Protegiendo a la Infancia: Defensa Legal y Medidas Innovadoras en la Ley Rhodes

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En nuestro despacho, nos comprometemos con la defensa legal de los niños, niñas y adolescentes (NNA), entendiendo que su protección es esencial. Más allá de un deber, lo vemos como un compromiso tangible que se traduce en medidas específicas para salvaguardarlos de cualquier forma de violencia, ya sea en el ámbito familiar, de género, trata y tráfico de seres humanos, o mutilación genital femenina.

La legislación española, consciente de la gravedad de estas amenazas, ha evolucionado para ofrecer un marco legal robusto. El Código Penal, por ejemplo, castiga de manera firme actos violentos contra menores, considerando circunstancias agravantes cuando la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad.

Ahora bien, es la reciente Ley Orgánica 8/2021, conocida como Ley Rhodes, la que ha llevado la protección de los NNA a un nuevo nivel. Veamos algunas de las medidas clave que esta legislación ha implementado:

  • Medidas Preventivas: La ley garantiza la implementación de campañas de sensibilización para rechazar y eliminar toda forma de violencia contra la infancia y adolescencia. Establece información adecuada para los NNA y profesionales que trabajan con ellos, junto con protocolos y mecanismos para crear entornos seguros e inclusivos.

  • Detección Precoz: Introduce instrumentos que permiten a los propios niños reconocer la violencia y reaccionar ante ella, contribuyendo a una identificación temprana de situaciones de riesgo.

  • Derecho a Ser Oídos: Refuerza el derecho de los NNA a ser escuchados y que sus opiniones sean debidamente consideradas, especialmente en contextos de violencia.

  • Tutela Reforzada: Fortalece la tutela civil, penal y procesal de los NNA como víctimas de violencia, evitando una segunda victimización durante el proceso legal y garantizando la reparación y restauración de sus derechos.

  • Atención Especializada: Implementa medidas para garantizar la atención especial de los NNA en situaciones de especial vulnerabilidad.

  • Coordinación Efectiva: Facilita la coordinación entre diferentes administraciones públicas y profesionales de distintos sectores involucrados en la protección de los NNA.

En la actualidad, la discusión sobre los derechos de niños y adolescentes ocupa un lugar central en el diálogo sobre los valores fundamentales de un Estado democrático. Este debate abarca desde el derecho a la no discriminación hasta la autonomía y su ejercicio en los primeros años de la vida humana, reconociendo la dignidad de la persona como un centro independiente de intereses.

A pesar de voces que cuestionan la autonomía de los niños y adolescentes debido a su supuesta falta de discrecionalidad, es innegable que son titulares de derechos. La capacidad de conocer y ejercer su derecho a consentir o no en circunstancias que les afectan debe ser considerada.

Los menores, aunque vulnerables en ciertos aspectos, no ven desaparecer por completo su autonomía. Esta debe ser reconocida y adaptarse a su edad y madurez, manteniendo un equilibrio entre sus intereses presentes y la salvaguarda de su condición como futuros adultos.

De otro lado, la Ley de Protección del Menor garantiza el derecho a ser oído y escuchado sin discriminación, tanto en el ámbito familiar como en procesos administrativos, judiciales o de mediación. Cuando el menor tiene suficiente madurez, puede ejercitar este derecho por sí mismo o a través de un representante designado.

La madurez del niño, niña o adolescente, definida como la capacidad de entender y querer un acto y sus consecuencias, se evalúa por personal especializado. La ley establece que esta madurez se considera suficiente a partir de los doce años. La consideración de esta suficiente madurez se convierte en un elemento crucial al otorgar valor al consentimiento del menor, especialmente en cuestiones que afectan su salud, vida y otros aspectos fundamentales.

En definitiva, el reconocimiento y respeto de la autonomía y el derecho al consentimiento de niños, niñas y adolescentes son fundamentales en la construcción de un sistema que valora y protege sus derechos en constante evolución.

Abogada y socia de Red Jurídica. Especializada en Derecho Civil, Hipotecario y Familia. Licenciada en Derecho en la UJI con estancia internacional en la Universidad Warmia and Mazury (Olstyn). Titulada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia. Cursé el Máster de Estudios Interdisciplinares de la UAM, el Máster de Abogacía por la UOC y soy Doctoranda en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la UAM. Formo parte de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental y trabajo en español, inglés y valenciano.

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