Cuando Lesly estaba embarazada de seis meses, se dio un golpe que le hizo temer por su salud y la de su bebé. Esta colombiana de 22 años fue al hospital más cercano que tenía, en Palma de Mallorca, donde se negaron a atenderla. Sin empadronamiento, le dijeron, no tenía derecho a esa atención.
Los orígenes de esta discriminación datan de 2012. El Gobierno del PP recortó los derechos sanitarios a inmigrantes irregulares, que solo podían ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad. Cuando el PSOE recuperó el poder, en 2018, uno de los primeros decretos que impulsó buscaba recuperar esta asistencia. Paradójicamente, la norma siguió dejando fuera a miles de personas, incluidas embarazadas y niños, que debían estar atendidos incluso con la regulación anterior.
Hoy, Pablo Linde y Paola Nagovitch han publicado un artículo en El País que explica por qué, jurídicamente, se ha dado un paso atrás en la regulación del derecho a la sanidad universal. Y, para hacerlo, cuentan con la opinión de nuestro compañero Juan Rubiño, abogado de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. El problema viene de un documento de recomendaciones emitido por el propio Ministerio d
e Sanidad en 2019 que mantenía un resquicio burocrático: pide el empadronamiento en España de al menos tres meses antes para el acceso a la prestación gratuita. “Esto no solo deja fuera a los que todavía no llevan ese tiempo y necesitan atención, sino también a quienes llevan más y no lo pueden acreditar”, explica Juan.
Añade que “la Comunidad de Madrid tiene muy pocos recursos y la gestión está completamente saturada”. Como letrado ha defendido varios casos de rechazo de asistencia sanitaria. “El más sangrante”, narra Juan, “fue de una chica de 21 años, solicitante de asilo político, que tenía leucemia. Necesitaba un trasplante de médula que se retrasó dos o tres meses. Se lo llegaron a hacer, pero murió poco después”.
Juan Rubiño asegura que cuando llegan a los tribunales, ganan los casos. “Algunas comunidades hacen una mala interpretación de la norma, es difícil decir por qué motivos, pero niegan el derecho sanitario en un marco que se lo reconoce a todas las personas de forma muy amplia. ¿Por qué? Porque la ley no es clara y lo permite”, razona.
El resquicio legal que deja fuera de la sanidad pública a miles de personas: “Me trataron mal y me dijeron que no me podían atender”https://t.co/6C99Ys2fJg
— Red Jurídica Abogados/as (@laredjuridica) June 15, 2022
El artículo, además, da voz también a las perjudicadas por la exclusión sanitaria, a activistas de Yo Sí Sanidad Universal y a Estefanny Molina, abogada y experta en salud reproductiva en Women’s Link.
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