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Multas de la Ley Mordaza: disfrazarse de policía cuesta más que llevar armas

Por Cristina Suárez. Publicado en El Confidencial

Hacer una fotografía a un agente o disfrazarse con un uniforme de las Fuerzas de Seguridad del Estado sale, de media, 20 euros más caro que utilizar armas prohibidas —pistolas, defensas eléctricas o ‘sprays’ no homologados— y tan solo cinco euros más barato que obstaculizar el paso de ambulancias en una situación de emergencia.

Esto se desprende del análisis realizado por El Confidencial de los datos públicos del Ministerio de Interior, que recoge todas y cada una de las sanciones aplicadas a raíz de la Ley de Seguridad Ciudadana —o Ley Mordaza—, así como su cuantía. Desde finales de marzo de 2015, año en que entró en vigor, y hasta ahora, la ley ha engrosado las arcas del Estado con casi 270 millones de euros.

Tal y como demuestran los datos, las drogas y las armas continuaron siendo en 2017 las principales faltas administrativas contra la Ley Mordaza. Sin embargo, de un año a otro hay una diferencia sustancial: las multas por “faltas de respeto a la autoridad” han pasado del tercer al segundo puesto.

De la droga a las sentadas pacíficas

La recaudación de la Ley Mordaza no ha dejado de crecer. Si en 2016, el primer año completo en que estuvo en vigor, recaudó a través de las multas un total de 89,6 millones de euros, en 2017 se pudieron contabilizar hasta 46,1 millones de euros más (135,7) pagados por los ciudadanos tras incumplir la Ley Mordaza. Las cuantías registradas y utilizadas en este reportaje no incluyen las reducciones por pronto pago.

De la mano del dinero, las sanciones también han crecido, hasta alcanzar las 229.932 durante el año pasado. Desde consumir droga hasta hacer sentadas pacíficas, los motivos de infracción recogidos por esta ley son tan diversos como el importe de sus multas: mientras que utilizar insignias y uniformes oficiales para un uso público —como disfrazarse— cuesta una media de 630 euros, dejar sueltos animales feroces alcanza a duras penas los 200 euros frente a los 177 que debe pagar aquel que se exhiba sexualmente en público.

Si se ubican todas las cuantías en un mapa, Sevilla, Valencia, Las Palmas y Málaga se convierten en las provincias que más han contribuido a las arcas, con más de ocho millones de euros cada una en multas. Por otro lado, provincias de Castilla y León como Zamora, Ávila, Palencia y Soria no alcanzan a sumar más de dos millones de euros. Ceuta y Melilla las superan.

En los extremos, la infracción más cara recogida en la ley es la de proyectar haces de luz sobre conductores de medios de transporte —alguien lo hizo y pagó 30.001 euros—, y la más barata, 122 euros por no tener DNI. Hay 302 personas en España que no lo han solicitado o no han denunciado su pérdida.

“Propio del antiguo régimen”

Las faltas administrativas de la Ley Mordaza se dividen en tres categorías: drogas, armas y explosivos y seguridad ciudadana. Todas ellas dejaron el Código Penal para pasar a contemplarse como faltas administrativas. Esto significa que ya no es un juez el que decide sobre las infracciones, sino que lo hace el propio agente.

Para Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica, la base de esta ley es “propia del antiguo régimen”. “Es la misma Administración la que denuncia y tramita el procedimiento, por lo que el margen de arbitrariedad e indefensión de los ciudadanos ante agentes de la autoridad poco o mal formados en derechos fundamentales es evidente”, explica.

La categoría de Seguridad Ciudadana es la que más artículos incluye, un total de 33. De ellos, cuatro tienen que ver con la relación directa entre ciudadanos y Policía: desobedecer a la autoridad, hacer fotos a agentes sin permiso, llevar sus uniformes y “faltarles al respeto” pueden costar más de 500 euros de media.

Aunque acciones como fotografiar agentes o ponerse sus uniformes todavía se registran como infracción, las multas que más ha puesto la Policía en materia de seguridad ciudadana han tenido que ver con el artículo más polémico: las faltas de respeto a los agentes. En total, se han gestionado 21.122 infracciones de este tipo.

“Las infracciones por ‘falta de respeto’ son un cheque en blanco para los agentes de la autoridad que no saben extenderlos de manera responsable”, opina Gómez. “Puede considerarse una falta de respeto que una ciudadana, por ejemplo, ‘le mire desafiante mientras come pipas’. Nunca se pondrá eso en el boletín de denuncia, pero sí que se insultó al agente”.

Malas contestaciones, miradas y desplantes; pero también imágenes. En 2016, una joven recibió una denuncia, ya archivada, por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B (‘todos los gatos son bonitos’). El agente las confundió con la expresión ‘All Cops Are Bastards’ (‘todos los policías son unos bastardos’) y lo interpretó como un “insulto a la autoridad”.

‘Multas mordaza’

Analizando el mapa de las ‘multas mordaza’, Andalucía es la comunidad líder en las cuatro infracciones más polémicas. De cada 100 personas multadas, 32 tuvieron que pagar por ‘faltas de consideración hacia los agentes’. De hecho, esta también despunta en infracciones por desobedecer a la autoridad (3.413) y tiene el doble de multas por fotografías y uso de uniformes que el resto del país.

En Castilla y León o la Comunidad Valenciana, las multas superan el medio millar, mientras que en las Islas Canarias, las infracciones alcanzan a las de Galicia, Aragón o Extremadura.

La segunda líder del ‘ranking’ es Madrid, con casi dos millares de multas acumuladas por desobediencia y 2.300 por faltas de respeto, un total de 11 infracciones diarias en las calles de la capital.

Aunque aquí las multas por la Ley Mordaza han caído en un 17%, el pasado marzo cerca de 40.000 personas se manifestaron ante el Congreso de los Diputados para pedir a Pedro Sánchez la derogación de la ley, algo que dijo incluir en sus planes durante su discurso en la moción de censura.

Impedir un desahucio, manifestarse frente al Congreso o infraestructuras de servicios públicos son otros motivos de multa que también han resultado polémicos. En diciembre de 2017, la reforma de la Ley Mordaza cumplió un año bloqueada en el Congreso. Todavía sigue así.

Para Eduardo Gómez, el cambio que pide esta ley es “eliminar la presunción de veracidad de los agentes y sustituirlo por el de presunción de inocencia, de forma que se oriente hacia los derechos fundamentales”.

Imagen extraída de Prnoticias

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