La Comunidad de Madrid negó a una niña de ocho años un trasplante de médula por ser extranjera. Concretamente, guineana. Un ejemplo más de la exclusión sanitaria que existe en nuestro país desde el año 2012.
Fue con el Gobierno de mayoría absoluta del PP de Rajoy que se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, el cual, junto con la Ley 22/2013, modificó completamente el sistema sanitario español. Pasamos de tener un modelo de cobertura sanitaria universal a sufrir un modelo «de seguros» que, entre otras cuestiones, consolidó la exclusión sanitaria de las personas extranjeras que habitan en nuestro país: cualquier persona de origen extranjero, sin permiso de residencia en España, no tendría acceso al sistema de sanidad de la Seguridad Social, con algunas excepciones (como menores y mujeres embarazadas). La única opción que les quedaba era acudir al servicio de Urgencias.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 aprobó el Real Decreto-Ley 7/2018, llamado «de acceso universal al Sistema Nacional de Salud». Sin embargo, pese a su feliz nombre, esta norma profundizó más en la exclusión sanitaria de lo que hacía la norma del PP, dotando a las comunidades autónomas de excusas para denegar la asistencia sanitaria a las personas migrantes. Y es que esta ley vincula la asistencia sanitaria a la residencia habitual en el territorio español, poniendo un límite mínimo de 90 días de residencia.
Es este marco normativo el que ha posibilitado que esta menor de edad haya sufrido esta discriminación.
Finalmente, el Juzgado de lo Social nº 23 ha dado la razón a la familia guineana y declaraba «el derecho de la demandante a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos, condenando al Servicio demandado a estar y pasar por esta declaración a todos los efectos«.
En un artículo de Público que se ha hecho eco de la noticia, nuestro compañero Juan Rubiño, abogado de la familia , pone el foco en el PSOE y su falta de contundencia a la hora de reformar la ley, no tanto en la gestión de la Comunidad de Madrid y del PP: «Son varias normas las que acogen que todos los niños deben ser atendidos por los servicios sanitarios, y no hace diferencias entre nacionales y extranjeros. Para que tengamos supuestos de exclusión sanitaria de menores es que las normas están disperas y la que debe ser clara no lo es«. Entre otras normas que no evitan este tipo de situaciones, el letrado se fija en un Real Decreto de Pedro Sánchez: «El Real Decreto de Sanidad Universal de 2018 promulgado por el PSOE debería haber sido más claro. Las comunidades entienden este derecho de forma restrictivia y ahora el Gobierno debería reconocer su error y reconocer el derecho de menores y embarazadas, que algunas comunidades establece exclusiones sanitarias«, asevera.
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— Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) November 4, 2022
