Leyes Mordaza y movilización cuidadana: Morir de éxito
Decía Montesquieu que “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Hace unos días, con la aprobación de las Leyes Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal), España profundizó un poquito más en ese tipo de democracia tan nuestra como es la orgánica. Esa carcasa democrática en realidad sirve cada vez más únicamente para dotar de cierta legitimidad al conjunto de leyes punitivas, de corte autoritario, que contiene. Normas que no parecen casar demasiado bien con lo que debería ser un gobierno respetuoso con los derechos fundamentales y las libertades básicas de la ciudadanía.
Desde la entrada en el gobierno de la derecha tradicional, la deriva autoritaria seguida por el mismo ha ido cristalizando poco a poco en una legislación cada vez más restrictiva de derechos tan elementales como la educación, la sanidad, el trabajo o la justicia.
Tanto la “La ley de seguridad ciudadana” como el “Código Penal” son las herramientas más eficaces con las que cuenta un gobierno para llevar a cabo el control social y la construcción de un modelo de convivencia acorde con su criterios morales y políticos.
En mayo de 2011 tuvo lugar el colapso del modelo político perpetrado durante la llamada transición. Las calles y plazas de todo el estado se llenaron de ciudadanos y ciudadanas que, cansados del ninguneo y desfachatez de los políticos profesionales apoltronados en la dinámica de la alternancia del bipartidismo, exigían no ya un cambio político sino un espacio de participación real y tangible en la construcción de una sociedad que se había dejado de percibir como democrática. Sin duda fruto de esa revolución ciudadana es la reciente aprobación de las “leyes mordaza”. Podríamos decir que la movilización que supuso el 15M y todo lo que vino después puede llegar a “morir de éxito”, puesto que lejos de conseguir, al menos de momento, unos cambios legislativos más acordes con lo que deberíamos entender como un sistema democrático, lo que ha generado es una reacción de fuerza por parte del ejecutivo, lo cual en el fondo no es de extrañar si eres consciente de que el actual partido en el gobierno tiene ese ADN autoritario que le impide concebir la calle o el espacio público como un espacio de participación ciudadana y de ejercicio de derecho civiles y políticos. No olvidemos que el fundador del mismo, el Sr. Manuel Fraga, siendo ministro de gobernación, acuño en 1976 la famosa frase “la calle es mía”, para referirse a la represión ejercida por la policía durante las manifestaciones del primero de mayo de ese año. Represión, por cierto, que 2 meses antes se había llevado por delante la vida de 5 trabajadores en una huelga en Vitoria.
No hay nada que asuste más a un político conservador que la ciudadanía organizada y protestando en las calles. Es por ello que, por ejemplo, desde la llegada a la Delegación de Gobierno en Madrid de la Sra. Cifuentes, una de sus prioridades fue siempre impedir a toda costa que volviese a producirse una acampada en la Puerta del Sol, y para ello no ha dudado en hacer uso y abuso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para conseguirlo.
La Sra. Cifuentes, en una suerte de reedición de la famosa frase de Fraga pero tratando de darle un aspecto más amable, afirmó poco después de llegar al cargo, que la ley de reunión actual era “muy permisiva y amplia” y que era necesario “modular el derecho de reunión para racionalizar el uso del espacio público”. Esa “modulación”, a la espera de las reformas legislativas que culminaron hace unos días con la aprobación de las “leyes mordaza”, se ha traducido en 616 personas detenidas en el marco de la protesta ciudadana, desde 2011, unas 1179 han sido sancionadas por la vía administrativa solo en Madrid; se han producido millones de identificaciones aleatorias por parte de la policía, e incluso hay quien ha sufrido prisión provisional.
Las “leyes mordaza” aprobadas suponen un regreso al viejo concepto de “orden público”, alejándonos por tanto del de “seguridad ciudadana” más acorde con lo que debería ser un estado democrático y de derecho. No en vano en la propia exposición de motivos se hace una referencia directa a la Ley de Orden Público de 1870, afirmando que la instrumentación del concepto orden público no puede llevar a desvaloralizarlo. Es decir, se eleva a valor superior el “orden” antes que la seguridad de poder ejercer de manera libre un derecho tan esencial en democracia como es el de reunión y manifestación. Para el gobierno, siguiendo a Goethe es preferible la injusticia al desorden, y para ello se erige en un mero “estado gendarme” propio del concepto clásico del liberalismo decimonónico.
Lo que el gobierno actual propone con estas reformas es una suerte de “estado de excepción” ante el aumento de la protesta y la conflictividad social, y digo conflictividad, no violencia. En realidad es una reforma absolutamente innecesaria y responde únicamente a motivos ideológicos, por lo que no es ni oportuna ni proporcional a la situación social a la que tiene que ser aplicada. El endurecimiento de las sanciones administrativas, la supresión de las faltas en el ámbito penal y el catálogo de nuevas infracciones que contemplan las reformas, es una respuesta ad hoc a lo que ha venido sucediendo con la movilización social desde el pasado 15 de mayo de 2011 y supone un ataque directo a la línea de flotación del “derecho de protesta”.
Todos sabemos que la sociedad española no es especialmente conflictiva. Tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa y como ha reconocido el propio gobierno, apenas un 0´7% de las manifestaciones y reuniones en vía pública acaban en enfrentamientos violentos con la policía. ¿Por qué es necesario entonces hacer una reforma de las leyes represivas del estado?.
Estas reformas legislativas nacen de una profunda desconfianza hacia la democracia ejercida por los ciudadanos, y tienen como único objetivo mantener el control social a través del miedo. Nacen sin acuerdo en el Congreso, y mediante la técnica del “rodillo parlamentario”, con toda la oposición en contra y con el desacuerdo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Convierte en legal lo que antes era ilegal, y sigue siendo contrario a las normativas internacionales, como son las “devoluciones en caliente” de personas migrantes. Se amplía el número de conductas sancionables, dando a la policía un margen más amplio de posibilidades de sanción, respondiendo las infracciones en su mayoría al abanico de acciones de protesta que han venido desarrollando los movimientos sociales en los últimos 4 años. A través del Código Penal se legaliza el trato inhumano que supone la cadena perpetua y se eliminan las faltas, para llevar al ámbito del procedimiento sancionador administrativo determinas conductas, como por ejemplo los “escraches”, que no estaban siendo sancionadas por parte de los jueces, y que a partir de ahora será la propia administración la que actuará de “juez y parte”.
Es una reforma legislativa que se impone también con el rechazo de organismos internacionales tales como los relatores de Naciones Unidas que han urgido a España a retirar tales medidas por considerar que las mismas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos» y «socavan los derechos de manifestación y expresión». El Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, también aseguró en su momento que no cabían dudas de que las devoluciones en caliente legalizadas por el ejecutivo incumplen la legislación de la Unión Europea y de la ONU.
Son todas, sin duda, medidas legislativas de corte ideológico que lo que buscan es imponer el miedo en el ciudadano descontento, percibido este como “enemigo” y receptor último de este tipo de legislación, lo que ocurre es que como dijo Montesquieu (para acabar con quien hemos empezado) cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de hacerse odiar.
EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
Artículo publicado en Dispara Magazine