El peligro de equiparar a los movimientos sociales con el terrorismo

El pasado 7 de septiembre, como ocurre al inicio de cada curso judicial, el Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz) hizo pública la Memoria que recoge la actividad de la Fiscalía correspondiente al año pasado. La Memoria anual, de 1.464 páginas, contiene datos estadísticos muy interesantes, pero también incluye menciones alarmantes. Por ejemplo, dentro del apartado reservado al terrorismo, menciona al ecologismo radical.

Tras hacer una relación de distintas acciones protagonizadas por activistas y/o científicos, como arrojar agua tintada con remolacha a instituciones, cortes de carreteras, pegarse al marco de un cuadro de gran valor artístico e histórico o pintadas, la Fiscalía señala que «los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente«, pasando «de las habituales acciones reivindicativas de ‘desobediencia civil no violenta’ a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía«. Y menciona explícitamente a algunos colectivos, como Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, como los protagonistas de estas reivindicaciones.

Nuestro compañero Daniel Amelang ha publicado, en el día de hoy, un artículo en el medio digital Público titulado «El peligro de equiparar a los movimientos sociales con el terrorismo». Puede leerse haciendo click aquí

Además, también ha intervenido en el programa nº 115 del podcast antiespecista Lluvia con Truenos para hablar sobre esta criminalización mediática.

Abogado y socio de Red Jurídica Cooperativa. Derecho Penal, Penitenciario y Laboral. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogado especializado en Derecho Penal, Penitenciario y Laboral. Trabajo en el Turno de Oficio Penal y en el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. Miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), de la Comisión Legal del barrio de Lavapiés y de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Tengo nacionalidad estadounidense y española, y soy bilingüe en inglés y castellano.

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