201211.12
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Las tasas judiciales: peaje hacia la justicia

Son tiempos de cambios, de reformas, de recortes, de retrocesos en lo social, lo laboral, lo político, lo cultural…  El saqueo al que ha sido sometido el estado del bienestar durante décadas por parte del sistema financiero nacional e internacional, ha dejado tras de si una “tierra quemada” en la que los ciudadanos comienzan a ser abandonados a su suerte y el Estado retrocede, entre medio complacido y exhausto, en su gestión de lo publico como cimentación de la sociedad.

Son variadas las medidas que se están imponiendo para tratar de mantener navegando el barco de la economía, y casi todas a costa de atacar las líneas de flotación del Estado Social y Democrático de Derecho (Art. 1 de la Constitución).

Entre una de estas numerosas medidas está el aumento desproporcionado, tanto en cuantía como en número, de las “tasas judiciales”. Una tasa es la contribución que los ciudadanos pagamos por un servicio cuya prestación es titularidad, en general, exclusiva del ente público. En la actualidad entre las diversas tasas que afectan al ámbito de las prestaciones del Estado están aquellas relacionadas con la administración de Justicia y el acceso a determinados tipos de jurisdicciones y procedimientos dentro de ella, y cuya cuantía máxima se encuentra actualmente en los 600 € que pagan las sociedades mercantiles por interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo; cuantía que, por ejemplo, con la reforma que plantea el gobierno se incrementaría hasta los 1200 € que tendrá que pagar incluso las personas físicas, es decir, cualquier ciudadano. No obstante quedarían exentos de esta obligación tributaria aquellos ciudadanos, que por sus circunstancias personales y económicas, tengan reconocido el beneficio de la Justicia gratuita.

La excusa del Ministerio de Justicia para introducir estas tasas es que con ellas se harán frente a los gastos derivados del sostenimiento del servicio de turno de oficio entre los abogados y procuradores, lo que inaugura en la administración de Justicia el denostado “co-pago”.

Muchas veces no somos capaces de percibir al sistema judicial como un servicio público a la altura de la sanidad o la educación, por ejemplo, puesto que el mismo es muchas veces el brazo ejecutor de unas leyes manifiestamente injustas. Pero es precisamente por eso por lo que es absolutamente fundamental defender un sistema de administración de Justicia, democrático, público y de calidad, donde la igualdad de armas y el acceso universal no puedan ser objeto de ningún cuestionamiento.

Va a ser difícil explicar a los ciudadanos que tienen que pagar unas tasas, a veces desorbitadas, por acceder a una administración de Justicia “obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera”, según definición dada por los jueces decanos del estado español reunidos en Vitoria en su XXI encuentro anual en noviembre del año pasado.

El preámbulo de la Ley 37/2011, de 19 de octubre, de medidas de agilización procesal apuntaba ya la posible causa de este “caos”: Según la citada norma “El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad”

Sin duda el engaño es groso y la contradicción manifiesta, toda vez que admite el legislador que se ha producido un aumento considerable del recurso a los tribunales por parte de los ciudadanos para resolver conflictos, pero en vez aumentar los medios de juzgados y tribunales, el número de estos, las plantillas funcionariales o los medios técnicos y materiales, como aconsejaría la lógica, interpreta que este ejercicio legítimo de un derecho fundamental y el uso de un servicio público como es la Administración de Justicia se está haciendo de manera irracional y abusiva y es por ello por lo que el sistema se encuentra colapsado, siendo por tanto necesario poner algún tipo de traba a su acceso y utilización, y sabemos desde siempre que no existe mejor cortafuegos para estas cosas que el económico.

El Gobierno, contra el interés de todos los ciudadanos y en especial de los que menos tienen, y contra el criterio de todos los operadores jurídicos desde del Consejo General de la Abogacía Española, hasta las asociaciones de jueces, secretarios judiciales y fiscales, pasando por eminentes catedráticos de Derecho, ha decidido legislar por el trámite de urgencia una ley de tasas judiciales de cuyo concepto, como pago universal, no teníamos noticias desde la normativa preconstitucional al respecto fechada en 1959 y que fue derogada en 1986 en aras del mandato constitucional que impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE).

En conclusión, sin duda la introducción y elevación  de las tasas judiciales (entre 50 y 750 €, dependiendo del procedimiento), junto con la supresión de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), y los ataques al Turno de Oficio, representan el desmantelamiento del modelo actual de justicia constitucionalmente reconocido como  valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo proverbial esa conocida sentencia (nunca mejor dicho) de Monseñor Romero (popularizada por Eduardo Galeano) la cual afirmaba que “la Justicia es como la serpiente, solo muerde al pie descalzo”.

EDUARDO GÓMEZ CUADRADO

(Artículo publicado en la edición impresa del nº 185 del periódico Diagonal. http://www.diagonalperiodico.net/ y en la web de la Asociación Libre de Abogados http://ala.org.es/el-peaje-hacia-la-justicia/)

 

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