículo escrito por María García Arenales y publicado en Infobae España, nuestra compañera Silvia Beltrán considera que las empresas están realizando una “interpretación torticera” de ese “interés legítimo” de la ley, porque “¿qué interés tiene el usuario para que le estén acosando día y noche con una propuesta comercial?”, se pregunta. “Ese interés legítimo no existe” y las empresas como operadoras de telefonía o bancos “prefieren asumir que pueden ser sancionados a dejar de hacer esas llamadas”. “Hay cierta impunidad”, resume. La realidad es que seguimos recibiendo las molestas llamadas de spam.
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Las llamadas de spam no cesan pese a estar prohibidas: “Las empresas incumplen la ley, prefieren arriesgarse a la sanción”. Vía @infobaeeshttps://t.co/pu3mjcgLct
— Red Jurídica | Abogacía (@laredjuridica) September 21, 2023
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