Cortázar, en sus Instrucciones para subir una escalera nos advertía de no confundir pie y pie, pese a la coincidencia de nombre, pues al alzarlos a la vez corríamos el riesgo de tropezar. De entre todos los efectos de la polisemia pocos son tan nocivos como el que sufre la palabra justicia, que nos permite confundir las resoluciones de Juzgados y Tribunales con lo que el común de nosotros conocemos como justicia y que no siempre, por desgracia, tiene mucho que ver con lo anterior. Así, para disfrute de lingüistas y gobernantes, una resolución de un juzgado que dicta un desahucio es justicia, aunque el resto de la ciudadanía tiende a considerarla injusta. En sentido contrario, para gozo de lingüistas y ciudadanía, una okupación que sigue a un desahucio es del todo justa, mientras que los poderes del estado dirán que no sigue lo que ellos han decidido llamar justicia (y actuarán para que ese instrumento se aplique). De tan manida paradoja podemos sacar muchas conclusiones, de entre las cuales nosotros queremos reseñar dos: en primer lugar, que es digno de consideración que los lingüistas sean gente tan dada al disfrute y cuyo solaz se alcance con apenas un juego de palabras. Por otro lado, que es importante advertir que en la confusión entre justicia y justicia muchos de los que venimos quejándonos de la Ley de Tasas tendemos cortazarianamente a tropezar, perdiendo el foco de nuestras demandas, lo que indudablemente permite a los gobernantes (gobierno, troika, etc.) distraernos del todo al centrar el debate en una sola de sus partes.
La Ley de Tasas establece el pago de determinadas cantidades de dinero para el acceso a la administración de justicia a todas aquellas personas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Si bien es una ley que parece realizada por Gallardón por lo ridículo de su aplicación aun no consumada y por la falta de tacto y sentido de la oportunidad política para llevarla a cabo, no debemos dudar que la mano que mece su cuna pertenece a la Troika. Como ni a uno ni a la otra hay que negarle sus virtudes es importante reseñar que resulta encomiable que hayan conseguido movilizar al sector de los trabajadores del mundo jurídico, tradicionalmente reticentes a la acción social por representar precisamente la otra cara de la justicia, así como haberles unido entre sí y con la ciudadanía: como en un mal blockbuster, personajes que han sido diseñados para odiarse acaban juntando sus voces contra un enemigo común.
En ese orden de cosas se han argüido distintas razones para protestar contra las tasas. La más importante de éstas es decir que vulneran el principio a la tutela judicial efectiva que, en resumen, viene a significar el derecho de todos a que un Juez nos diga lo que tenemos que hacer. Este derecho es lesionado, como es obvio, si queda sujeto a nuestra diferente capacidad económica. En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Europea de Derechos Humanos han declarado en diversas ocasiones que todos tenemos derecho a ir a plantearle nuestros problemas a un Juez independientemente de si tenemos o no dinero y, aunque lo tengamos, sin ponerlo por delante (con alguna que otra excepción). La mayor parte de los profesionales del derecho coinciden, basándose en este argumento y en algún otro (como el dice que las tasas no pueden tener fines recaudatorios), en que en un día no muy lejano el Tribunal Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la Ley.
Y es muy importante que así sea, pues incluso quienes menos confiamos en la labor de los diferentes actores del sector jurídico hemos de reconocer su utilidad en muchos casos: así, es del todo trascendente que un juez obligue a que me indemnicen si he sido despedido y que un maltratador tenga una orden de alejamiento, por ejemplo. Al menos, en el estado actual de las cosas cuya paz social deriva de la Cultura de la Transición (cuyo lema, no lo olvidemos, es “de la ley a la ley”), es importante el mantenimiento de la institución. Sin embargo no nos podemos permitir quedarnos sólo en esto a la hora de evaluar la Ley de Tasas, y por ello, y dado que todos estos argumentos ya han sido enunciados en muchos otros foros, proponemos algunas visiones distintas que añadir al conflicto.
En primer lugar tenemos que incorporarlo al resto de recortes en materia de justicia para dar luz sobre todos ellos, pues todos afectan, de una u otra manera, a nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso conviene recordar los impagos que sufren los abogados de oficio así como las restricciones que formal e informalmente se imponen a los destinatarios para conseguir uno, la supresión en Madrid de los Servicios de Orientación Jurídica, la ausencia de un Turno de Oficio específico de trata y la falta de formación de los profesionales del derecho en materia de género y derechos humanos. También hay que poner de manifiesto el caos de los juzgados derivado de una falta absoluta de recursos: ausencia de medios materiales, falta de personal e infraestructuras caducas e inútiles para el servicio al que están propuestas.
También es importante que lo incorporemos discursivamente al conjunto de recortes que venimos sufriendo en el resto de espacios sociales: igual que el euro por receta, es un repago, pues la administración de justicia ya la pagamos con nuestros impuestos y las razones de su mal funcionamiento no hablan tanto de quienes trabajan en ellos como de quienes gestionan el dinero común. Como en el caso de la sanidad tenemos que rechazar el discurso del abuso: los derechos se ejercen, no podemos abusar de ellos. Como en el caso de la educación suponen favorecer a las grandes corporaciones y empresas e implícitamente reconducen a la privatización del servicio. Y, como sucede con todos, derivan de las políticas de la Troika cuyo objeto es refinanciar la deuda a futuro con el bien común de todos, incidiendo aun más en el precipicio que separa al 99% de ese 1% que tan cómodamente rige nuestro destino.
Y por último, nos obliga a replantearnos la institución de la administración de justicia en el estado español. Aunque las leyes no las promulgan ellos, no podemos olvidar que son los jueces los que nos desahucian y que son los secretarios judiciales los que acuden a los desahucios y se aseguran de que se cumplan en demandas que hemos escrito abogados, que usamos la ley para favorecer al más fuerte, al que más paga, a quien más nos conviene defender, agarrándonos a un código deontológico obsoleto y cínico. Hasta ahora, no nos engañemos, quien ha parado los desahucios ha sido la ciudadanía activa. También son los jueces quienes internan en los CIE a los migrantes en situación irregular a propuesta de los fiscales y quienes permiten a la policía mentir sistemáticamente y nos condenan por protestar en la calle, o nos investigan por rodear el Congreso. Y somos los abogados quienes no somos capaces de evaluar lo que implica para las personas acudir a la administración de justicia y miramos sus problemas como una forma de vida, independientemente de la solución que les demos y de los efectos que sobre ellas tenga.
Y coincidimos que no todo en la administración de justicia es tan malo: conocemos a jueces valientes, a fiscales que desobedecen, a funcionarios capaces, a abogados críticos. Por eso hoy queremos quejarnos de las tasas, criticar los recortes, luchar en las calles y en los juzgados, llegar hasta las más altas instituciones y avergonzar a los gobernantes y la Troika. Pero en ningún momento de todo este largo proceso conjunto tenemos que olvidar que justicia y justicia no significan lo mismo. Y para no tropezar en nuestra particular escalera procede que, al hablar sobre la injusticia de las tasas, reclamemos entre todos una justicia más justa.
NACHO TRILLO
