Por Aina Díaz, abogada feminista. Publicado en El Salto
Nunca creí que iniciaría un artículo dándole la razón al ministro de Justicia, D. Rafael Catalá.
Y es que es cierto, como indica él, que la pena de nueve años recaída en la sentencia del caso de la Manada es alta.
Sí, créanme cuando les digo que es alta en comparación a lo que estamos acostumbradas las juristas. En España sale barato abusar sexualmente y violar, e incluso matar a las agredidas. Recordemos que el tipo que en los Sanfermines de 2008 mató a Nagore Laffage tras negarse ésta a tener relaciones sexuales con él solo fue condenado a doce años de prisión.
Sale tan barato que las penas aplicadas suelen ser las más bajas posibles, ya no porque haya mil artificios procesales para que ello sea así -algo garantista-, sino porque los tribunales no valoran con corrección la gravedad de la violencia machista.
Y para llegar a la pena primero hay que conseguir pasar la fase de instrucción acreditando que hay indicios de que lo que cuenta la víctima es cierto, cosa difícil si no hay vídeos, testigos o parte de lesiones inmediato. Y luego enfrentarte a juicios donde es habitual que la víctima sea la juzgada en su comportamiento y donde la cuestión probatoria gire más en torno a posibles circunstancias provocadas por la denunciante y a su credibilidad, que en torno a la actuación delictiva del agresor. Justicia Patriarcal lo llamamos.
La sentencia de la Manada refleja dos mundos jurídicos diferentes que se sustentan ambos sobre concepciones sociales y jurisprudenciales machistas y patriarcales.
El problema es que la justicia patriarcal no ve violencia porque no hay golpes y no considera algo violento la introducción de un pene sin consentimiento en tu cuerpo. Eso, señorías y legisladores, es mucho más violento y doloroso que un puñetazo o una patada.
Por nosotras, por nuestras hermanas, madres, hijas, por las generaciones venideras. Juntas y unidas podemos.