Hace unos días la Audiencia Provincial de Madrid volvió a hacer gala de la pasividad judicial ante las agresiones policiales, confirmando el archivo de la denuncia de una chica que había sido gratuitamente apaleada por agentes antidisturbios.
En este caso la denunciante en cuestión se encontraba dentro de un bar, donde según los “antidisturbios” se habían introducido algunas personas que había participado en unos altercados anteriores. Lo agentes se colocaron en la puerta del bar haciendo “pasillo”, ordenaron salir a todos los que estaban dentro y según iban saliendo los golpeaban con saña y sin motivo (no detuvieron a nadie). No es que lo diga yo, es que está colgado en Youtube y lo podéis ver en este enlace:
Tales agresiones gratuitas provocaron a la chica numerosos politraumatismos, por lo que considerando que dicha paliza por parte de los policías había sido delictiva y aportando el video que circulaba por la redes, presentó la denuncia correspondiente. Se pidió al juez que hiciese lo posible por identificar a los policías agresores, puesto que se ven lo números de las “lecheras” (en concreto la 1U–70, 1U-72 y 1U-73) y que solicitara a los responsables de ese operativo policial la identificación de los agentes que actuaron ese día, a esa hora y en ese lugar y cualquier tipo de información que tuviesen sobre intervención policial. La jueza solo admitió la declaración de los agentes del 1U-70, los cuales dijeron que ellos no habían hecho nada y que no sabían nada del asunto. Luego seguramente estos señores se fumaron un puro en sus oscuros despachos de la comisaría de Moratalaz.
Por desgracia, como viene siendo tristemente habitual, el juzgado archivó la denuncia sin más trámite, alegando que no se podía identificar a los agresores (muchos no llevan nunca visible el número de placa) y la Audiencia Provincial confirmó ese archivo. Es probable que el jefe del operativo policial remitiese uno de sus puros a los ilustres magistrado de la sección correspondiente de la Audiencia, estos si, con un despacho más luminoso.
Resulta ciertamente desalentador comprobar como en muchas ocasiones los policías, en casos como estos, le toman el pelo de manera descarada a los jueces y encima estos les ríen las gracias.
He visto a ciudadanos enfrentarse a solicitudes de varios años de prisión por un leve forcejo o un inoportuno empujón a un policía; o pasar meses en prisión provisional por un atestado que magnificaba los hechos hasta extremos imposibles. También he visto a policías negar una agresión gratuita a un periodista alegando que él no estaba allí cuando ocurrió, y ello pese a haber sido fotografiado en el lugar y momento de los hechos, pero parapetado tras el casco y sin tener visible su número de identificación profesional. En ese caso el jefe del operativo fue también a ratificar su versión y a acompañarle en la mentira, poniéndole así el sello oficial a la falsedad. Resultado: archivo por falta de identificación del agresor.
Pero no es solo la policía la culpable de la existencia de estas “torturas de baja intensidad”. Lo son también los jueces que no investigan ni condenan las denuncias que se plantean; lo son los fiscales que no solicitan abrir diligencias ante la declaración de un detenido que dice haber sido sometido a tratos vejatorio; lo somos los abogados que no denunciamos todos los abusos que deberíamos denunciar, y lo es la propia sociedad civil que le resta importancia y credibilidad a este tipo de prácticas contrarias al respeto a los derechos fundamentales. ¿Cómo no va a ser importante, en una democracia, que un señor con pistola, porra, esposa y carné del ministerio del interior te pegue porque le apetece?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se cansa de condenar a España por la falta de investigación de los casos de torturas y malos tratos realizados por agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado; y en el mismo diálogo de sordos, muchos jueces españoles continúan mirando hacia otro lado cuando los denunciados por agresiones visten de uniforme, normalmente azul. Lo curioso es que esos son los mismos jueces que no les tiembla el pulso cuando hay que firmar la sentencia que envía a la cárcel a un trabajador que ha participado en un piquete informativo durante una jornada de huelga.
Cuando la Administración de Justicia deja de percibirse como justa, y se convierte en una mera “administración de leyes”, en muchos casos injustas, desproporcionadas e inequitativas, es que ha llegado el momento de cambiar de leyes y de administración de Justicia. Es que ha llegado el momento de cambiar las bases de la sociedad. Seguimos…
EDUARDO GÓMEZ CUADRADO
